El número dos del Departamento de Justicia estadounidense, Paul McNulty, presentó ayer su renuncia. En la carta que dirigió a su superior, el fiscal general Alberto Gonzales, alegó motivos personales, principalmente económicos. McNulty adelantó que quiere pasarse al sector privado, donde los salarios son varias veces superiores a los del Estado. Sin embargo, todos los medios y los legisladores estadounidenses vincularon su dimisión al escándalo por el despido de ocho fiscales federales, que desde hace meses mantiene en jaque a Gonzales y a sus aliados. En el Congreso, la mayoría demócrata ha intentado demostrar que el gobierno de George Bush apartó a los fiscales de sus cargos porque no comulgaban con sus políticas.

La renuncia de McNulty revivió un escándalo que en las últimas semanas parecía estar perdiendo fuerzas. Las audiencias en los Comités Judiciales de las dos Cámaras del Congreso habían alcanzado un importante protagonismo hace unos meses, cuando lograron forzar la dimisión del jefe de gabinete del Departamento de Justicia, Kyle Sampson, y de la asesora que hacía de enlace con la Casa Blanca, Monica Goodling. Los dos habían sido involucrados con los mails que el Ejecutivo entregó a los legisladores. En los correos se ve cómo los funcionarios ya venían discutiendo sobre los despidos de los fiscales desde principios de 2005, casi un año y medio antes de que éstos fueran removidos. Según el Departamento de Justicia, el cambio de fiscales se debió a una evaluación de sus desempeños, citando ejemplos posteriores a las fechas de los correos electrónicos desclasificados.

Pero la tensión se enfrió cuando los legisladores no lograron quebrar la voluntad del presidente Bush y citar a declarar bajo juramento a Gonzales y al principal asesor político del mandatario, Karl Rove. Según un testimonio que dio McNulty en el Congreso, uno de los ocho fiscales removidos fue despedido para hacerle lugar a un amigo de Rove. La prensa estadounidense había asegurado que aquella declaración había enfurecido a su jefe, Gonzales.

Más allá de estos cruces, desmentidas y enojos, McNulty juró y rejuró ayer que su dimisión nada tenía que ver con la tormenta que desde hace meses azota su oficina. “La realidad financiera de tener hijos en la universidad y de haber estado dos décadas en el servicio público me han llevado a un retardado cambio en mi carrera”, explicó en su carta. McNulty dejará su cargo y sus 165 mil dólares al año por un puesto, seguramente mucho mejor recompensado, en el sector privado. Sin embargo, el número dos del Departamento de Justicia eligió nada menos que una reunión de fiscales federales en Texas para anunciar su dimisión, que probablemente se haga efectiva en los próximos meses.

Gonzales fue el único político que ayer no cuestionó esta explicación. “Paul es un funcionario público extraordinario y un buen abogado, que es valorado en el Departamento”, se limitó a afirmar el amigo y ex abogado personal del presidente. Pero desde el Capitolio, las repercusiones fueron otras. “Otra renuncia no hará que las preguntas sin respuestas sobre los despidos de los fiscales desaparezcan”, aseguró el congresista demócrata Rahm Emanuel. “Las renuncias no sustituyen a la verdad”, agregó. Otros legisladores opositores aprovecharon el nuevo impulso que ganó el caso para volver a pedir la cabeza de Gonzales. “Parece irónico que Paul McNulty, quien al menos trató de dialogar con el Comité, se vaya mientras Gonzales, que siempre ignoró al Comité, se queda en su cargo”, sostuvo el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer.