El Gobierno nacional pidió por escrito a los responsables internacionales de las pruebas PISA que dejen afuera a la Argentina con el argumento de los supuestos errores metodológicos cometidos por la gestión anterior y solicitó que fueran validadas solamente los resultados de la ciudad de Buenos Aires. Así lo revelaron ayer el ex ministro de Educación Alberto Sileoni, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y otros gremialistas y referentes educativos, que mostraron la comunicación que prueba la operación oficial para desacreditar los datos que mostraban el avance del sistema educativo argentino durante el kirchnerismo.

“Es una clara campaña contra la educación pública. No tapan el resultado de una gestión, sino que ocultan la situación educativa real del país”. Así explicó Sileoni el pedido del gobierno actual a las autoridades que elaboraron las pruebas PISA 2015 para que no se revelen los datos de la última evaluación realizada. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Sileoni brindó una conferencia junto con Yasky, gremialistas docentes, ex funcionarios y académicos para detallar los motivos de la exclusión argentina en la prueba internacional. El país obtuvo su mejor resultado educativo en las PISA 2015, los exámenes estandarizados que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cada tres años a sus países miembros. Sin embargo, quedó fuera del ranking global.

Del panel también formaron parte la decana de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade; Roberto Baradel, secretario general del Suteba

“La intención fue instalar una polémica sobre la posible manipulación de la información –explicó Sileoni–. Esto se produce porque los resultados de las pruebas PISA nacional mejoraron y frente a ello, instalan dudas respecto a la transparencia de la muestra. Es insólito porque incluso la máxima autoridad de la OCDE (Andreas Schleicher) aseguró que no existían evidencias de una manipulación intencional de las muestras”.

“Los resultados arrojaron un incremento nacional del 25 por ciento en promedio de las tres áreas disciplinares que se evalúan. Esta mejora es el producto de políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo, la ley de Educación Nacional que establece tres años más de obligatoriedad de educación secundaria superior, el Fondo para Escuelas Técnicas, el Plan Conectar Igualdad, políticas de reingreso a población no escolarizada, entre otras cosas. Con estos datos, no pueden hablar de ‘pesada herencia’ educativa, por eso esta decisión de funcionarios nacionales de hacer caer la muestra”, comentó a PáginaI12, luego de finalizar su exposición el ex ministro de Educación.

Por su parte, Yasky, dirigente de la CTA y presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, remarcó “la barbaridad de la maniobra estatal para desestimar los resultados del examen internacional”. “Acá hay una visión que el país está destruido, que debe cambiarse totalmente. La mejor universidad pública de América Latina, los mejores salarios docentes de la región, existen muy a pesar del gobierno actual”, sintetizó Yasky.

Un aspecto metodológico generó el contrapunto entre los responsables nacionales de realizar las pruebas PISA 2015 y la OCDE. Desde el organismo internacional argumentan que hubo una reducción del número de alumnos en el marco muestral que impediría una correlación con las estadísticas anteriores y por ende, la incapacidad de ser comparada con los otros países. Luz Albergucci, ex directora de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación, expuso que “cuando se envió la información a la OCDE sobre la cantidad de estudiantes de 15 años y de las escuelas, se tomaron los datos del Relevamiento Anual de 2013, es decir, de dos años atrás sin hacer una estimación de matrícula actualizada, en un proceso de reforma educativa”. Albergucci remarcó que “PISA aceptó el marco muestral enviado” y agregó que pese a la reducción de colegios, la “muestra que se tomó en la prueba es representativa de las escuelas secundarias del país, respecto de indicadores de repitencia, abandono y promoción”.  

Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre del 2015, la evaluación estandarizada PISA –que se realiza en 73 países– midió, en 249 escuelas del país, el conocimiento de los alumnos de 15 años de edad a partir de tres disciplinas: matemática, lectura y ciencia.

En la jornada se exhibió un intercambio de mensajes entre los representantes actuales del Ministerio de Educación y Deporte con autoridades de las PISA en los que los funcionarios nacionales solicitan a la OCDE “un comunicación oficial que mencione que la muestra nacional de Argentina no cumple con la normativa (…) y por eso, es necesario que los resultados de Argentina no sean accesibles al público”.

El informe denominado “Precisiones Técnicas sobre PISA 2015” expone que la petición de la gestión actual no sólo consistió en ocultar el rendimiento nacional sino remarcar la supuesta correcta aplicación en la Ciudad de las PISA: “La muestra de CABA no presenta problemas y cumple con los estándares de calidad técnica. Solicitamos que los resultados de PISA 2015 sean analizados en base a la muestra de esta jurisdicción”. Llamativamente, el último rendimiento de la Ciudad de Buenos Aires, de una prueba a la otra, representó la mayor variación (50 puntos) en una disciplina en todos los antecedentes históricos de las PISA, ya sea la valorización de ciudades o países. El propio ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, que antes lo fue de la ciudad, admitió que los alumnos fueron “sensibilizados” sobre los temas de la prueba antes de la evaluación.

“Es un escándalo compartido entre la OCDE, el Estado y medios masivos de comunicación –consideró Baradel–. Se sabe la posición negativa que tenemos acerca de esta evaluación, pero acá se comprueba que toda esta movida para que Argentina esté fuera del ranking tiene como fundamento un ataque a la educación pública. A partir de la deslegitimación, lo mismo que sucedió en los noventa, se intenta segmentar y privatizar la educación”.

Marina Paulozzo, una de las pedagogas que participó del panel, remarcó que “este conflicto técnico y político olvidó el actor principal de estas evaluaciones: los chicos que dieron el examen”. “Los pibes de 15 años, que en otras ediciones entregaban en blanco este examen, representaron al país y se esforzaron para que salga bien la prueba. Nadie se acercó para decirles que les fue bien”.

Informe: Jeremías Batagelj.