Tres empresas británicas eligieron el aniversario de la guerra para anunciar el descubrimiento de petróleo y gas en las islas, que pretenden comenzar a explotar. El gobierno nacional ya adelantó que iniciará una ofensiva judicial contra los intentos británicos de explotar los recursos del territorio nacional. La decisión de recurrir a la Justicia fue confirmada ayer por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. Consistirá en una acción penal que buscará que sean juzgados los responsables de las empresas que instalaron en las últimas semanas una plataforma petrolera en la zona.

Con un timming de dudoso gusto, las tres empresas británicas anunciaron el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en una zona que está 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, que se conoce como Zebedee. La noticia fue dada a conocer por dos diarios ingleses: The Guardian y el tabloide amarillista Daily Telegraph.

“Exactamente treinta y tres años después de que la Argentina invadiera las islas, la región está en las noticias otra vez, pero esta vez solamente por un descubrimiento petrolero”, señaló el diario The Guardian. Las empresas que hicieron el anuncio son Premier Oil, Falkland Oil & Gas y Rockhopper, que informaron que encontraron reservas de petróleo y gas, en el primer hallazgo en el marco de una campaña de nueve meses. El director ejecutivo de la empresa Falklands Oil & Gas, Tim Bushell, declaró que “este hallazgo confirma la extensión del yacimiento Sea Lion y sus reservas”. “Es el comienzo fantástico de la campaña exploratoria 2015 en las islas”, celebró el director ejecutivo en Rockhopper, Samuel Moody.

Según reportes especializados en el tema energético, la empresa Premier tiene el 36 por ciento de Zebedee, mientras que Falklands Oil & Gas posee el 40 por ciento y Rockhopper, el 24 por ciento restante.

Hasta ahora, el gobierno nacional ha hecho una serie de presentaciones en organismos internacionales por la disputa hidrocarburífera, así como ante las Bolsas de Comercio de Londres y Nueva York, con denuncias a las compañías involucradas, por tratarse de la exploración y explotación de recursos ubicados en zonas que Argentina considera bajo su soberanía.

El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas ya adelantó cuál será la estrategia argentina ante el avance de las empresas británicas.

“Una nueva plataforma petrolera acaba de llegar a las islas para realizar una de las exploraciones más importantes para procurar encontrar hidrocarburos en la zona, con un riesgo ambiental enorme”, advirtió Filmus, quien detalló que, para intentar contrarrestar el efecto de la plataforma que empezó a operar hace dos semanas, el Gobierno –en una presentación conjunta entre Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal– impulsará en los próximos días ante la Justicia una demanda penal contra los responsables de esta explotación.

“Queremos que los dueños de las empresas sean juzgados de acuerdo con las leyes argentinas y el derecho internacional”, afirmó Filmus, quien expresó que el proceso “puede terminar con un pedido de captura por parte de jueces argentinos a quienes operan ilegalmente en el mar argentino”.

Con la presentación, se aplicará por primera vez el texto reformado en 2013 de la Ley de Hidrocarburos, que prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.

La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno nacional en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así como la prohibición de que personas y compañías puedan operar en Argentina. Esa nueva legislación fue rechazada, tras la aprobación, por el gobierno del Reino Unido, que consideró que la medida no rige en la zona de las islas y aseveró que su derecho es “legítimo y legal”.

Filmus recordó que en 2010 y 2012, ante la presencia de otras plataformas, se habían iniciado acciones administrativas, pero remarcó que ésta será la primera vez que “se denuncie con nombre y apellido a los dueños de las empresas que están operando ilegítimamente”.