SOCIEDAD

La voz de la Cooperativa de vivienda Carlos Mugica

Agrupa a 3 mil familias de Hurlingham. A través de sus protestas y su afiatada organización logró que los gobiernos le cediera terrenos. Su próximo objetivo: 200 hectáreas de un predio de Castelar.

 Por Luis Bruschtein

“Hasta ahora nos paramos en la subida de Vergara al Acceso Oeste, pero si no nos escuchan vamos a cortar directamente la autopista”, afirma Feliciano Fernández, instalado con otras 300 personas en el corte de ruta. Fernández es presidente de la cooperativa de vivienda Carlos Mugica, que agrupa a tres mil familias de Hurlingham y que reclaman un predio de 200 hectáreas actualmente sin uso, que pertenecen al INTA de Castelar. Han hecho todos los trámites que les exigieron, tres proyectos legislativos, uno en el Congreso de la Nación y otro en el bonaerense, hablaron con ministros y obispos, tomaron la Catedral de Buenos Aires y ahora se disponen a cortar la autopista.
“Nosotros creemos que la gente debe organizarse para resolver sus problemas y uno de los principales es el de la vivienda, por eso empezamos con la cooperativa en 1995”, señala Lisandro Bormioli, secretario de la cooperativa. “Organizamos reuniones con la gente que tiene este problema, se realizan asambleas y se eligen dos o tres representantes y se busca un local. A partir de las discusiones se diseña el proyecto y se plantea a las autoridades.”
Ninguna de las funciones en la cooperativa es rentada. Se comenzó cobrando dos pesos por asociado, después tres y ahora es lo que pueda cada quien. De esa forma lograron en ese año que se les cedieran terrenos colindantes con el Acceso Oeste, a la altura de Ciudadela, para construir un barrio con casitas para 700 familias. Las viviendas se construyeron con créditos al dos por ciento anual de 25 mil pesos que otorgaba el FONAVI.
“Esas casas ahora valen mucho más –explica Fernández– y las presiones de las inmobiliarias son fuertísimas. Mucha gente hace uno o dos años que está sin trabajo, no puede pagar los servicios y al final terminó vendiéndolas.”
Después de esa experiencia, la cooperativa llegó a la conclusión de que los proyectos debían incluir también respuestas al problema del desempleo. Los miembros de la cooperativa provienen de sectores medios bajos, además de habitantes de asentamientos. “Tenemos tres mil familias asociadas y cerca de la tercera parte tiene empleos precarios o directamente está desocupada”, puntualiza Bormioli.
Con los 25 mil pesos que el FONAVI paga a las constructoras, la cooperativa asegura que, además del costo de las viviendas se podrían organizar una infraestructura de servicios a través de cooperativas que darían trabajo permanente. Plantean que con ese gasto se podría organizar una cooperativa eléctrica y una constructora de los bloques de hormigón inyectado con los que se levantarían las casas del barrio. Cada bloque cuesta 1,80 pesos y ellos aseguran que podrían hacerlos por 0,80. Con lo que ahorran en la construcción del barrio se amortizarían las máquinas que deberían comprar y la cooperativa seguiría vendiendo por fuera del barrio una vez que éste se haya terminado. Ese capital alcanzaría también para crear una cooperativa de transporte y un sistema de comercialización en el barrio.
El predio que reclaman son 200 de las 700 hectáreas que tiene el INTA de Castelar y que en varias oportunidades estuvieron a punto de ser cedidas para la construcción de barrios cerrados o countries. Cuando el INTA hacía trabajos de aplicación tecnológica, esas tierras solían ser utilizadas, pero desde hace 15 años el INTA se limita a la investigación y producción de conocimiento.
En el año 2000, la cooperativa hizo una movilización hasta el Congreso y logró que un grupo de diputados presentara un proyecto de ley para ceder esas tierras. Lo firmaron Camaño, Humberto Roggero, Saúl Ubaldini, Hugo Fondevila y Mario Cafiero. Después hubo otro proyecto, que presentaron los legisladores Alfredo Villalba, Marcela Bordenave, Ricardo Vago y Bárbara Espínola para declararlo de interés nacional. A partir de allí realizaron decenas de trámites que supuestamente contaban con el apoyo de todos los que entrevistaban, incluyendo al entonces intendente Juan José Alvarez, actual secretario de Seguridad, a Juan Pablo Cafiero y hasta el obispo Jorge Casaretto, pero el proyecto no salía. Cortaron rutas y tuvieron nuevas entrevistas sin que hubiera respuestas, tomaron la Catedral de Buenos Aires y desde el 22 de enero se apostaron en la subida de Vergara al Acceso Oeste. El 23 de enero un grupo de personas armadas amedrentó a uno de los socios que se encontraba en el local de Hurlingham y les advirtió “que en Hurlingham no se jode”. Ahora se aprestan a correr las carpas y cortar el Acceso Oeste para hacer oír su reclamo.

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Con esfuerzo y lucha, los miembros de la Cooperativa de vivienda Carlos Mugica lograron sus objetivos.
 
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