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El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pidió que la causa que impugna el último aumento de tarifas en luz y gas sea tratada por la misma juez que ya falló en contra de los aumentos de diciembre. En tanto, el Ministerio de Economía extendió en sesenta días hábiles el plazo que dicha cartera tenía para elevar al Poder Ejecutivo las propuestas de renegociación de diversos contratos de concesión de obras y servicios públicos.
Se trata de los contratos referidos a la provisión de agua potable y cloacas al área metropolitana de Buenos Aires, al mantenimiento de varias rutas nacionales y de la red de accesos a Buenos Aires por el sistema de peaje, y a diversos servicios ferroviarios.
La prórroga fue dispuesta a través de la resolución 62/2003 publicada ayer en el Boletín oficial, extendiendo el plazo para que Economía se pronuncie sobre estos contratos hasta el 2 de mayo próximo.
La nómina de contratos alcanzados por esta medida se integra con Aguas Argentinas, Autopista Ezeiza-Cañuelas, Autopistas del Sol, Coviares, Grupo Concesionario del Oeste, Caminos del Río Uruguay, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, y Nuevo Central Argentino.
Por su parte, Mondino presentó en el fuero Contencioso Administrativo Federal un pedido de “conexidad” entre la causa que cuestiona el nuevo aumento en las tarifas de luz y gas y una similar de diciembre del año pasado que frenó el incremento. Esta presentación se agrega al amparo elevado la semana por el ombudsman nacional, cuando objetó los alcances del decreto que permite al Poder Ejecutivo disponer el aumento en los servicios públicos. De acuerdo al sorteo, el expediente recayó en la jueza María Carrión de Lorenzo, pero la intención de la Defensoría es llevar el caso a la jueza Susana Córdoba, que el 14 de diciembre pasado falló en contra del primer decreto presidencial.