Desde Río de Janeiro

 

Dos días después de que un trío de magistrados de segunda instancia no solo confirmase la condena recibida por Lula da Silva en la primera –y más: aumentando su sentencia de nueve años y medio para doce años y un mes–, el instituto DataFolha, vinculado al diario Folha de S. Paulo, que puede ser acusado de todo, excepto de ser simpático con el ex presidente, realizó una encuesta electoral.

El resultado confirmó lo previsto: Lula no solo preservó su favoritismo absoluto, sino que aumentó su ventaja, acorde a la simulación de enfrentamiento con tal y cual adversario. Y más: en caso de que efectivamente sea inhabilitado para disputar las elecciones de octubre, 27% de los entrevistados admiten que “casi seguramente” votarían por una candidatura respaldada por él, mientras que otros 22% dicen que “muy probablemente”.

Lula oscila, según la simulación de adversarios, entre el 34 y el 37%. Su más directo competidor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, un militar retirado que defiende a la última dictadura (1964-1985) y la tortura, oscila entre 16 y 17%. En cualquier simulación de segunda vuelta, Lula arrasa. 

Hay más: en caso de que Lula no pueda presentarse, un total de 36% del electorado consideran adoptar tres posiciones: votar en blanco, anular el voto o simplemente abstenerse. La diferencia entre ese grupo y el total de entrevistados que sí, optarían por algún otro nombre, es muy pequeña: 39%, o sea, una distancia que se sitúa dentro del llamado “margen de error”, que es precisamente de 3%.

Sin Lula, y contrariando las previsiones más alarmistas, Bolsonaro no crece tanto: a lo sumo, dos puntos. 

Quien sí lo hace son un candidato de izquierda, Ciro Gomes, y la evangélica ambientalista Marina Silva. Él conquista cinco puntos. Ella, cuatro. Se acercan a Bolsonaro, pero todavía a significativa distancia. 

De los nombres presentados en las diversas versiones de la encuesta, aquellos vinculados al actual gobierno, como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del derechista DEM (por Demócratas, ¡vaya incongruencia!) o el actual ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, alcanzan solamente el uno por ciento de declaración de voto. Y el nombre ungido por el PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, el actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, roza los 8%.

Dos puntos se confirman. El primero: los golpistas que derrumbaron por una farsa en el Congreso a la presidenta Dilma Rousseff y entronizaron a Michel Temer y su pandilla de corruptos no tienen un nombre viable, en términos electorales, para ofrecer al distinto público. Tienen fuerza suficiente para retroceder décadas de conquistas sociales. Pero no para elegir a alguien de confianza para preservar la destrucción.

Segundo: por más que de aquí a octubre se desgaste la influencia de Lula, y por más frágil, en términos electorales, que sea el nombre apoyado por él y por el PT, el expresidente tendrá fuerte influencia.

Si se considera que Lula da Silva padeció y padece los efectos de la más implacable e incesante campaña de todos los grandes medios de comunicación brasileños, con énfasis en la televisión, y al mismo tiempo es blanco de una campaña muy claramente orquestada por los tribunales, observar cómo él preserva le amplia preferencia del electorado es asombroso. Esa circunstancia justifica los temores de que no solo lo lleven a la cárcel, como que la misma elección está en riesgo.

Sería la culminación de una formidable secuencia de absurdos que configuran la farsa político-mediática-judicial que se desarrolla frente a la omisión clarísima de los mecanismos constitucionales supuestamente instalados para impedir abusos y arbitrariedades.

Un dato al margen: pese al rigurosísimo bloqueo de los medios hegemónicos de comunicación, la opinión pública empieza a darse cuenta de que algo raro le pasa a los tribunales cuando tratan al expresidente. El juez de primera instancia Sergio Moro, por ejemplo, incensado y loado día sí y el otro también por la prensa, vio aumentar su reprobación en sondeos y encuestas de opinión pública. Si hace un año el casi 70% de los entrevistados lo apoyaban, ahora el índice bajó a 53%.

Una iniciativa de Moro puso en claro la fragilidad de su criterio de equilibrio y justicia, y hasta qué punto llega su saña persecutoria.

Como se recordará, Lula da Silva fue condenado en primera y segunda instancia por haber recibido como coima un departamento en un balneario un tanto cursi de la constructora OAS. 

La única prueba –única– fue la palabra del ejecutivo de la constructora. Ningún papel, documento, nada de nada.

Hace dos días, el ínclito juez Moro determinó que el inmueble en cuestión sea llevado a subasta pública. Y que el monto que se obtenga con la venta sea destinado, en caso de que se compruebe el negociado, a indemnizar a la supuesta víctima, la estatal Petrobras.  En caso de que no se compruebe, el dinero deberá ser destinado a la constructora OAS o –atención: ‘o’– a Lula da Silva. Ese ‘o’ expone el absurdo de la farsa. 

Al fin y al cabo, si el mismo juez no sabe a quién destinar lo que se obtenga en la subasta, ¿cómo condenó al ex presidente, quien a propósito siempre rechazó ser propietario del piso, que sigue registrado como de la constructora?

El país de los absurdos sigue a la deriva, rumbo al naufragio.