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La decisión del Gobierno de devaluar desató la furia de los bancos. Lo mismo que las declaraciones de Eduardo Duhalde, en el sentido de que habría llegado a su fin la “alianza” entre el poder político y el poder financiero. Bien temprano, los principales financistas presentaron sus quejas ante Roque Maccarone, presidente del Central. Más tarde, algunos de ellos tuvieron contactos informales con miembros del equipo económico. La principal preocupación era frenar la pesificación de los créditos bancarios. E impedir que la devaluación desemboque en una avalancha de incobrables que termine provocando quiebras entre los bancos. Al cierre de esta edición, los banqueros se estaban anotando el primer triunfo: sólo se pesificarían los créditos hipotecarios y los saldos de las tarjetas de crédito.
Frente a Maccarone, los máximos ejecutivos de la Asociación de Bancos plantearon una regla, para ellos, imposible de violar: no podrían respetarse los depósitos en dólares si al mismo tiempo se pesificaban los préstamos. En principio, el proyecto del Gobierno era desdolarizar los créditos hipotecarios, personales y prendarios, y los otorgados a las pymes, además de los saldos de las tarjetas. Pero según denunciaron los financistas ante Maccarone, esa operatoria les provocaría un bache de 15.000 millones de dólares en sus patrimonios. Y amenazaron con que, si se llevaba a la práctica, la pesificación masiva desencadenaría quiebras en el sistema financiero que ahondarían la crisis económica. Si finalmente los banqueros logran bochar la propuesta oficial, liquidarían uno de los principales activos que la administración Duhalde pretendía mostrar tras la depreciación del peso.
Para tener una idea de las magnitudes que están en el centro de la pelea, de los 36.500 millones que los bancos prestaron al sector privado en dólares, 12.800 millones corresponden a créditos para la vivienda. La tercera parte del total.
Financistas consultados por Página/12 dejaron entrever que serán muy duros en las negociaciones que ya se abrieron con el Ejecutivo y los legisladores. Además de la pesificación de los créditos, los otros puntos en discusión son:
Corralito. Los banqueros quieren mantener el cerrojo por lo menos hasta que llegue una ayuda financiera del Fondo Monetario. Recién entonces estarían dispuestos a liberarlo en forma gradual, comenzando por los depósitos más chicos. Al mismo tiempo, estudian la posibilidad de crear un mercado secundario de certificados de plazos fijos. De esta manera, los ahorristas más urgidos podrían acceder al dinero en cualquier momento aceptando una quita. En ese sentido, ya hay un proyecto para que esos certificados sirvan para pagar impuestos.
El otro tema que se evalúa es retrotraer al sistema financiero al 30 de noviembre, el último día antes del corralito. Desde entonces, 15.700 millones se fueron de los plazos fijos. El 90 por ciento a las cuentas a la vista (cajas de ahorro y cuentas corrientes) y el 10 por ciento restante salió del sistema. En caso de que este dinero vuelva a inmovilizarse como plazo fijo y se reestructuren los vencimientos, los banqueros están dispuestos a incrementar los retiros mensuales de dinero, a 1200 o 1500 pesos por persona.
Préstamos garantizados. Son los que los bancos recibieron en la Fase 1 del canje, a una tasa promedio del 7 por ciento anual. Bajo la breve gestión de Adolfo Rodríguez Saá existió un sondeo para abaratar esta deuda. Ahora, los bancos ya aclararon que no están dispuestos a ceder.
Deudas empresarias. Los banqueros reclaman que el Gobierno otorgue un salvataje, como en su momento sucedió en México y en Chile. En esos casos, el Estado se hizo cargo de una parte de los pasivos empresarios para evitar una avalancha de incobrables que arrastre al sistema financiero. Como el Estado argentino está quebrado, solicitaron que parte del ahorrofiscal generado por la futura Fase 2 (internacional) del canje sirva para licuar una porción de la deuda empresaria con los bancos. A sabiendas de que una medida de este tipo generaría una fuerte polémica por la injusticia que generaría el salvataje a grandes grupos empresarios, los banqueros ya se atajan. “Hay que entender que ningún país resuelve sus problemas económicos sin un sistema financiero sano. Japón no pudo resolver la crisis de sus bancos y hace muchos años que soporta una recesión”, reseñó un ejecutivo en diálogo con Página/12.
En el mismo sentido, los banqueros hacen una defensa casi corporativa de las privatizadas. No quieren que las tarifas se desdolaricen ya que esas empresas son deudoras del sistema.