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La gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, ratificó que el próximo 27 de abril la provincia realizará elecciones para renovar la totalidad de los cargos del distrito, con el criterio de impulsar la caducidad de todos los mandatos, incluidos los de los legisladores provinciales y municipales que vencían en el 2005. La administración de Adolfo Rodríguez Saá contradijo así a la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada había hecho lugar a dos medidas cautelares solicitadas por la oposición, prohibiendo “cualquier acción gubernamental” que acortara los mandatos que aún no vencieron. Para ajustarse a la resolución, Lemme suspendió la fecha de asunción de quienes sean electos. La situación ahora planteada es que habrá comicios para la renovación de todos los cargos, pero no fecha de jura de quienes resulten ganadores, por lo que podría darse una superposición de representantes en funciones y electos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Los partidos opositores al adolfismo evaluaban anoche, ante esta situación, no presentarse en los comicios.
El conflicto político se inició luego de que la legislatura provincial sancionara una ley y Lemme firmara un decreto para impulsar la caducidad de los mandatos de todos los funcionarios. La ley invitó a quienes ocupan cargos electivos a presentar su renuncia, pero a la vez estableció que para el caso de quienes no lo hicieran, el día de las elecciones se sometería a votación una enmienda constitucional por la caducidad de todos los mandatos. Al mismo tiempo, se votaría por sus reemplazantes para que asumieran el 25 de mayo.
Un sector de los funcionarios presentó su renuncia, pero 17 legisladores y concejales patrocinados por Ricardo Gil Lavedra y el intendente de la capital Carlos Ponce cuestionaron la medida. La Corte hizo lugar al pedido prohibiendo “cualquier acción” que acortara los mandatos de diputados, concejales e intendentes, que llegan hasta diciembre de 2003 y en algunos casos se extienden hasta 2005.
La primera reacción del gobierno de San Luis fue recusar a los integrantes del máximo tribunal. El secretario Legal y Técnico de San Luis, Eduardo Allende, acusó a los jueces de actuar movidos por el temor de sentar un precedente de caducidad que se extienda luego a otros ámbitos. “El tema más delicado que da origen a la recusación es una nota periodística que transcribe una charla del acuerdo (de la Corte) que da a entender que los ministros estarían preocupados porque Rodríguez Saá pensaba removerlos llamando a un plebiscito para que la población se expidiera sobre la continuidad de los jueces”. En tal caso, consideró Allende, los magistrados tendrían “interés directo en el juicio y esto los tacha de parcialidad absoluta.”
Simultáneamente, Alberto Rodríguez Saá de campaña en la provincia, insistió en que “la justicia no suspendió las elecciones. El 27 se vota presidente, gobernador, intendente y a todos los cargos”.
El abogado Gil Lavedra calificó ayer de “disparate” la decisión de Lemme. También anticipó que realizará una nueva presentación “ya que la Corte declaró que debía suspenderse la aplicación de esas normas” y el llamado a comicios para renovar todos los mandatos “supone aplicarlas, aunque quienes resulten electos no asuman”. Para el letrado, de esta manera sólo se generará “un estado de fuerte incertidumbre”.