EL PAíS › COMO SIGUEN LOS CASOS FORZADOS O INVENTADOS CONTRA CRISTINA KIRCHNER
Pese a que fue un tema político y no judiciable, Bonadio sigue tratando de que pegue la acusación por el Memorándum con Irán. Y sigue flotando la hundida denuncia del fiscal Nisman, sostenida desde varios frentes.
› Por Raúl Kollmann
De a ratos en silencio, de a ratos haciendo ruido, la estructura político-judicial de Comodoro Py sigue a la ofensiva para ver cómo puede acorralar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez Claudio Bonadio ya le tomó declaración a dos ex cancilleres para ver si puede procesar a Cristina por traición a la patria por la firma del Memorandum con Irán, mientras se tramita además la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra CFK por encubrimiento, una ofensiva protagonizada por la DAIA. Bonadio pidió veinte discos con escuchas que el propio Nisman había descartado. El magistrado quiere ver si allí encuentra algún elemento más contra la ex presidenta. El otro expediente que se intenta volcar contra la ex presidente, es el que instruye el fiscal Guillermo Marijuán por el supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Lázaro Báez. El jueves entró Maximiliano Rusconi como nuevo abogado del constructor y en los próximos días le pedirá al juez Sebastián Casanello la excarcelación de su defendido en base a que la detención se hizo sobre la base de una falsa inexistencia de plan vuelo y una suposición de fuga. Rusconi reclamará otras medidas al juzgado y pedirá la nulidad de los allanamientos del último viernes. “De ninguna manera está probado que hubo sobreprecios en la obra pública que se adjudicó Báez. Ni eso ni ningún tipo de delito que ponga en duda la legitimidad del dinero que pasó por las manos de Báez”, señaló el abogado ante este diario.
El principal punta de lanza contra CFK, Bonadio, no parece demasiado interesado en el expediente por el Memorandum porque es esencialmente político. No involucra una cuestión de corrupción, sino de estrategia internacional. Lo asombroso es que se imputa a la ex presidenta y al ex canciller Héctor Timerman por traición a la patria a raíz de la firma del Memorandum con Irán. El origen de la causa fueron sendas denuncias de un militante del PRO y un abogado de derecha, que sacaron de la galera el delito con el que las monarquías colgaban y ejecutaban a sus opositores. Cualquier política podría ser considerada traición a la patria y una acusación de esta naturaleza puede llevar, por ejemplo, a acusar por ese delito a los que firmaron el acuerdo con los fondos buitres. Dos familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, ambos vinculados a los dirigentes de la comunidad judía, se sumaron como querellantes y la DAIA presentó un escrito aportando elementos.
Uno de los hechos más graves de este expediente es que tomó como prueba una conversación entre Timerman y el titular de la AMIA, Guillermo Borger, grabada en forma clandestina. Es la primera vez en 33 años de democracia que se deja correr como evidencia una prueba ilegal de esa naturaleza. Lo hizo la Sala II de la Cámara Federal. Para peor, la llamada entre Timerman y Borger no incluyó ninguna novedad: el canciller reiteró que los iraníes fueron los responsables del atentado y por eso había que negociar con ellos para que declaren ante el juez Rodolfo Canicoba Corral.
La misma DAIA también es protagonista de otra intentona por reabrir la denuncia original de Nisman que acusó a CFK y Timerman por encubrimiento. El caso fue cerrado en su momento por el juez Daniel Rafecas quien consideró que el Memorandum nunca entró en vigencia, por lo que hubo inexistencia de delito. Al mismo tiempo sostuvo que todo lo que afirmó Nisman fue desmentido por la realidad: ni se levantaron las capturas con alertas rojas de los sospechosos iraníes ni se armó una nueva pista sobre el atentado ni hubo intercambio de petróleo por granos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó ese fallo en su momento, pero ahora habrá una nueva audiencia el 15 de septiembre para ver si se acepta el reclamo de la DAIA, acompañada por fiscal Germán Moldes, de reabrir la denuncia.
La movida, impulsada por dirigentes judíos del PRO, es asombrosa: el Memorandum no tiene ninguna existencia ni hay probabilidades de un acuerdo con Irán, pese a que las grandes potencias –Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, el Reino Unido y Francia– sí firmaron un pacto con Teherán. Hoy por hoy, esta causa y la de traición a la patria sólo consisten en golpear a la ex presidenta y al ex canciller por una decisión política que, además, fue votada por el Congreso.
Bonadio avanzó en las últimas semanas convocando a Rafael Bielsa y a Jorge Taiana, ex cancilleres, para que testimonien sobre la relación con Irán. Bielsa prestó declaración a lo largo de cuatro horas, Taiana se extendió una hora y media.
