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Peronistas y radicales, en la recta final del juicio a la Corte

El PJ está convencido de que el miércoles próximo conseguirá los votos para sepultar el proceso contra al alto tribunal. Los radicales dicen que tienen los números para devolver el tema a comisión.

 Por Felipe Yapur

Si hay algo prácticamente seguro es que el próximo miércoles los nueve ministros de la Corte Suprema seguirán por televisión el debate en Diputados del dictamen acusatorio en su contra. El justicialismo lo da por hecho y hasta afirma que logrará que se rechacen todos los cargos. Por una cuestión de necesidad, de orgullo y de formas, el radicalismo todavía lo pone en duda. Sin embargo, sus hombres y mujeres ya se preparan para un extenso y peleado debate.
Sin duda, el dato considerado clave que da cuenta que se destrabó la postergada discusión del dictamen fue la presencia del gobernador radical Roberto Iglesias en la reunión entre el jefe del bloque radical, Horacio Pernasetti, y el presidente del cuerpo, el duhaldista Eduardo Camaño. El mandatario estuvo desde un primer momento a favor de que los legisladores bajen al recinto. Esta fue la causa que desató la ira de algunos legisladores de la UCR, como el santafesino Carlos Iparraguirre, quien dijo que “la presencia del gobernador desdibujó la posición que hasta aquí ha tenido el radicalismo en esta batalla contra la impunidad”.
Iparraguirre es parte interesada en toda esta polémica. Es uno de los firmantes del dictamen acusatorio contra los supremos y, como los otros siete correligionarios que integran la comisión de Juicio Político, está más que jugado a favor de destituir a los ministros de la Corte. Posición que no es compartida, al menos en esa magnitud, por el resto de los diputados radicales. El santafesino se niega a pensar que el miércoles su bloque irá a menos a la hora de votar la vuelta a comisión del dictamen hasta tanto mejoren las condiciones políticas, y favorecer así el debate del dictamen como pretende el oficialismo. Sin embargo, hay varias señales que lo desmienten.
Oficialmente, la mayoría de los legisladores de la UCR dicen que ganarán esa votación. En cambio, ante sus colaboradores Pernasetti reconoció que para ese día tiene contabilizada la presencia de 60 de los 68 miembros que tiene la bancada. Si se tiene en cuenta que la votación es crucial y cada voto vale oro, la despreocupada afirmación del diputado catamarqueño al menos denota una cierta y dudosa desidia.
Un dato que corrobora esta posibilidad es la cantidad de legisladores de la UCR que están dispuestos a quedarse en el recinto en caso de que su posición sea derrotada. Hasta anoche había una docena, número suficiente como para el PJ pueda continuar sesionando y hasta proponer, como pretende Camaño, el inmediato comienzo del análisis de los dictámenes acusatorios contra los cortesanos. Tanta es la confianza del duhaldista que ya ordenó a sus colaboradores que preparen todo para que las cámaras de televisión transmitan sin problemas el juicio que, dicho sea de paso, descuenta que su partido logrará archivar las actuaciones “para beneficio de la gobernabilidad”.
Esos doce apóstoles radicales son cruciales para las aspiraciones menemistas-duhaldistas. La mayoría responden al pedido de sus gobernadores más allá de que alguno, como el mendocino Víctor Fayad, repita que “me quedo porque considero que hay que darle un cierre definitivo al caso de la Corte”. Aclara además que, a diferencia de sus correligionarios que firmaron el dictamen, él votará sólo la destitución de algunos de los ministros de la Corte.
Este punto es justamente el único cabo suelto que pueden llegar a tener los justicialistas. Estos están confiados de que podrán superar el escollo de la vuelta a comisión ya que contará con la ayuda de los diputados de los partidos provinciales, de Acción por la República y de la UCeDé. Sin embargo, este acuerdo no alcanza a la discusión de caso por caso. La mayor parte de los provinciales anunciaron que votarán la destitución de los ministros de la denominada mayoría automática menemista. A partir de allíse transforman en aliados de los radicales y una vez más el centenario partido tiene que definir. El ARI duda de la convicción radical. Graciela Ocaña, por caso, dijo ayer que “la decisión radical de bajar es tramposa y recuerda la derogación de la Ley de Subversión Económica. Acá hay pacto armado para favorecer al PJ”.

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Julio Nazareno, presidente de la Corte, Gustavo Bossert y Eduardo Moliné O’Connor.
 
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