EL PAIS › LA CAMARA FEDERAL DE CASACION DEBE RESOLVER ESTA SEMANA DOS ASUNTOS QUE TRASCIENDEN LO MERAMENTE JUDICIAL

Un par de bretes con consecuencias políticas

Por un lado, el máximo tribunal penal del país debe resolver sobre las excusaciones y recusaciones planteadas en las causas vinculadas a la AMIA, en las que se acusa a CFK. Por otro, debe evaluar el caso de la prosecretaria a la que Juan Gemignani privó de su libertad.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver esta semana cómo sale de dos grandes bretes con consecuencias políticas. Por lo pronto, el intento de reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, quedó el viernes sin jueces que puedan tratarlo dentro del tribunal. Los que pretendían hacerlo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, fueron recusados por la defensa del ex canciller porque ya se habían apartado con anterioridad en un expediente vinculado. Como todos los demás casadores también están excusados o recusados, no es claro aún quién decidirá los planteos. En otro rubro, el martes las y los presidentes de las cuatro salas de Casación se reúnen para evaluar el destino de una “prevención sumaria” que se inició a raíz del episodio en que uno de los integrantes, Juan Gemignani, mandó a detener a una prosecretaria, Amelia Expucci, a quien acusó de incumplir una orden. Lo más increíble es que ese procedimiento se inició para evaluar si la mujer, que estuvo arrestada e incomunicada casi dos horas, cometió alguna infracción. Gemignani, sin embargo, tiene pedido de indagatoria por privación ilegal de la libertad de parte de la fiscal Paloma Ochoa.

El caso Nisman/Memorándum

La denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, en enero de 2015, era un asunto terminado el año pasado, después de que el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal sentenciaran que no había ningún delito en juego y que la Casación convalidara un dictamen fiscal en el mismo sentido. Pero el cambio de gobierno envalentonó a algunos fiscales federales, a la dirigencia de la DAIA y a denunciantes afines y funcionales al macrismo, que volvieron a la carga con el tema por dos vías pero con los mismos argumentos: presentaron lo que promocionaron como “pruebas nuevas” del supuesto encubrimiento en la causa que Rafecas había archivado, pero también hicieron una denuncia aparte con esos elementos que le tocó al juez federal Claudio Bonadio, donde decían que los hechos podían interpretarse como “traición a la patria”. Bonadio en vez de mandarle la denuncia a Rafecas, se la quedó y facilitó así una vía alternativa, a través de un expediente mellizo, con el mismo objetivo político: acusar a la ex presidenta y a su gobierno.

Las evidencias en teoría novedosas eran una grabación entre el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger y Timerman, en la que éste le hablaba al primero con toda naturalidad de la responsabilidad de Irán en el atentado a la mutual judía y le decía que para atrapar a los responsables la única manera era negociar con ese país para que prestaran declaración indagatoria, y que por eso se impulsó el Memorándum. La DAIA presenta ese discurso como una traición bajo la suposición de que todo era para beneficiar a los iraníes. Para Timerman era a todas luces la única manera de lograr destrabar la persecución contra los imputados. El otro elemento señalado por los denunciantes era que había quedado firme la declaración de inconstitucionalidad del pacto dado que el Estado argentino, cuando asumió Macri, desistió del caso. Rafecas y la Cámara Federal rechazaron reabrir la causa, porque no veían nada nuevo. La postura del ex canciller fue siempre la del gobierno argentino desde que fue pedida la captura de los iraníes: acusar a su país. La inconstitucionalidad del Memorándum no implica que sea delictivo, dijeron. De hecho, nunca entró en vigor porque el parlamento iraní no lo aprobó ni implicaba la caída de las órdenes de captura, a menos, como es una obviedad, que los sospechosos fueran atrapados.

Por la apelación del fiscal Germán Moldes (uno de los que lideró la marcha de 18F que apuntó al gobierno de CFK) y de la DAIA, que pretende ser querellante, el expediente llegó a la Cámara de Casación. También llegó el de “traición a la patria”, con un reclamo de Timerman para que se unifique con la denuncia por encubrimiento, puesto que investigan lo mismo. Desde que fueron llegando a la Cámara de Casación, hace años, los primeros planteos vinculados con la causa madre sobre el atentado a la AMIA, radicada en la Sala II de la Casación, la gran mayoría de los jueces se fueron excusando o fueron recusados por vinculaciones de distinto tipo con el expediente. Quedaron apartados en esa causa y luego en la causa por encubrimiento contra los funcionarios del gobierno de Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. El que no tenía amistad con un imputado, había participado alguna vez del caso y así sucesivamente. El hecho es que hasta hace poco las únicas dos que seguían con chances de intervenir eran Ana María Figueroa y Angela Ledesma.

