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Tal vez la Justicia no vaya a ser la mejor en 2006, como decía aquel viejo slogan publicitario, pero seguro va a resultar más cara que este año, porque la Corte Suprema fijó ayer un presupuesto para el funcionamiento del Poder Judicial durante el próximo ejercicio que casi duplica al que actualmente tiene asignado y que excede los “techos presupuestarios” establecidos por el Ejecutivo. El aumento fue acordado por todos los supremos, quienes lo justificaron en la necesidad de superar el “colapso edilicio” y a cubrir un “nivel de necesidades mínimas” que garantice el buen funcionamiento del sistema judicial y preserve “el principio de separación de Poderes”. Aunque la Corte pidió que le confieran casi 1500 millones de pesos, la cifra definitiva surgirá durante la discusión de la futura Ley de Presupuesto en el Congreso.
El presupuesto que la Corte resolvió pedir que se le asigne a la Justicia para el año próximo comprende todo lo relativo al funcionamiento del sistema judicial, incluido lo que le corresponde al Consejo de la Magistratura, con el cual el máximo tribunal disputa el manejo de los fondos de ese Poder. El monto exacto que fijaron los jueces que la integran es 1.496.969.592 pesos, contra los 884 millones que le adjudicó el Congreso para 2005.
La demanda presupuestaria de la Corte para 2006 quedó establecida formalmente en la acordada que sus miembros firmaron ayer después de recibir por primera vez al nuevo ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Funcionarios de esa cartera aseguraron a Página/12 que durante ese encuentro se habló del presupuesto, pero que Iribarne no fue informado sobre el monto que finalmente se fijó y adelantaron que tratarán de no quedar involucrados en el asunto. “El que tiene que resolver –aclararon– es Alberto Fernández. A lo sumo, actuaremos de polea de transmisión.”
La palabra final sobre el presupuesto la tiene el Congreso, aunque las facultades especiales que año tras año se le confieren al jefe de Gabinete lo habilitan a reasignar las partidas presupuestadas. Así fue como el Ejecutivo le cedió en junio pasado a la Corte unos 500 millones que eran manejados por el Consejo de la Magistratura, una medida que fue tildada de inconstitucional por los consejeros y que reavivó la disputa entre ese cuerpo y el máximo tribunal por el manejo de los fondos de la Justicia. De hecho, a fines del año pasado la Corte y el Consejo de la Magistratura mantuvieron un duro enfrentamiento, cuando dispusieron en forma simultánea aumentos para jueces y empleados judiciales.
La cifra pautada por la Corte contempla ingresos por coparticipación, tasas de justicia, recursos no tributarios y excedentes de ejercicios anteriores. Según explica la acordada, para hacer el cálculo fueron recabadas “las necesidades físicas y financieras de las distintas áreas” con la premisa “de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de la manera más eficiente”.
Los miembros de la Corte precisaron también que así se fijaron “los valores impostergables que aseguren el accionar de la Justicia”, que se contraponen con “los denominados ‘techos presupuestarios’” establecidos por la Jefatura de Gabinete y que resultan “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas”. Y advirtieron: “Una inadecuada asignación de créditos para el Poder Judicial de la Nación afecta el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Nacional, al no dotársele de los recursos indispensables para el cumplimiento de la indelegable e independiente misión de administrar justicia, que exige el respeto y la consolidación del sistema republicano de gobierno.”
Entre otras cosas, a la hora de elaborar el pedido la Corte contempló los fondos para “la incorporación de cargos para la Cámara Nacional Electoral, los necesarios para la creación de la Oficina para la Atención de Violencia Doméstica, la habilitación de cargos de nivel de ingreso para aquellas personas a las que se denomina ‘personal meritorio’ y lassuplencias”. Además, incluyó en el cálculo las erogaciones para “la compra o construcción de un nuevo edificio para la Morgue Judicial”.