Dom 14.10.2007

EL PAíS • SUBNOTA  › OPINION

Un lobo con paraguas

› Por Mario Wainfeld

La anécdota es referida en el libro Cristo Revolucionario, del historiador Lucas Lanusse. Ocurrió durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina, bajo la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. Un conflicto sindical paralizaba las obras del complejo El Chocón. Los gobiernos nacional y neuquino se obstinaban en minar el apoyo popular que tenían los trabajadores, también acompañados en su reclamo por curas ligados al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). La huelga se castigó con represión. En ese contexto, la empresa pretendía inaugurar una capilla en el pueblo. El obispo Jaime de Nevares se opuso, adujo que era “una farsa” construir una capilla en Villa Permanente mientras no se llevaran las relaciones laborales “con sentido cristiano”. El poder político, ilegal, se valió de un gambito: apeló al vicariato castrense para bendecir el templo. Victorio Bonamín, futuro profeta del terrorismo de Estado se encargó de la tarea, avalado (la Iglesia es una institución vertical) desde arriba.

La imbricación entre las dictaduras y la jerarquía eclesiástica, cifrada (pero no confinada) en los vicariatos castrenses, es una larga, nefasta y coherente tradición.

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Christian von Wernich comenzó su sermón en La Plata señalando un crucifijo que dominaba la sala de audiencias. “Me parece que lo cambiaron desde que empezó el juicio –propuso, socarrón–, el otro era más chico.” El acusado puesto en inquisidor reprochaba hipocresía a sus juzgadores. Por vía sinuosa destacaba algo relevante. El sociólogo Fortunato Malimacci (cristiano militante, especialista en sociología de la religión) dio vuelta el argumento en nota publicada el miércoles en Página/12. Con tino republicano interrogó: “¿Hasta cuándo será un salón sacro un tribunal de justicia?”. La libertad de cultos no debe confundirse con la imposición de un credo, precisamente en un ámbito público.

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Frío como Von Wernich, el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) eludió mencionar a las víctimas. Los exégetas-apologistas que son voceros mediáticos de la jerarquía no repararon en esa omisión estruendosa, plena de significado. Torrentes de tinta reinterpretaron un texto de diez líneas y no dieron cuenta de esa carencia que todo lo explica.

El diario La Nación, fiel a su línea histórica de treinta años que se moteja “periodismo independiente”, asumió la defensa vicaria del acusado. Se preocupó en un editorial por el tratamiento mediático del tema. Echó mano a una metáfora que se las trae. Habló de la “muchedumbre anónima e iletrada”, una alusión algo severa para quien hace un tópico de la libertad de prensa. En otros casos, se habla de “opinión pública” y se la endiosa.

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¿Le dará Von Wernich la comunión a Miguel Etchecolatz en la cárcel? Suena chocante pero las leyes canónicas lo facultan para hacerlo, de momento. El obispo de su diócesis, Martín de Elizalde, se tomará un tiempito para resolver si lo suspende, diz que esos trámites son trabajosos. Sin embargo, las propias reglas facultan para imponer sanciones temporarias que eran lo mínimo esperable.

Ayer mismo, informa la agencia AP, en el Vaticano se suspendió transitoriamente de sus funciones administrativas a “un monseñor” cuyo nombre se reservó, después de que confesara haber mantenido relaciones homosexuales. Algunas faltas producen reflejos más expeditivos que la comisión probada de decenas de crímenes atroces, todos ellos pecados capitales.

Elizalde, chimentan los que conocen ciertos pasillos, es un obispo cercano en pensamiento a Esteban Caselli, ese laico tan influyente que ahora hace campaña por Ramón Puerta en Misiones.

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La burocracia es un modo de memoria, también un bastión de las organizaciones. Si se aspira a la longevidad, a la vigencia ultrageneracional, los archivos se conservan y se resguardan. Lo sabe el último escribiente que atiende en mesa de entradas, lo sistematizó Max Weber.

Esa lógica institucional, que lleva veinte siglos de vida, echa luz sobre una deuda fenomenal de la jerarquía de la Iglesia argentina. Es revelar la información que atesora sobre el terrorismo de Estado. En su reciente novela El Camarada Carlos, la escritora Alicia Dujovne Ortiz revela cómo investigó la vida de su padre expurgando en la Rusia actual archivos del comienzo de la revolución socialista. Pasaron casi cien años, guerras, la revolución, la Perestroika... y los papeles siguen allí.

