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El informe de la Comisión provincial por la Memoria generó respuestas de parte de funcionarios del gobierno de Felipe Solá. El secretario de Derechos Humanos, Remo Carlotto, adelantó la posibilidad de que sean puestos en situación de “disponibilidad” aquellos miembros del Servicio Penitenciario que estén implicados en abusos contra presos. El ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, admitió que la superpoblación carcelaria “repercute en el funcionamiento de los penales y en la calidad del servicio”, pero aseguró que el gobierno provincial se comprometió a revertir esa situación. El informe “no da cuenta de las acciones que llevamos adelante, como por ejemplo la creación del Comité de Control de las Fuerzas de Seguridad, un organismo en el cual trabajamos junto al Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos”, se quejó el ministro. La respuesta está “en el trabajo que hemos dado con la intervención, con el anuncio del gobernador de construcción de 5688 nuevas plazas carcelarias y en la cantidad de sumarios internos abiertos para sancionar a los que no cumplen con la ley”, agregó.