Crónica de un cajoneo anunciado
SOY tuvo acceso a una información alarmante: a dos años de aprobada la ley de cupo trans, y tras dos años de esperar la reglamentación de una disposición considerada modelo en el mundo, la gobernadora María Eugenia Vidal habría decidido no poner su firma y hacer todo lo necesario para que esa ley no se haga efectiva. Las reuniones y conversaciones con organizaciones que luchan por los derechos lgbtiq no serían más que otra de las estrategias para dilatar la reglamentación de la norma que beneficiaría simbólicamente a una población sojuzgada históricamente, y a no mucho más de 2000 personas.
Agradecimiento a la chica de tapa: Valeria LicciardiAgradecimiento a la chica de tapa: Valeria LicciardiAgradecimiento a la chica de tapa: Valeria LicciardiAgradecimiento a la chica de tapa: Valeria LicciardiAgradecimiento a la chica de tapa: Valeria Licciardi
Agradecimiento a la chica de tapa: Valeria Licciardi 
Imagen: Sebastián Freire

Es la ley de la diversidad más celebrada en los últimos años por numerosos organismos internacionales de indudable prestigio, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh); es la ley capaz de detener el exterminio al que el Estado somete desde cero a las personas trans, travestis, intersex y transgénero; es la ley que no implica ni pagar un “plan para la vagancia”, ni un subsidio discutible, ni siquiera subvención; no representa un asalto a los fondos del Anses, ni a la AFIP; es la ley que está en las antípodas del “carguito para el familiar acomodado” y muy cerca de los objetivos de construcción del tan invocado “trabajo genuino” y a favor de las feminidades (aunque no solamente); es la ley nº 14.783 “Amancay Diana Sacayán” de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires, aprobada por la legislatura bonaerense el 17 de septiembre de 2015, promulgada un mes más tarde y que no se implementó jamás.  

¡SIN CUPO PODEMOS!

Soy está en condiciones de presentar detalles exclusivos del derrotero de esta norma ya sepultada, que desde la asunción de la gobernadora María Eugenia Vidal ha caído bajo la égida del famosos ajuste. A la nómina de las víctimas ya conocidas de los feroces recortes –jubilados y pensionados, discapacitados, médicos de hospitales públicos, maestros y docentes– llegaron silenciosamente las travestis, personas trans e intersex y transgénero, con la cruel (y en absoluto menor) diferencia de que para la mayoría de ellas el acceso al trabajo (cualquier trabajo, con o sin recorte salarial) siempre fue imposible. 

“No voy a contratar a nadie: ni trans ni no trans”. Con estas palabras, en octubre del año pasado, en plena campaña electoral y ante la presencia de muy pocos funcionarios de su gabinete, la gobernadora Vidal habría enterrado la implementación concreta de la Ley de Cupo Laboral Trans. Esa reunión privada sobre la cual Soy obtuvo detalles exclusivos, marcó el final de una estrategia oficial basada en dos años de pequeños avances, reclamos, retrocesos, obstáculos administrativos de todo tipo. Es decir, dos años de desgaste. Desde que la ley conocida como La ley de cupo trans fue aprobada en el Congreso, fueron convocados a consultas –encubiertos ires y venires– decenas de organizaciones LGBTTIQ; el último de esos encuentros fue hace un año, en febrero de 2017. Desde ese momento hasta hoy y pese a las llamadas de atención del activismo, no ha transcendido ningún avance. Con aquella frase, la gobernadora aludía a la posibilidad de no ponerle su forma a la ley. De hecho, a dos años de aprobada la ley no tiene la forma de la gobernadora, necesaria para avanzar en su reglamentación. Pero la saga sigue: a esta altura y frente a la maraña de objeciones y obstrucciones de las que el proyecto original está siendo objeto, aún firmando la gobernadora ya mismo el decreto reglamentario, la ley no tendría cumplimiento efectivo. En ese marco podrían cuadrarse las otras palabras de Vidal aquella tarde de octubre: “Si ustedes me dicen que lo tengo que firmar, lo firmo”, a sabiendas, claro, de que esa firma poco o nada iba significar ya. 

TRAVAJO YA

El decreto que la máxima responsable del Poder Ejecutivo debió firmar y no firmó es el resultado de una larga serie de gestiones desarrolladas por las dos autoridades de aplicación contempladas por la letra de la “ley Sacayán”: la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo de la provincia. La norma obliga a que el estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, las personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por en su fuero, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, contraten a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal. Según las estadísticas no estaríamos hablando de más de 2 mil puestos laborales ocupados por sujetos con voluntad y entusiasmo. Se trata de una ley con la que la “lluvia de inversiones” sumaría el guiño aprobatorio de decenas de países centrales. También, obliga a que todos estos actores reserven puestos de trabajo para ser ocupados exclusivamente por ellas. Para esto, el decreto de reglamentación jamás rubricado por Vidal ordena la creación de un “Registro de Solicitantes de Empleo”.

Así, frente a Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos, y frente a Daniela Reich, entonces Subsecretaria de Género y Diversidad Sexual y actual senadora provincial por la alianza Cambiemos, la gobernadora dejó sin efecto una ley promulgada días antes de su asunción y enfáticamente apoyada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros agentes. 

