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El decreto de aumento salarial resulta un gesto positivo aunque insuficiente para mejorar la distribución de los ingresos. Está claro que la conflictividad social es el resultado de la vigencia de una Argentina devastada (el ingreso promedio de los ocupados es de 600 pesos y la canasta necesaria para no ser pobre asciende a 735) y de un proceso de recomposición de la actividad económica que, si bien exhibe tasas anuales del 8 por ciento, presenta también impactos desiguales: mientras las primeras cien empresas ven crecer sus ganancias anuales en un 47 por ciento y las primeras diez en un 300, la participación de los ocupados en el ingreso nacional desciende por debajo de los niveles de 2001.
En ese marco, el decreto oficial no se inscribe en una política general de ingresos ni en una estrategia distributiva que involucre al conjunto de los trabajadores. Sigue operando sobre el mundo de los registrados (representan el 34 por ciento de la fuerza laboral), en un mundo laboral signado por la informalidad, la ilegalidad y el desempleo.
Este mismo hecho determina que el impacto sobre los propios trabajadores registrados tenga límites. Por un lado, las grandes firmas lo absorberán como parte de aumentos otorgados y en las pymes el acatamiento será parcial, por imposibilidad manifiesta de otorgarlos en un régimen de alta concentración, donde la reactivación impacta de manera desigual y heterogénea sobre los diferentes sectores y empresas.
Respecto de los estatales, el impacto recaerá dominantemente sobre el personal de seguridad policial y Fuerzas Armadas, al tiempo que tendrá efectos minoritarios y de achatamiento de la estructura salarial en el resto de la administración nacional.
Por lo expuesto, el gesto –aunque positivo– es insuficiente. En ocasión del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2005 señalábamos que, en tanto las demandas sociales no se estaban incluyendo en estrategias presupuestarias, se terminaría discutiéndose en la calle en base a las distintas presiones sectoriales. Y señalábamos también que con los excedentes fiscales del 2004 y en base a la recaudación esperada para el 2005, era factible una estrategia de ingresos que incluyera:
- un incremento del 15 por ciento para todos los estatales;
- la constitución de un fondo de financiamiento para los salarios provinciales;
- mejorar el haber mínimo jubilatorio a 360 pesos;
- la creación de una asignación universal por hijo de 40 pesos y la generalización de la ayuda escolar obligatoria, y
- la creación de un seguro de empleo y formación de 400 pesos.
En suma, una política de ingresos que implicara alejarnos no solo de manera gestual sino realmente de las injusticias propias de la década de los noventa.
* Diputado nacional y miembro de la mesa nacional de la CTA.