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El crimen de la jueza Silvia Maluf de Christin, que ayer fue castigado con la destitución por el poder político de San Luis es haber afirmado que el entonces gobernador y hoy candidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá avasallaba a la justicia. El presidente del jury de Enjuiciamiento fue antes apoderado de Rodríguez Saá en la causa del motel “Y no C”. En 1998 ya habían sido separadas de sus cargos las juezas Adriana Gallo y Ana María Careaga y ha sido acusada su colega Alicia Neirotti de Lucero. Todas ellas firmaron una declaración en la que adherían a una solicitada del Colegio Público de Abogados que denunciaba la crisis judicial debida a la ingerencia política. El Colegio pedía además la intervención federal, pero las juezas sólo adhirieron a sus considerandos.
Al mismo tiempo, otro jury político suspendió en Salta al juez Roberto Elio Gareca, que de este modo no podrá fallar antes de fin de año, como había anunciado, una causa contra Gilberto Enrique Oviedo, acusado de contratar con su propia empresa constructora obras por decenas de millones de dólares cuando era ministro del gobernador y candidato vicepresidencial Juan Romero. Uno de los miembros del jury es el abogado de Oviedo, Arnaldo Estrada, un ex asesor que fue expulsado de la legislatura, cuando se descubrió que había conseguido empleo en el Senado para su esposa, sus dos hijos, su yerno, su sobrina, su sobrino y su secretario en el estudio privado, quienes se llevaban 36.000 dólares mensuales. La principal acusación contra Gareca es haber hablado con la prensa sobre temas de interés público. Delito de opinión, igual que en el caso de Silvia Maluf.
Para ser reelecto, Rodríguez Saá reformó la Constitución. A cambio aceptó crear un Consejo de la Magistratura. Pero pronto lo redujo a la nada: si al gobernador no le gusta la terna, el Consejo debe someterle otra propuesta. El jefe de policía organizó una amenazante marcha sobre el Palacio de Tribunales y el diario que dirigía la hermana del gobernador montó fotos de los rostros de los miembros del Superior Tribunal sobre cuerpos en calzoncillos y con gorras militares. Cuatro de los cinco se asustaron tanto que dejaron sus cargos vacantes para que Rodríguez Saá los llenara a su gusto.
Rodríguez Saá también disolvió los Colegios de abogados y procuradores, que elaboraban las nóminas para el sorteo de los miembros del jurado de enjuiciamiento y controlaban la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, donde ya no queda espacio para disidencias, como lo demostró el fallo unánime de ayer.
Cuando los abogados representaron las exequias de la Justicia con un féretro negro, sobre el que colocaron la balanza emblemática, en San Luis pocos se enteraron: el único canal de televisión abierta es propiedad del Estado provincial, lo cual completa un modelo impenetrable.