Una megaobra que amenaza el hallazgo de desaparecidos

Páginai12 En Colombia

Desde Medellín

El río Cauca, uno de los más importantes de Colombia, recorre 1300 kilómetros desde la región andina hasta el Caribe. Sus aguas profundas han sido por décadas el manantial de vida y trabajo de millones de campesinos: minería, pesca, y todo un entorno biodiverso que, por el abandono del Estado y los años más oscuros de la guerra, también se convirtió en escenario de muerte. Durante décadas de barbarie los cuerpos de hombres y mujeres asesinados fueron arrojados a las aguas del Cauca. Y, como ocurre también con el río Magdalena, son comunes los relatos de los lugareños que fueron encontrando cuerpos a los cuales los mismos campesinos dieron entierro; o a los cuales no pudieron sino verlos correr por orden de los grupos ilegales que en ciertos sectores y épocas les prohibieron rescatarlos. Por eso y por el deterioro medio ambiental las comunidades se oponen a la inundación del cañón del Cauca en la etapa final de HidroItuango, el proyecto hidroeléctrico más ambicioso de Colombia y América Latina que albergará 20 millones de metros cúbicos de agua en una presa de 225 metros de altura, y que tomó como principal escenario el río Cauca. 

 Su construcción comenzó en 2010 y, desde entonces, las escándalos por las vulneraciones a los derechos humanos que sufren los campesinos son abundantes.  Actualmente, la organización Ríos Vivos –algunos de cuyos líderes han sido asesinados o protegidos con escoltas ante las amenazas desde que inició la megaobra y éstos sus denuncias– está solicitando a todas las dependencias del Estado involucradas en HidroItuango que el cañón no sea inundado hasta tanto no sean buscados exhaustivamente los cuerpos de centenares de desaparecidos que estarían todavía en el cañón. Exigen sus derechos a la Verdad, la Justicia, la reparación y su dignidad como víctimas estén en primer lugar antes que los intereses económicos de la clase política y empresarial que, desde hace más de 40 años, se propuso que en 2018 Antioquia tendría la generadora de energía más grande del país. 

 Isabel Cristina Zuleta, la ambientalista nacida en Ituango y desplazada de allí por paramilitares, hoy líder de la organización Ríos Vivos, asegura que el proyecto HidroItuango tiene una “relación histórica con el conflicto y el “vaciamiento” del territorio”. Tras las masacres y horrenda incursión paramilitar en los años ochenta, justo cuando la Asamblea de Antioquia firma una ordenanza para iniciar la millonaria hidroeléctrica, la gente salió huyendo. Estos situaciones, según Isabel Cristina, “facilitaron la entrada y consolidación del proyecto. Hay coincidencia entre los momentos más destacados de este proyecto hidroeléctrico con los más fuertes en términos del conflicto armado… Asimismo, el Proyecto se beneficia del conflicto armado y de la violación de derechos humanos pues éstos significaron además de menos comunidades en el territorio, menos oposición, y menos gente a quien compensar”.

 La gran central eléctrica que se apropió del tesoro por décadas cuidado por los campesinos –el agua y las montañas del Norte de Antioquia– sería inaugurada a finales de este año. Por eso la inundación del cañón en los 12 municipios de influencia donde ya fueron desplazadas miles de personas y poblados enteros desaparecerán, está cada vez más cerca, aumentando la preocupación de quienes creen que sus seres queridos desaparecidos podrían estar en este enorme cañón. De acuerdo con registros del observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1978 y 2016 en los doce pueblos que afecta HidroItuango se han registrado 621 casos de desaparición. Por su parte, el Registro Único de Víctimas reporta 342 casos en los mismos municipios hasta noviembre de 2017. 

 PáginaI12 pudo conocer un documento inédito que confirma que en el cañón del Cauca fueron exhumados 159 cuerpos por la Fiscalía General de la Nación. El trabajo silencioso de los antropólogos se realizó tras las exigencias realizados por los defensores de Derechos Humanos a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) que solicitó al ente estatal iniciar la búsqueda. Esta se inició, según el documento que conoció este diario, a mediados de 2014 “en cumplimiento de directrices emitadas por la Dirección de Justicia Transicional” pero la comunidad y grupos de abogados y ambientalistas que acompañan los campesinos solo se enteraron de que sí se habían logrado desenterrar cuerpos a finales del año pasado, durante una reunión. Ante la negativa de EPM de brindarles información sobre el tema, el Colectivo de Abogados José Alvear solicitó a la Fiscalía los datos y en respuesta se detalla que en 2014 Empresas Públicas solicitó a la Fiscalía la prospección de un kilómetro del río en un tramo seco. 

 En cuanto buscaron, encontraron, tal como aseguraban los campesinos desde el inicio de las obras. También se exhumaron los cuerpos de los cementerios de los poblados de Orobajo y Barbacoas, los cuales tendrán que ser trasladados por el inicio del megaproyecto. En total, la Fiscalía halló y exhumó 159 cuerpos en los doce municipios, con el pueblo de Ituango encabezando el mayor número de cuerpos encontrados con 91 casos. Allí la guerra entre Farc y “paras” escaló hasta niveles inhumanos realizando masacres y asesinatos colectivos que involucran incluso al ex presidente Alvaro Uribe Vélez, a quien hace dos semanas le iniciaron una nueva investigación por la Masacre de El Aro. Del los 159 cuerpos rescatados, van 84 identificados y entregados, y exactamente eso es lo que esperan los familiares de los centenares más que aún no son exhumados. “Lo más preocupa es que no se siguen buscando ni hay voluntad de continuar buscando a los demás desaparecidos, además de la pérdida de los medios de vida, la memoria y la cultura de las comunidades campesinas”, asegura Isabel Zuleta. 

 Ríos Vivos ha solicitado a EPM, a la Fiscalía y las autoridades que continúe la búsqueda de los desaparecidos y a la Fuerza Pública que respete los derechos de los campesinos que siguen habitando el área de influencia de HidroItuango. Recientemente, ante las protestas de los campesinos en el municipio de Sabanalarga, la Policía y el Ejército respondieron por la fuerza y además un líder fue amenazado, según denuncia Ríos Vivos, por un funcionario de las obras empleado de Refocosta, una empresa contratada por EPM. Las protestas, además de exigir que no inunden el cañón, piden al Estado que cumpla con los escenarios de diálogo que la Constitución colombiana dispone para realizar este tipo de intervenciones. El Colectivo José Alvear y Ríos Vivos aseguran que las audiencias programas y obligatorias con la ANLA (Agencia Nacional Ambiental) han sido incumplidas a lo largo de 2017. También aseguran que la actitud de EPM ha sido hostil y hermética, pues no responde ante sus solicitudes. PáginaI12 intentó lograr una entrevista con esta ésta, la compañía de servicios públicos más importante del país, pero su respuesta fue negativa. 

 Para los defensores de derechos humanos y una misión internacional que incluyó a una abogada argentina de la familia de Santiago Maldonado, que visitaron las poblaciones en enero, la vida y la integridad de los campesinos está en riesgo constante por HidroItuango y se hace urgente que se detenga la inundación. Cuando entre en marcha, la megaobra generará más de 13 mil GWH de energía anual que EPM aspira a exportar a toda América Latina y quizá Estados Unidos, y así empezar a recuperar los más de 21 millones de dólares que han invertido e invertirán los diversos accionistas. Por su parte, el daño ambiental y humano no tendrán reversa.