En Sevilla cualquier paseante puede darse una vuelta por el Consejo de Indias y asombrarse de la cantidad de documentos que se guardan del imperio español, siglos ha. El proverbial conservacionismo de las burocracias podría tener una utilización virtuosa.

La reconciliación es por esencia bilateral. La que pide la derecha argentina es pura renuncia de las víctimas y defección del Estado. Sus invocaciones son, bien leídas, facturas emitidas a los otros. No las completa ningún aporte ni esfuerzo propio. Develar parte de lo que se sabe sería una señal en pos de la verdad, aunque no de la plena justicia que se construirá en los estrados de la sociedad civil.

Los organismos de derechos humanos han pedido ese gesto a la Iglesia, jamás tuvieron respuesta positiva. Hablamos de decenas de miles de personas desaparecidas, insepultas. El cristianismo honra a los muertos, propone ritos y normas para su cuidado y evocación como todas las religiones y todas las culturas.

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Llegó la tercera condena tras la anulación de las leyes de la impunidad. El trabajoso devenir de las causas remarca una carencia de la auspiciosa etapa abierta por la consistente política oficial en materia de derechos humanos. El cambio cualitativo habilitó un escenario nuevo, con exigencias jamás imaginadas. Tal como le ocurre en otras áreas de su gestión, el Gobierno no se dio maña para hacerse cargo de esas tareas, novedosas y exigentes.

Deben garantizarse condiciones materiales y legales para que muchos procesos se realicen con relativa celeridad, ante tribunales debidamente integrados y respetuosos de las garantías constitucionales. La misión es elaborar una ingeniería procesal que acumule causas para evitar dispendio de actividad, repetición de los testimonios, grandes procesos con un solo acusado que se repetirán casi con carbónico con otros. El Ejecutivo tiene mucho que hacer en ese rumbo, amén de apostrofar a los jueces o constituirse como querellante. Entre otras cosas, ponerse al día con la designación de magistrados, frenada por un embotellamiento pampa en la Casa Rosada.

El Poder Judicial y en especial su cabeza, la Corte Suprema, también están en falta. La Corte empezó a repararla exigiendo a la Cámara de Casación que destrabe recursos que no ha resuelto en años y que impiden el desarrollo de la megacausa ESMA. La acción debe ser bienvenida aunque llega cuanto menos un año tarde, sin fijarle plazos al tribunal remolón. La Corte fue más drástica y precisa con los otros poderes del Estado en la causa del Riachuelo.

Las Asociaciones de Magistrados, muy celosas ante lo que leen como atropellos a la legalidad cuando provienen de extramuros, podrían ponerse las pilas y pronunciarse respecto de sus propias ovejas negras.

Ay, las corporaciones, las corporaciones.

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En las páginas de este diario la periodista Sandra Russo y el escritor Rolando Concatti (que integró el MSTM) escribieron agudas variaciones sobre la banalidad del mal. Vayan unas líneas más en ese empeño.

Visto por tevé, Von Wernich habilita las miradas más descalificadoras: es altivo, tiene fuego en la mirada, invoca autoridad todo el tiempo, es psicópata hasta para tomar agua. Y sin embargo, no fue un lobo solitario y descarriado. El hombre dio en la tecla cuando se guareció bajo el paraguas de la institución que lo cobija, que ahora gambetea expedirse sabiendo lo que hizo y que en su momento no podía ignorar lo que estaba cometiendo. Seguramente sus condiciones personales propiciaron que se ocupara por mano propia de tareas materiales violentas, como hicieron sus compañeros de armas. Pero la dictadura no fue una asociación ilícita. Fue un proceso político con fines determinados, que se plasmaron incurriendo en genocidio. Algunos emergentes se ponen en el banquillo de los acusados. Deben ser juzgados, todos y cada uno. Y condenados si hay pruebas suficientes.

La memoria y la justicia son imprescindibles como tránsito a una etapa superadora. La reparación plena podrá, eventualmente, alcanzarse con años y años de democracia, de libertad, de pluralismo, de respeto a las leyes locales e internacionales. Nunca se sabrá cuándo llega, lo importante es el empeño en buscarla y en construir una sociedad mejor a través de medios acordes con tan sublimes fines.

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