Producción: Javier Lewkowicz

Sin políticas diferenciadas

Por Javier Rodríguez y Carla Seain *

Aunque pueda resultar paradójico, ha sido el FMI a través de sus planteos y sus informes escritos el que ha vuelto a poner en el centro de la escena el debate sobre el impuesto a las exportaciones agropecuarias, en particular a la soja y sus derivados. El argumento del FMI es que dicho impuesto bien podría usarse para conseguir una reducción del déficit fiscal. Desde el Gobierno, al menos por el momento, se oponen a modificar el esquema en curso de reducción del impuesto.

La posición del FMI y el gobierno con respecto a las retenciones, es uno de los pocos aspectos donde uno y otro parecieran tener diferencias. Pero en el conjunto de medidas regresivas que están impulsando, la diferencia es menor. El argumento de la reducción del déficit fiscal (marco en el cual se discuten las retenciones) viene siendo utilizado, en realidad, para llevar adelante una profunda redistribución de los ingresos.

Al interior del sector agropecuario el debate sobre las retenciones también encubre un análisis más riguroso sobre los resultados obtenidos hasta aquí y sobre la situación del conjunto del agro. La devaluación y la quita o reducción de las retenciones ha mejorado la rentabilidad de las producciones granarias tales como soja, maíz, trigo y girasol. La mayor rentabilidad de estas producciones se volcó en mucho entusiasmo discursivo, pero los resultados en torno al volumen total de producción son mixtos, o magros. El caso de la soja es notable: pese a la mayor rentabilidad, el volumen y la superficie de producción se redujeron. La superficie destinada a soja pasó de 20,5 millones de hectáreas en la última campaña del kirchnerismo a 16,9 M de ha en 2018. La caída de la producción de soja se debe a que se incrementó la de maíz y la de trigo. Pero el aumento de 1,8 M de hectáreas de trigo y de 1,5M en maíz no logra revertir la reducción de la superficie con soja.

En medio de estos cambios, el gobierno de Macri eliminó todo tipo de política pública diferenciada (devolución de impuestos, exenciones, etc.) que permitiera que un productor mediano o pequeño percibiera más por su producto que uno de mayor escala. Es decir que la política acentúa la tendencia a la concentración productiva, con lo cual incluso los productores de granos de mediana o pequeña escala no están en una muy buena situación.

El mismo conjunto de medidas ha tenido resultados francamente negativos en otras producciones, entre ellas la mayoría de las producciones regionales agropecuarias. Es que allí, la devaluación, la quita de retenciones y la menor incidencia del sector público en la determinación de precios al interior de la cadena productiva tiene efectos perjudiciales para los productores. En un estudio previo, mostramos que para el caso de las manzanas, por cada seis pesos que mejoró su ingreso el exportador, el productor agropecuario recibió solo uno. Pero sus costos sí están vinculados al dólar, por lo cual los tres efectos combinados hicieron caer su rentabilidad.

También han empeorado marcadamente su situación los productores tamberos y porcineros. La ecuación es clara y era previsible: su principal insumo es el maíz, con lo cual las medidas hicieron incrementar dramáticamente sus costos. A eso se le suma, en el caso de la lechería, que los tamberos tienden a percibir menores incrementos de precios que el resto de las etapas productivas y de distribución. Y el Estado también se retiró de incidir en estos aspectos.

Un tercer gran grupo de afectados con las políticas del gobierno de Macri son los agricultores familiares, típicamente horticultores. La reducción del mercado interno tuvo también resultados gravosos. A ello se le suma el fuerte recorte presupuestario en todos los programas de impulso a este sector del ministerio de Agroindustria incluyendo que dejará de aportar los fondos para el pago del Monotributo Social Agropecuario. Es decir, que el estrato de menores ingresos dentro del sector agropecuario, sí verá incrementados sus impuestos a partir del año que viene.

Mientras todo esto sucede con la gran mayoría de los productores agropecuarios, el Gobierno sólo discute los efectos sobre la soja, el maíz y el trigo e insiste en que no va a adoptar ninguna medida de política sectorial adicional. Para los productores de las economías regionales, los tamberos, porcineros y los agricultores familiares, es otro baldazo de agua fría.

