[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Gendarmería, que castigó al comandante Pablo Silveyra por denunciar un delito ante la Justicia, no pidió ayer ninguna información a la Secretaría de Derechos Humanos para determinar la participación de dos miembros de su cúpula en el terrorismo de Estado. Tampoco lo hizo la Secretaría de Seguridad Interior, según pudo establecerlo este diario. Un vocero oficial de la fuerza incluso dejó sin respuesta la pregunta de Página/12 sobre si el comandante general Enrique Della Gaspera y el comandante mayor Carlos Omar Farías estuvieron en la Escuela de Suboficiales de Jesús María en los primeros años de la dictadura.
Este diario publicó ayer que Della Gaspera es director de Logística y Farías nada menos que encargado de Asuntos Internos de la Gendarmería.
Un testimonio recogido por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas refiere que en el campo de concentración de La Perla actuaban “como jefes de operativos el primer alférez Della Gaspera y el alférez Farías, todos de la Escuela de Suboficiales de Jesús María”.
Un retirado de la Gendarmería que pidió reserva de su nombre aseguró a Página/12 sin ningún margen de duda que aquellos jóvenes Della Gaspera y Farías son los actuales veteranos del mismo apellido.
Dijo que un alférez de 1976 o 1977 bien puede ser hoy un comandante mayor, y que un primer alférez perfectamente puede estar aún en actividad como comandante general.
Existe la posibilidad teórica de que sean homónimos. Sin embargo, ni la propia fuerza ni la Secretaría de Seguridad Interior informaron ayer que hubieran comenzado una pesquisa interna para determinar si se trata de las mismas personas y, en ese caso, pasarlas a retiro o denunciarlas a la Justicia por violaciones a los derechos humanos.
Los miembros de una fuerza conocen no sólo los detalles sino la importancia histórica de determinados destinos. Por ejemplo, en la Policía Federal puede ser sospechoso haber revistado en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976 o 1977, porque allí funcionaba un centro clandestino de tortura. Un caso famoso es el comisario retirado Carlos Gallone, amigo del ya también retirado Jorge “El Fino” Palacios. Gallone fue uno de los jefes de la Superintendencia.
El testimonio publicado ayer por Página/12, que está en poder de la Conadep con reserva de la identidad del denunciante, abundaba en detalles y en nombres.
Decía que un día se escucharon tiros cerca de la Escuela de Suboficiales y un oficial argumentó que enviaría un contingente en un camión a reforzar la guardia por una presunta incursión guerrillera. El camión regresó solo después de media hora. Venía dentro de él el alférez Farías “con el uniforme sucio”, según el testimonio, pero se calló la boca. El que habló fue un gendarme de apellido Pérez. Dijo que habían inventado un intento de fuga para tener la excusa como para matar a un grupo de guerrilleros presos. En la operación participó otro alférez, de apellido Montes de Oca, que en el testimonio fue visto cuando intentaba enterrar con su bota la mano de un cadáver.
–Los legajos están en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos –dijo a este diario un vocero oficial de la Gendarmería.
–¿Usted me dice que la Gendarmería no tiene los legajos completos de su personal? –fue la pregunta.
–Están en el ministerio –fue la respuesta automatizada del oficial a cargo de la transmisión.
–¿Acaso no se puede saber cuál es la foja de servicios de los comandantes Della Gaspera y Farías?
–Voy a averiguar.
La respuesta, hasta las 12 de la noche, no había llegado. Y era sencillo: los legajos están en el subsuelo del edificio Centinela. El problema es que ayer la cúpula se interesó más en dirimir si lainformación publicada por Página/12 era una operación de algún sector –un absurdo, porque toda la información podía chequearse en la propia fuerza y en la Justicia federal– y en disimular el malestar interno. Oficiales de menor graduación y suboficiales de la misma sede de Gendarmería fotocopiaron las notas de ayer y las distribuyeron entre sus compañeros.
En el 2002, Silveyra se enteró de la existencia de un cargamento de cigarrillos incautado por la Gendarmería que estaba depositado en Campo de Mayo y no había sido totalmente destruido. Más aún: investigó y acumuló pruebas que demostraban la venta de buena parte de esos cigarrillos por parte de personal de la fuerza de seguridad.
Silveyra presentó una denuncia ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y después hizo una ampliación de denuncia. La ampliación fue presentada a fines de mayo. En los primeros días de junio sufrió el primer castigo por parte del director general de entonces, Hugo Miranda.
Miranda ni siquiera fue echado por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de entonces, Juan José Alvarez. El ministro aceptó el pedido de pase a retiro del director y lo convirtió en su asesor personal. Una salida elegante que contrastó con la persecución contra Silveyra de una junta especial integrada, entre otros, por el comandante Eduardo González, actual número uno, y el comandante Gerardo Chaumont, actual número dos. El informante de la junta según la que Silveyra no era apto para desempeñar las funciones de su grado fue Enrique Della Gaspera. Es la misma persona que hoy ocupa la Dirección de Logística. El mismo apellido que a principios de la dictadura participó de un asesinato en masa.