El informe “La Ciudad en deuda” analiza ejemplos en los que fondos provenientes de la deuda adquirida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que eran para obras de infraestructura alimentaron negocios de carácter privado. Por ejemplo, en 2010 se emitieron 300 millones de dólares de deuda para obras de extensión de las líneas A, B y H del subte. Pero, como no estaba lista la licitación para las obras, los fondos se afectaron durante 4 meses a la compra de letras del tesoro nacional y a un depósito a plazo fijo en el Banco Ciudad “a una tasa de interés anual muy inferior a la que devengan los bonos, lo que generó altísimos costos financieros y años de demora en la finalización de obras de subte”. Además, los bonos “se emitieron en la tasa fija anual más alta jamás pagada por la Ciudad” (12,5 por ciento), y se pagaron comisiones por 10 millones de dólares, lo que dio origen a una denuncia penal “en virtud de la ‘generosidad’ mostrada por el gobierno con los sectores financieros”.
En un caso con elementos comunes, en 2013 se aprobó un endeudamiento por 260 millones de dólares para la construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, entre otras obras. En 2014 la Ciudad obtuvo el financiamiento, pero como, nuevamente, la licitación para la construcción no estaba finalizada, el gobierno redireccionó dichos fondos a un anticipo financiero de 1312 millones de pesos a las empresas ganadoras de la nueva licitación del servicio de higiene urbana para la compra de camiones de recolección. “Es decir que se aplazó la concreción de una obra fundamental para la política de reducción de residuos, en beneficio de las empresas recolectoras”, asegura la investigadora Camila Baron.
El peso de los intereses de la deuda creció, hasta que en 2016 eran del orden del 12,2 por ciento del total de los gastos, cuatro veces más que el porcentaje de presupuesto asignado a vivienda en 2015.
