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La Justicia suiza allanó ayer las oficinas de la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) en Lausana, como parte de la instrucción de una causa penal contra su presidente, el mexicano Rubén Acosta, por falsificación de documentos, falsa información sobre empresas comerciales y gestión desleal. La acción penal fue presentada por el presidente de la Federación Argentina de Vóleibol (FAV), Mario Goijman –suspendido por la FIVB–, quien además inició una demanda civil e impulsa la destitución de Acosta en el seno del organismo. El allanamiento, realizado por la policía suiza, fue ordenado por el juez Nicolás Cruchet, con el objetivo de conseguir documentación del organismo, especialmente los contratos de televisación de los torneos.
Goijman querelló en Suiza a Acosta y al gerente general de la FIVB, Jean Pierre Seppey, luego de que ambos dirigentes impulsaran su suspensión de la entidad internacional por la administración de los fondos del Mundial masculino Argentina 2002. El dirigente argentino, además, presentó una demanda civil con la que pretende lograr la nulidad de la medida interna de la FIVB que determinó su suspensión.
El juez a cargo de la causa civil, Jean Luc Genillard, resolvería el próximo viernes una excepción de incompetencia formulada por la FIVB, y la vigencia de la suspensión de Goijman mientras se tramita la cuestión de fondo del proceso. Genillard rechazó el lunes pasado un pedido de interdicción presentado contra Goijman. La FIVB había pedido al juez que prohibiera a Goijman distribuir el reporte económico del Mundial en distintos países, como también comunicar a la prensa las decisiones judiciales de la causa. Además, Goijman promovió ayer en el ámbito interno de la FIVB la separación de Acosta de la presidencia, el despido con justa causa de Seppey y la realización de una auditoría independiente sobre los balances de los últimos cuatro períodos.
El conflicto entre Goijman y la FIVB se originó poco antes del inicio del Mundial celebrado en la Argentina en la primavera del 2002. En definitiva, la FIVB le reprocha a Goijman “haber firmado compromisos de patrocinio que no eran de su competencia, no haber asumido sus obligaciones financieras antes y después del Mundial, y haber entregado cifras falsas y argumentos mentirosos a los medios de prensa argentinos”. La FIVB suspendió a Goijman, exhortó a la FAV a elegir nuevas autoridades, y se negó a ejecutar la liquidación contable del Campeonato Mundial, que tiene un saldo pendiente en favor de la institución argentina.
En la acción penal impulsada en Suiza, el dirigente argentino acusó a Acosta, entre otros cargos, por la supuesta falsificación del dictamen de auditoría del balance del año 2000, “cuando hubo un retiro no registrado de 8.320.000 francos suizos (unos seis millones de dólares) que fueron pagados a la FIVB en concepto de contratos de patrocinio y derechos televisivos”. Goijman también solicitó la investigación de presuntos delitos fiscales, contratos poco transparentes (especialmente el acuerdo celebrado con Mikasa, la proveedora exclusiva de pelotas, por nueve millones de dólares), y la adquisición millonaria de una propiedad por parte de la FIVB, cuya titular era la señora Malú De la Fuente, la esposa de Acosta.