¿Qué pasó entonces, hasta octubre? A comienzos de 2016, ante la inacción del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo de la provincia intimó a la Secretaría de Derechos Humanos a que de inicio al proceso de reglamentación de la ley. De esta forma, en julio de ese año, tuvo lugar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sobre Avenida Callao, una primera reunión con organizaciones de la diversidad: la convocatoria buscó generar observaciones preliminares. Fueron 33 las organizaciones que aportaron y apuntaron, agrupadas en 4 conglomerados. Algunos meses más tarde, en octubre de 2016, una segunda reunión con activistas y referentes posibilitó que la Secretaría de Derechos Humanos expusiera sus intercambios con el Ministerio de Trabajo y vuelva a tomar nota de varias observaciones por parte de Conurbanos por la Diversidad, Jóvenes por la Diversidad, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (Alitt), MAL, Abogadxs por los Derechos Sexuales (Abosex), Otrans La Plata, Frente de Organizaciones TLGB La Plata, Berisso y Ensenada, Putos Peronistas, representantes de CTA, ATE, IOMA, PTS, ATTA, La Cámpora Diversa, la Federación Argentina LGBT y la Asociación Mundo Igualitario, entre muchas otras. 

LA LETRA CHICA

Hace un año, en febrero de 2017, se hizo por última vez un encuentro con esta modalidad, centrado en la búsqueda de consensos pendientes. Esa oportunidad fue aprovechada por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, del PRO: Mosca anunció entonces que incorporaba a tres mujeres trans en la planta de empleados de la Legislatura, como “adelanto” de lo que empezaría a suceder luego en todo el territorio provincial. Hoy, frente a la certeza de que la gestión de Vidal impide el cumplimiento efectivo de la ley, el gesto ilustra la tendencia a la excepcionalidad de lo que en lugar de ser una política permanente del Estado, debidamente legislada por la centralidad de sus fuerzas, son casos aislados. 

María Eugenia Vidal no sólo no puso su firma en octubre: antes y después, su gobierno se encargó de plagar de obstáculos la instrumentación del cupo trans. Por ejemplo, en diciembre último, la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación anotó muchas más objeciones que, a la fecha, aumentarían aún más la burocratización. Una de ellas se refiere a la solicitud de antecedentes penales de los postulantes, un requisito de admisibilidad inaceptable para una conjunto social criminalizado por los estados sólo en virtud de sus existencias. Antecedentes sumamente gravosos para la población trans, travesti y transgénero, como “no poseer antecedentes penales por delito doloso de naturaleza infame”. Difícil que las travestis, históricamente víctimas de las tretas policiales, puedan cumplir con semejante pedido, ridículo y a todas luces perverso. El área Legal y Técnica vació de autoridad a la Secretaria de Derechos Humanos y al Ministerio de Trabajo y transformó la ley en una mera sucesión de recepción de currículums de personas desocupadas y una eventual, imaginaria, esporádica contratación. Así, el cupo trans no tiene ya ninguna posibilidad seria de cumplirse. 

De todo el itinerario de intentonas de activación de la norma participaron Cantón y Reich. Daniela Reich es licenciada en trabajo social por la Universidad de Buenos Aires, esposa del intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela y colaboradora directa de Vidal desde los tiempos del gobierno de la ciudad. También tuvo a su cargo el Consejo Provincial de las Mujeres hasta diciembre. Su sucesora en Diversidad Sexual, hoy, es otra “mujer de”, la modelo Agustina Ayllón, ex del empresario y otrora diputado nacional Francisco de Narváez. A la hora de los puestos, las mujeres bien casadas, se sabe, no corren la misma suerte que las mujeres trans, “señoras de nadie”. 

Según fuentes directas, fue Reich la que insistió en que Vidal no firme el decreto, para poder así cumplir con los objetivos económicos del presente. Santiago Cantón, por su parte, fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2001 y 2012 y Director del Programa de Derechos Humanos Robert F. Kennedy Human Rights. Desde el primer día en su cargo, tuvo esta ley como prioridad. Fracasó. Soy se comunicó con ambos funcionarios y también con el equipo de prensa de la Gobernadora, pero al cierre de esta edición, ninguno accedió a una entrevista. 

Mientras tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia ya informaron a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) sobre la falta de firma del decreto reglamentario. 

 En síntesis, en este contexto político y económico, había dos tácticas posibles: que Vidal firmara y dilatar de esa manera los tiempos de aplicación total (hay que poner en marcha, para una ley semejante, un aparato muy complejo y la política suele encontrarle a las demoras argumentos convincentes, porque de la noche a la mañana jamás el Estado provincial podría contratar personas) o que no firmara. Es innegable que esta última opción, la elegida, expone con alevosía un grave atropello al estado de derecho.

La resolución de la gobernadora es propia de la temporada de ajuste. A su vez, es un rechazo que amén de los guadañazos presupuestarios afecta a -tal como los documentos de la ley consignan- “la población más vulnerada históricamente”. Hay en esta maniobra rechazo a los rechazados, un nuevo descarte hacia las (en palabras de la ley, nuevamente): “víctimas de persecución, exclusión y marginación sistemática (…) con enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos (…) víctimas desde una temprana edad de violencia familiar, expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos (…) forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”. 

La falta de implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans es una violación concreta del estado de derecho: el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires incumple una decisión del Poder Legislativo.

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