Por S. L.

La gestión de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción (OA)fue blanco de críticas desde el inicio, dado que el puesto, que se supone contralor del fraude en el Gobierno, pasó a estar en manos de una de las voces mediáticas más aguerridas del PRO. Un dato demostrativo de la predilección del presidente Mauricio Macri por personalidades como la de la licenciada en Ciencias Políticas Alonso fue que debió ser modificada la normativa que exigía que el cargo de jefe de la OA fuera ejercido por un abogado.

El contrasentido de que una representante del macrismo duro ocupe la silla de Anticorrupción quedó demostrado en el ya célebre tuit cuando los Panamá Papers hicieron pública la trama de sociedades offshore integradas por el Presidente y una docena de sus colaboradores. “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, se apresuró la funcionaria a advertir en la red social a las 17.42 del mismo domingo 3 de abril de 2016, a escasas horas de la primera divulgación, cuando primaba el desconcierto ante la avalancha de datos comprometedores. 

Otras intervenciones más institucionales de la oficina de Alonso, en tándem con la Unidad de Información Financiera, fueron para informar a la Justicia federal que no observaba indicios delictivos en los giros a una cuenta del titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por parte de un “doleiro” contratado por la brasileña Odebrecht para pagar coimas; o para deslindar responsabilidades de Macri en las empresas panameñas, lo que contribuyó a la desactivación relámpago de ambas causas

Semanas atrás, la OA advirtió al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que no podría recibir ninguna remuneración excepcional de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que no fueran sueldos regulares atrasados. Cuando ello se hizo público, Etchevehere, quienes un principio había informado que el premio de 500.000 pesos pagado por la SRA obedecía a diferencias de ingresos en su nueva función, pasó a decir que se había tratado de haberes atrasados como titular de la gremial terrateniente. El giro no mereció ninguna actuación adicional de la OA, según lo informado. Tampoco hubo avances en la investigación por la inversión de la Anses en un fondo creado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. 

En cambio, la Oficina se mostró activa en las denuncias contra funcionarios del kirchnerismo, e incluso logró ser querellante en varios expedientes. Uno de los signos recientes de la actuación de Alonso fue la amenaza de solicitar el juicio político del juez federal Sebastián Casanello por no indagar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero de parte del empresario Lázaro Báez. “Si el juez no quiere ver esto (la participación de la ex presidenta en el lavado de dinero), que lo vemos todos, lo tendrá que explicar ante las autoridades y ante el Consejo de la Magistratura en algún momento”, dijo el anteúltimo día de 2017.