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Entre los latiguillos jurídicos más recurrentes de estos tiempos, dos destacan tanto por la insistencia con la que son invocados como por su sorprendente vacuidad. Uno de ellos dice que “todos los derechos tienen su límite”, y el otro, hermano del anterior, busca precisarlo con la idea de que “los derechos de cada uno terminan donde comienzan los derechos de los demás”. Como suele recurrir con todas aquellas ideas que comienzan a repetirse en cada lugar (desde las páginas de los periódicos hasta la farmacia o el supermercado), cabe detenerse a pensar en ellas para ver qué es lo que nos quieren decir realmente, si es que quieren decirnos algo, y qué es lo que no nos dejan ver.
Ante todo, ambas nociones apelan a nosotros buscando un acuerdo fácil: son tan generales y vagas y abiertas que parecen difíciles de refutar. ¿Cómo y por qué salir a contradecir afirmaciones tan abstractas? Sin embargo, tanto dentro de la comunidad jurídica como afuera de ella, se recurre a reales reclamos para inmediatamente, y sin estación intermedia, justificar la restricción de algunos derechos –los de los otros–. Aquellos paraguas que parecían cobijarnos a todos empiezan a mostrar entonces su sentido real. Conviene así pensar con más cuidado sobre el tema, antes que dejarnos arrastrar por la inercia habitual. En primer lugar, la idea de que todos los derechos tienen su límite resulta mucho menos obvia de lo que parece. Seguramente, todos diríamos que el derecho de los niños a no ser torturados, o el de cualquiera a no ser sometido involuntariamente a un estado de esclavitud son y merecen ser todo lo ilimitados que un derecho pueda ser. Nada de límites para ciertos derechos básicos, entonces. Pero sigamos. “El derecho de quienes protestan termina donde empieza el de los demás”, escuchamos a diario. Bien, cabría preguntarles a muchos de quienes hablan en esos términos: dónde es que empieza mi derecho –constitucionalmente protegido– a participar en las ganancias de su empresa, en donde trabajo. ¿No será que su derecho se ha extendido demasiado? Y mis derechos –también protegidos por la Constitución– a controlar la producción de su empresa o el de participar en la dirección de ésta, ¿estarán encajando bien con su derecho a ejercer toda industria lícita? ¿O será que en estos extraños casos su derecho termina donde el mío ni siquiera empezó? ¡Curioso el caso de los derechos limitados por los derechos de los demás! ¡Algunos derechos tan resistentes y otros que se deshacen de sólo mirarlos!
Ocurre que la realidad jurídica de todos los días nos dice que, permanentemente, nuestros derechos entran en colisión; existen reclamos sensatos de su parte y reclamos sensatos de la mía. Y entonces no queda otra solución que sentarse a pensar cuál derecho se queda y cuál se va, cuál derecho se recorta y cuál queda incólume. No es cuestión, entonces, de negar lo que ocurre tan habitualmente –que nuestros derechos pueden pelearse por el mismo espacio–. No es cuestión, tampoco, de “cortar ambos derechos por la mitad”. Lo razonable es ver qué buenas razones hay de cada lado y empezar a remover o recortar derechos procurando el menor daño posible para cada parte. Mucho menos se trata de hacer lo que se hace hoy: invisibilizar ciertos derechos, como si sólo tuvieran o merecieran tener fuerza los derechos de algunos, como si los derechos a la alimentación, al vestido o a la vivienda de otros no fueran, en definitiva, importantes de verdad.
Quizá, la razón por la que tantos jueces, empresarios, periodistas o automovilistas se aferran a invocaciones finalmente tan pobres sobre los derechos no sea su ignorancia o pereza. Tal vez la razón sea que saben que cualquier discusión seria sobre los derechos –cualquier discusión que trascienda el mero palabrerío ruidoso– no los deja situados en el mejor lugar. Tal vez reconozcan, íntimamente, que los derechos que invocan indignados pesan demasiado poco a la luz de otros más básicos; tal vez intuyan que sus robustos derechos se basan en el consistente atropello de los derechos del resto; tal vez sospechen que no hay justicia en el mundo que soporte la pérdida de ciertos derechos, digamos, la falta de abrigo o comida caliente, cualquier día de este invierno.

* Constitucionalista. Docente en la UTDT.