La muerte de Mónica Madelein Garnica Luján, la joven prendida fuego el 24 de diciembre por su pareja, Miguel Angel Saracho, un violento ahora con prisión preventiva que mantuvo siempre bajo amenaza de muerte a ella y a sus hijos de 2, 4 y 7 años, finalmente será caratulada como homicidio triplemente calificado por el vínculo, por el contexto de violencia familiar y ensañamiento. Las quemaduras en el 55 por ciento del cuerpo que le provocaron la agonía y comprometieron órganos vitales, son un alerta inaugural de este 2018 en el que ya se registraron 13 femicidios, de los cuales el 90 por ciento fueron cometidos por varones del círculo íntimo o conocidos de las víctimas.

Mónica no fue la única mujer arrasada por las llamas: en Tucumán, Noemí Juárez fue quemada, descuartizada y enterrada en el fondo de su casa por el novio de su madre; en Misiones, un grupo de hombres asesinó, arrojó a un pozo y prendió fuego a Asunción Neris. En Rosario, Débora Mansilla murió por las quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo que le causó su pareja y en la misma ciudad hallaron el cadáver calcinado de María del Rosario Vera en un contenedor de basura. Un policía quedó detenido como instigador del crimen. 

“Este es un momento crítico para la vida de las mujeres”, advirtió la abogada Claudia Perugino, que representa a la familia de Mónica. “Están muy solas a la hora de denunciar y de sostener la defensa de su derecho por una vida libre de violencias. Pero el deterioro generalizado de la situación laboral y económica en estos últimos años conspiró todavía más contra la determinación de romper el círculo de las violencias de género, sexuales y familiares. Sucede que cuando el Estado se retira, todas las situaciones que vulneran las vidas de las mujeres se agravan.”

A nueve años de sancionada la Ley 26.486, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, es poco y nada lo que se avanzó. No existe un registro nacional de sistematización y seguimiento de femicidios ni un plan nacional de acción, prevención, asistencia y erradicación de las violencias. La mayoría de los artículos reglamentados en la ley no se cumplen por falta de coordinación entre jurisdicciones; no hay suficiente capacitación judicial ni policial con perspectiva de género, el presupuesto nacional es mísero y faltan organismos institucionales que apliquen protocolos de seguridad, atención y acompañamiento médico, psicológico y económico para las víctimas y sus hijxs. Y a esta altura está más que probado que la tercerización de esas obligaciones medulares del Estado en diferentes Ong no sólo es insuficiente sino que es incapaz de dar respuestas efectivas a niñas, adolescentes y mujeres de todo el país.

Los 13 femicidios registrados en la primera quincena del año por el Observatorio de la violencia contra las mujeres Ni Una Menos, del Movimiento MuMaLá, se suman a los 298 de 2017 que incluyen femicidios vinculados. En el 44 por ciento de los casos se trató de mujeres de entre 21 y 40 años, mientras que el 65 por ciento de los agresores tiene entre 21 y 60 años. El 52 por ciento de las víctimas eran madres y el 47 por ciento vivía con su agresor. “Las cifras de femicidios no disminuyen y dan cuenta de la falta de prioridad política asignada por el gobierno de Mauricio Macri a terminar con la violencia hacia las mujeres en nuestro país, hecho que se evidencia una vez más con la ausencia de partida presupuestaria destinada específicamente para 2018”, manifestó la presidenta del Observatorio, Raquel Vivanco. “El 18 por ciento de las víctimas asesinadas durante el año pasado habían realizado denuncias previas contra sus agresores y el 12 por ciento tenían medidas de protección dictadas por la Justicia, lo que habla de la desidia del Estado en su conjunto. Todas esas muertes se podrían haber evitado.”

Mónica Garnica Luján era una joven migrante boliviana jefa de hogar, vendedora de especias en la feria de Quilmes y estudiante de Instrumentación quirúrgica en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde sus compañeras y docentes la  acompañaron y ayudaron hasta último momento, y siguen asistiendo a sus padres, que quedaron a cargo de los tres nietos. De Miguel Angel Saracho puede decirse que no trabajaba ni estudiaba, que vivía de su mujer y que dedicó todos estos años a despreciarla, gritarle y pegarle delante de los niños. El más grande solía relatar a sus abuelos que “mamá y papá juegan a los golpes”.

Pesa una denuncia por violencia doméstica en la Comisaría de la Mujer de Berazategui que realizó Mónica y que será presentada como prueba contra Saracho en cuanto se confirme la fecha del juicio oral. Hasta el fallecimiento, ella armó en soledad su resistencia y la protección de sus hijos-rehenes en la imposibilidad económica de empezar una nueva vida. A su alrededor sólo hubo silencio. De los vecinos que preferían no meterse en cosas ajenas, de la madre de él, que vivía en la casa de adelante;  de Giovanna, la madre de Mónica, que dejó de visitarlos porque él la trataba mal, y temerosa atinaba a decir “separate hijita”, cuando la joven iba a visitarla con un ojo morado y los brazos amoretonados. “Yo le preguntaba qué pasó y ella decía que habían peleado. Ni mi marido ni yo imaginamos que iba a terminar así.” A la Moni la escuchaban gritar muchas veces al día pero las redes, esos hilos imprescindibles que sostienen, rescatan y escrachan para descorrer velos, no llegaron a tramarse. 

“Las mujeres de los barrios populares están desamparadas a la hora de defenderse, sin las instituciones a su alcance o sin voces comunitarias que las acompañen. Se necesita una línea telefónica para todo el país, con equipos móviles interdisciplinarios que vayan adonde se encuentran las víctimas y las acompañen en el recorrido que inician”, remarcó Perugino. “Y patrocinio jurídico gratuito, que tampoco se implementó y en la provincia de Buenos Aires directamente no existe. Sin esas herramientas es imposible que la mujer active e impulse su denuncia en soledad.” Sólo por dar un ejemplo, en Lomas de Zamora funciona una comisaría de la Mujer para un millón de habitantes. Una persona que vive en Cuartel Noveno tiene que tomar por lo menos tres colectivos para llegar a la dependencia y radicar una denuncia por violencia familiar; las que son por violencia sexual ni siquiera se toman. “Podés hacer leyes, pero si no se acompaña el proceso de la denuncia cuerpo a cuerpo desde las instituciones, es imposible salir de la encerrona. Por eso la violencia machista hoy se llama Mónica Madelein Luján.”