Un fallo ordena indemnizar al trabajador de un instituto privado
Prohibido despedir por gremialista
El profesor fue cesanteado de una institución educativa privada tras afiliarse al sindicato. La jueza Deco consideró que debe recibir un resarcimiento por "discriminación" pero no lo repuso en el empleo. Es un "antecedente histórico".
El dirigente de Sadop, Martín Lucero, celebró el fallo y confió en que siente precedente.El dirigente de Sadop, Martín Lucero, celebró el fallo y confió en que siente precedente.El dirigente de Sadop, Martín Lucero, celebró el fallo y confió en que siente precedente.El dirigente de Sadop, Martín Lucero, celebró el fallo y confió en que siente precedente.El dirigente de Sadop, Martín Lucero, celebró el fallo y confió en que siente precedente.
El dirigente de Sadop, Martín Lucero, celebró el fallo y confió en que siente precedente. 
Imagen: Andres Macera

Un fallo laboral, calificado como "antecedente histórico" desde el sindicato de los docentes privados Sadop, ordena a un instituto indemnizar "por discriminación" a un profesor despedido por activismo gremial. Así lo resolvió la jueza laboral Nº 10, María Andrea Deco, que condenó a la Fundación Educativa del Interior (TEC) -gestora del TEC-, de Entre Ríos al 200, cuyo dueño despidió al docente luego de que este se afiliara al sindicato para reclamar el cumplimiento de derechos laborales que le eran negados por la patronal. El demandante pedía también recuperar su puesto de trabajo, pero la magistrada no hizo lugar por considerar que el empleador tiene el derecho de tomar a su personal. Martín Lucero, secretario general de Sadop celebró la resolución judicial sobre la indemnización y se esperanzó con que se aplique en otro caso que está en trámite. "Es un precedente importantísimo e histórico en la provincia, para la docencia privada", dijo el gremialista.

José Agostini empezó a trabajar para el instituto TEC en abril de 2013. Sin embargo, la patronal lo tenía inscripto desde junio. Otra irregularidad es que trabajaba 10 horas semanales, y no 4, como figuraba en las planillas. En la presentación judicial, también hizo saber que la institución no abona las vacaciones y el pago del aguinaldo lo hace fuera de término.

Según relató el trabajador "su salario ‑al igual que el de todo el

personal‑ era abonado en efectivo, pese a la normativa legal que obliga a la patronal a abonar las remuneraciones por cuenta sueldo", reza la denuncia. También se quejó porque la patronal tenía "una actitud sumamente autoritaria y poco respetuosa de los derechos de sus trabajadores"; y agregó que "en el establecimiento no se permitía la afiliación sindical, y los trabajadores no podían efectuar ninguna clase de reclamo, bajo la pena máxima de despido".

En su relato, sostuvo que en agosto de 2013, "una inspección del

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe produjo la agravación del conflicto ya que como consecuencia de ella la demandada intentó forzar al personal docente a que firmen los recibos de sueldos por los meses de enero, febrero y aguinaldo, que jamás fueron abonados y que les fueron exigidos por el Ministerio". Desde entonces, los trabajadores comenzaron a movilizarse "en pos del cumplimiento de sus derechos, tomando contacto con Sadop, a fin de conocer sus derechos laborales e instrumentar sus garantías sindicales".

Así, los docentes elaboraron un documento reclamando derechos laborales que no eran respetados por la patronal. Tenía 31 firmas. El demandante "no solo impulsó esta iniciativa, sino que participó activamente en su redacción e invitó al plantel docente a que firme la nota". Sin embargo, cuando la delegada de la institución quiso hacer entrega del planteo al directivo Julio de Hoop, éste "se negó a recibirla".

El trato que denunció a partir de ese momento fue de "hostilidad con el personal que movilizaba a sus compañeros para obtener mejores condiciones de trabajo". El 27 de febrero de 2014, le comunicaron el despido. Lo mismo sucedió con tres compañeros. "La razón fundante es una clara maniobra intimidatoria y sancionatoria para aquellos que postulen el respeto a sus derechos laborales y afiliación sindical dentro del establecimiento", denunció, sobre lo que ahora la Justicia consideró "discriminatorio".

Desde Sadop, Lucero recordó que la situación comenzó en 2013, cuando un grupo de docentes comenzó a reclamar regularización de varias cuestiones. "Varios de ellos se afiliaron al gremio y se decidió despedir a cuatro trabajadores en función de su actividad. (El denunciante) no era delegado, ni tenía fueros; era un trabajador común, más allá de que se afilió en medio de ese conflicto. Que se haya hecho lugar a esta demanda nos deja un antecedente claro hacia el futuro para el caso de activismo gremial o reclamo de derechos. Es un antecedente histórico en la provincia y estamos investigando si hay alguno en el país", dijo. Y destacó que la causa es "anterior a la ley contra los despidos arbitrarios que salió hace dos años. Este fue uno de los antecedentes usados para impulsar la ley".