* Economistas, investigadores del Ceset (Centro de Estudios Sociales, Económicos y Tecnológicos).

Diez años después

Por Sergio Woyecheszen *

Esta semana se cumplieron diez años del voto ¨no positivo¨ de Julio Cobos al proyecto de retenciones móviles. El aniversario coincide con un renovado interés en torno al tema que oculta en la cuestión fiscal el verdadero debate, que es de economía política, y está mal planteado. Mejor volvamos a empezar.

Por un lado, no hay un “campo”. La actividad se encuentra articulada en torno a una maraña de actores que incluye no solo a terratenientes, chacareros y productores –de distintos tamaños– sino también pools de siembra, contratistas, centros de servicios y empresas proveedoras de insumos y servicios. Muchas explotaciones agropecuarias tienen incorporadas etapas industriales de variada intensidad, que les permiten acelerar –junto a los servicios de base– los procesos de innovación e incorporación tecnológica.

Por otro hay otras aristas que considerar. La primera es la sostenibilidad misma de este proceso: la principal restricción al crecimiento económico en Argentina no es fiscal, sino externa. El empuje por demanda, necesario para el aumento de la inversión y la productividad, termina por chocar con una estructura productiva que no logra generar ni retener los dólares suficientes como para evitar en determinado momento las crisis de balance de pagos

¿Qué hizo el oficialismo? Apostó por un modelo de apertura, desregulación y endeudamiento acelerado que más que duplicó la necesidad de divisas en la economía, poniendo en jaque no solo la sostenibilidad externa sino incluso la fiscal. En esta estrategia de política que limita notablemente las posibilidades de desarrollo, resalta el rol de la reducción progresiva de retenciones a la soja y la eliminación de cualquier tipo de plazo para liquidar exportaciones. Esta combinación absurda vació de dólares la plaza doméstica e incrementó al mismo tiempo el déficit fiscal.

En conjunto con las medidas de apertura y endeudamiento acelerado ya mencionadas, el nuevo esquema de retenciones/liquidación está en la raíz de la corrida cambiaria y la devaluación más intensa del  mundo en lo que va del 2018, la que perjudicó tanto a la población en su conjunto, a través de sus conocidas consecuencias inflacionarias, como a los pequeños productores agropecuarios con estructuras de costos dolarizadas, quienes afrontan deudas crecientes sin líneas de créditos razonables para su refinanciación.

La segunda es la cuestión productiva, que llegado este punto debiera quedar claro que conforma la madre de todas las batallas. Perduran enormes diferencias de productividad intra e inter sectores (y también otras de carácter geográfico), así como fuertes desbalances de poder hacia dentro de numerosas cadenas de valor. Nada de esto fue tenido  en cuenta como eje central de la nueva estrategia de retenciones a las exportaciones. Esta se concentró principalmente en recomponer los niveles de renta de ciertos grupos más concentrados, en desmedro de la rentabilidad de las economías regionales, a la vez afectadas negativamente por la eliminación de ciertas retenciones a sus principales insumos productivos, y los pequeños eslabones de la cadena productiva agropecuaria, por el descontrol cambiario que afecta directa y anticipadamente a sus costos y sólo luego a sus ingresos.  

El primer balance es que se generó una superficial, falsa y nociva antinomia entre retenciones sí o retenciones no, cuando la teoría económica, la evidencia empírica internacional (con más de 90 países aplicando retenciones) y los propios acontecimientos vividos en nuestro  país indican que el camino más apropiado consiste en consensuar un esquema superador dónde se tenga en cuenta la heterogeneidad existente en las estructuras de costos, nivel de competitividad internacional por tipos de productos, tamaño y ubicación geográfica del establecimiento productivo, etc. Este consenso, tiene que estar impulsado y gestionado por aquellos segmentos mayoritarios y habitualmente más postergados por la política agropecuaria y tener como eje central un objetivo más amplio que las tradicionales políticas de industrialización anteriormente implementadas. El esquema de retenciones superador a consensuar debe también utilizarse para financiar directamente al propio desarrollo del sector, premiando la agregación de valor y un mayor equilibrio, regional y social. Ojalá se esté a la altura.

* Economista (UBA)