El caso de traición a la patria llegó a la Sala IV, integrada por Gemignani, Hornos y Borinsky. El de la denuncia de Nisman por encubrimiento, le tocó a la sala I, a la que pertenece Figueroa y subrogan dos vacantes, justo Hornos y Gemignani. Para el abogado de Timerman, Alejandro Rúa, era una obviedad que ninguno de éstos dos últimos podría intervenir. La vieja excusación de Hornos, quien fue fiscal de la causa inicial del atentado, decía expresamente que se excusaba “en las causas relativas al criminal ataque terrorista a la sede de la AMIA y la DAIA y respecto de los procesos en los que se investigan delitos cometidos en su tramitación”. Borinsky alegaba relación con uno de los fiscales imputados. Sorpresivamente, este año cambiaron de idea y decidieron intervenir en todos los planteos vinculados con AMIA. En el de “traición a la patria” no sólo rechazaron un pedido de inhibición de Rúa, sino que la semana pasada decidieron que la causa de Bonadio podía seguir su curso. Sobre el final de la semana, planeaban adentrarse en la denuncia de Nisman, cuando fueron recusados, otra vez por la defensa de Timerman.

Alejandro Slokar, presidente de Casación, Borinsky, Gemignani y Figueroa fueron nombrados en 2011 como jueces de esta cámara, por concurso. Slokar, discípulo de Raúl Zaffaroni, venía de trabajar en el Ministerio de Justicia, entre otras cosas en la Unidad AMIA; Borinsky era fiscal titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, tenía buen vínculo con el ex procurador Esteban Righi y su nombramiento lo alentó la DAIA; Gemignani, radical de origen, hijo de un juez santafesino, venía de la actividad privada; Figueroa nunca había trabajado en tribunales, sino siempre como abogada en temas de derechos humanos en Rosario y en el Archivo Nacional de la Memoria. De todos ellos, Borisnky es el que mejor relación tiene con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien inspira parte de la ingeniería de causas contra el gobierno anterior con la excusa de alentar políticas contra la corrupción. Hornos integra la Casación desde 1995, con gran capacidad de adaptarse a cada época. Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Pedro David fueron nombrados cuando se creó el tribunal, en 1992. De éstos últimos cuatro, ninguno llegó por concurso. Riggi había sido denunciado por maniobras en el sorteo de jueces de Casación en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra que apuntaban a beneficiar a José Pedraza. Era nombrado en escuchas escandalosas, pero la imputación no avanzó lo que habría sucedido gracias sus vínculos con la escudería del ex jefe operativo de la ex Side Antonio Stiuso.

Sobre el final de la semana pasada la jueza Figueroa denunció, al presentar su excusación, que los grandes medios, empezando por Clarín, pretendían presionarla con la publicación de información falsa, que aludía a una supuesta maniobra para que la denuncia de Nisman quedara a decisión de dos juezas que describía como kirchneristas, en alusión a ella y a Ledesma. No quedaba claro si el mote de kirchneristas era porque fueron nombradas tras concursar, una por Néstor Kirchner y la otra por Cristina, o por decisiones que hubieran tomado. Lo que está claro es que la DAIA también lanzó críticas indirectas apoyándose en las sospechas que sembraba Clarín. La entidad pidió la confirmación de los integrantes de la Sala I, con especial interés en Borinsky y Hornos, después de que la semana pasada anotaran un poroto de su agrado al ratificar la continuidad de la causa de Bonadio. Ellos sostienen que esta causa no tiene conexidad declarada con las demás sobre AMIA. Desde el otro lado, la defensa de Timerman teme que ambos sigan perjudicando a su cliente.

Al recusarlos de intervenir en la Sala I, Rúa recapituló todas las recusaciones y excusaciones desde que comenzó el caso AMIA, como hizo también Figueroa el jueves. Según ese listado y una certificación que ya había entregado la Sala II, que es la que tuvo originalmente la causa sobre el atentado, no quedarían jueces disponibles, ni para resolver la excusación de Figueroa ni la recusación de Hornos y Borinsky. Lo habitual, en casos así, es que el presidente de la Cámara, Slokar en este caso, decida el camino a seguir. Son altas las chances de que haga intervenir a la Cámara de Casación Penal porteña, que interviene en delitos comunes. La semana pasada el fiscal de Casación, Javier De Luca, dictaminó que no se debe reabrir la denuncia de Nisman y que la DAIA no pude ser querellante porque carece del poder que le debe dar su Consejo Directivo, pero la última palabra es del tribunal. Mientras se mantenga en suspenso toda esta situación, lo que se prolonga es un estado de sospecha sobre CFK, Timerman y otros funcionarios implicados, que es lo que más les interesa a la DAIA y al gobierno de Macri. El titular de la Corte Suprema alienta la hiperactividad en Comodoro Py. Como está a la vista, prevalece la pelea política y no parece prioridad esclarecer el atentado.

