medios y comunicación
Libertad de prensa en Colombia
Washington Uranga presenta un diagnóstico muy pesimista sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia, elaborado por la Fundación para la libertad de prensa (FLIP).

La Fundación para la libertad de prensa (FLIP) formuló un diagnóstico muy pesimista en su “Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2017”. En el documento se afirma que durante al año anterior “los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura” y se argumenta que  “casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión”. Ahondando en el diagnóstico la organización colombiana asegura que “la violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas; la violencia estatal y letal contra periodistas; las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este ‘Estado depredador’ de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre”.

La FLIP es una organización no gubernamental que hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen la libertad de expresión sobre asuntos de interés público. Además, promueve la libertad de expresión y el acceso a la información.

Mediante su trabajo de investigación la organización colombiana documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas, lo que representa un aumento del 43,5 por ciento con respecto al número de agresiones producidas el año anterior. También se denuncia la existencia de “zonas silenciadas”, entendiendo por estas “municipios en los que no hay medios que tengan informativos locales o si los hay estos no cubren todo el territorio”. Para la FLIP el 29 por ciento de la población que vive en 21 departamentos (sobre un total de 32 en todo el país) “no tiene acceso a suficientes medios de comunicación que le informen sobre asuntos locales”.

El informe, que además denuncia el asesinato de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Castillo el 8 de octubre pasado mientras se encontraba cubriendo una protesta que derivó en represión, hace también un señalamiento de los responsables de la situación. “Este informe ve el paisaje de medios del país como un terreno escabroso en el que se asoman muchos predadores, los más voraces vienen del Estado y uno de los más nocivos ha sido su principal representante, el presidente Juan Manuel Santos”, a quien la FLIP señala como uno de los principales “depredadores” de la libertad de expresión en Colombia. El documento dedica un capítulo especial al Presidente colombiano bajo el título “Juan Manuel Santos: el presidente-periodista que traicionó a la prensa” donde se dice que a poco de finalizar su mandato “deja escasos logros frente a la libertad de prensa y por el contrario termina con numerosos pecados”.

A la hora de analizar las causas de la situación se insiste en que “el problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores”. Porque, dice la FLIP, “hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos”.

Porque, se afirma, “si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población”.

El texto incluye también una denuncia contra las fuerzas de seguridad, acusadas de reprimir a los periodistas con palos, bombas de estruendo y armas no letales “al menos en quince protestas sociales”.