Lo que el juez trata de demostrar es que Cristina-Timerman utilizaron caminos extraordinarios para concretar el acuerdo con Irán, que Néstor Kirchner nunca admitió hablar con los iraníes salvo que fuera sobre AMIA y que fue Irán quien propuso el tratado en los términos formulados por el argentino pro-iraní Yussuf Khalil supuestamente para beneficiar a los sospechosos persas.
Bielsa fue el canciller que buscó la realización de un juicio por AMIA en un tercer país e incluso se barajó la idea de Marruecos. La iniciativa fracasó. Es una demostración que sí había negociaciones sobre AMIA y que esa era la estrategia de Néstor Kirchner. No se podía hablar con Irán salvo que se hablara de AMIA.
Taiana señaló que en su tiempo de canciller no hubo diálogo con Teherán porque en aquellos momentos se dió la batalla por establecer las ordenes de captura con alertas rojas contra los iraníes. Después de mucho esfuerzo, con todo el apoyo de la Casa Rosada, Nisman y la Cancillería consiguieron que Interpol diera el visto bueno en una votación realizada en Marruecos en la que, por ejemplo, Brasil se abstuvo. Nisman no quería viajar a Interpol, pero fue el gobierno kirchnerista el que se puso firme. En todo el tema AMIA, siempre Cristina tuvo la voz cantante.
La ex titular de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, sostuvo ante Bonadio que ella no estuvo encargada del tema porque estaba con la cuestión de la fragata embargada por los fondos buitres. Pero testimonió que acompañó a Timerman al Congreso a defender el Memorandum desde el punto de vista del derecho internacional.
Habrá que ver cómo sigue el expediente, pero Bonadio no parece haber acumulado pruebas hasta el momento. La firma del Memorandum significó haber hablado con Irán, pero sólo sobre el tema AMIA, como quedó demostrado, ya que no hubo negociaciones ni hechos concretos sobre cuestiones comerciales.
En su búsqueda, el juez le pidió ahora a la fiscalía AMIA, que sucedió a Nisman tras su muerte, veinte discos con conversaciones entre las personas que fueron acusadas por el fallecido fiscal: son llamados de Iussuf Khalil, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Andrés Larroque. De todas las llamadas grabadas a lo largo de ocho años, el propio Nisman seleccionó 300 conversaciones y las usó para hacer la acusación. Descartó unas dos mil conversaciones que ahora pidió Bonadio. En su momento, Rafecas sostuvo que no había nada incriminante en esos diálogos pero el camarista Jorge Ballestero fue aún más demoledor y afirmó que Nisman editó las conversaciones y usó frases de comunicaciones realizadas en determinado momento con comunicaciones concretadas meses después.
La defensa de Timerman, a cargo de los doctores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, recusó a Bonadio por no considerarlo un juez imparcial y, además, porque el magistrado fue apartado en su momento de la causa AMIA. Es decir, Bonadio termina interviniendo en un expediente vinculado al atentado, cuando en su momento fue eyectado por no haber hecho nada durante cinco años.
Pese a estos argumentos, la Sala II de la Cámara Federal confirmó a Bonadio el jueves al frente de la causa. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah –Horacio Cattani está de licencia– se han convertido en confirmadores de cualquier juez que avance contra el kirchnerismo. Irurzun reporta al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y Farah es de la escudería integrada por el ex espía Jaime Stiuso y el sector radical de la ex SIDE, que responde Darío Richarte y Daniel Angelici.
“Siempre en relación con la causa AMIA –señalaron Peñafort y Rúa– la Cámara ha demorado mucho en apartar a los jueces. Tardó casi diez años en apartar a Galeano en la causa principal, y luego otros cinco en apartar a Bonadio en la causa por el encubrimiento. Y cuando los apartó, se anuló buena parte de lo actuado reconociendo la falta de imparcialidad que desde un inicio no admitían. Acá va a pasar lo mismo y seguiremos denunciándola”.
Durante la semana que pasó, hubo un llamativo apoyo a dos de los jueces que intervienen en las causas que se pretenden orientar contra Cristina, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Ambos magistrados fueron convocados a la Legislatura en una conferencia sobre derechos humanos organizada por La Alameda, la ONG que encabeza Gustavo Vera y que es tan cercana al Papa Francisco. El dato que exhibe el apoyo del pontífice es que en la conferencia participó el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano. Es decir que se trató directamente de un enviado del Papa.
Columnistas, fiscales y dirigentes de la comunidad judía cercanos al PRO pronosticaban en junio que las causas por el Memorandum y la que investiga la muerte de Nisman llevarán a la detención de CFK.
La inexistencia de pruebas y de delito parecen indicar todo lo contrario. Sin embargo, la feroz ofensiva político-judicial que tiene por escenario Comodoro Py impide manejarse con certidumbre. La ex presidenta es una obsesión y hay una especie de competencia –como decía la grabación del fiscal Marijuán– por poner a la anterior mandataria “al borde de la detención”.
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