#MachoMenos

El episodio del camarista Gemignani con la prosecretaria Expucci ocurrió en el último día de la feria judicial de invierno. El juez estaba de turno. Ella también. El la mandó a hacer un inventario de material informático que había en una sala de audiencias. En el tribunal todo el mundo sabía que esas “cajas” eran objeto de una discusión entre el juez y Figueroa, porque las había enviado el Ministerio de Planificación. Expucci le dijo que no estaba entre sus tareas previstas en la feria inventariar nada y que en todo caso le pidiera permiso a su jefe, Riggi. Gemignani montó en cólera al no lograr su objetivo, levantó la voz e hizo detener a la joven funcionaria durante casi dos horas en el destacamento de la parte trasera de Comodoro Py. La denunció por desobediencia, pero el juez que recibió la denuncia, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberarla. Ella, cuando recobró la calma lo denunció a él.

La causa está a cargo de la fiscal Ochoa y del juez Rodolfo Canicoba Corral. Ochoa pidió la indagatoria de Gemignani por privación ilegítima de la libertad lo describió como un caso de violencia de género con abuso de poder. El colmo, como publicó este diario el domingo último, fue que el juez recusó a Ochoa por haber participado de las protestas de Ni Una Menos en Comodoro Py, el día de la masiva marcha del 19 de octubre tras el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Interpretó que era un “escrache” contra su persona que ella lideró en el edificio de tribunales, cuando todo el país sabía que era una protesta nacional.

La otra cara disparatada de la historia es que dentro de la Cámara de Casación Penal no fue Gemignani quien entró bajo estado de sospecha sino Expucci. En una votación dividida, pero votación al fin, con posterioridad a los hechos, los jueces decidieron iniciar una “prevención sumaria”, que es una investigación previa a iniciar o descartar un sumario, en este caso contra la prosecretaria que estuvo arrestada. Votaron por hacerla los jueces Riggi, Catucci, Borinsky y el propio Gemignani. Figueroa, Slokar y Hornos se pronunciaron en contra. La instrucción de esa prevención la realizó Slokar, como titular del cuerpo, con el secretario general, Javier Carbajo, como “actuario”. El martes pasado los jueces se reunieron para ver qué hacer con el asunto y postergaron su decisión por una semana más. Los que deben decidir son los presidentes de las Salas y Slokar. Gemignani se apresta a opinar como si no tuviera nada que ver. En la evaluación, si los jueces tuvieran voluntad de profundizar podrían tener en cuenta si la actitud del juez tuvo asidero y motivos, más allá de poner en duda la negativa de la chica a cumplir una indicación. También deberían analizar si es razonable y proporcional encarcelar a una secretaria por no querer hacer un inventario.

Es imposible ignorar que el caso creció en gravedad a medida que avanzó la causa penal y el juez alimentó un repertorio de sesgo machista y patriarcal que parecería darle la razón a Ochoa. Se supone que la causa penal va por un lado, y la actuación sumaria por otro. Pero para cualquier persona ajena a la lógica judicial que ve el tema de afuera, es todo lo mismo. En ambos casos, la situación de un juez, depende del análisis de sus colegas. Los tribunales –y Casación es el más alto tribunal penal– ofrecen modelos de cómo se imparte justicia, abordajes sobre la violencia contra las mujeres (cuando se la reconoce como tal) y la esencia misma de los sistemas de dominación. Ahí la enorme importancia política de este tema.

Casualidad o no, Gemignani es el juez que el año pasado había escrito un voto para declarar la inconstitucionalidad del Memorándum de entendimiento con Irán donde instalaba la idea de que los funcionarios que lo impulsaron podrían haber incurrido en traición a la patria. Ese fallo finalmente no fue firmado pero, como recuerda Figueroa, el borrador fue presentado por el periodista de Clarín Daniel Santoro al fiscal Gerardo Pollicita, quien interviene en la causa por la denuncia de Nisman. La idea fue aprovechada, como quedó claro, en otras denuncias que apuntan a desacreditar y castigar penalmente Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo una preocupación histórica, desde sus tiempos de senadora, por el atentado a la AMIA, y durante cuyo gobierno se aprobaron numerosas iniciativas y normas claves sobre derechos de las mujeres, entre ellas Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, señalada por la fiscal Ochoa para imputar a Gemignani.

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