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La Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes denunció ayer la investigación por el asesinato del comisario retirado Jorge Piazza, a quien capturaron en una de las avenidas más transitadas del Gran Buenos Aires a plena luz del día y siete horas más tarde lo obligaron a arrodillarse en un predio de la Bonaerense y le pegaron un tiro en la nuca. Los camaristas Martín Ordoqui y Jorge Falcón le pidieron al fiscal general de Quilmes, Marcelo Draghi, que investigue las irregularidades y delitos señalados ayer por Página/12, en lo que constituye un escándalo policial-judicial de envergadura: el hombre a cargo de la investigación, el comisario Julio Ravenna, hoy designado jefe de la Brigada Antisecuestros de la Bonaerense, pretendió inicialmente hacer pasar el caso como un simple robo, cuando todo indica que de por medio hubo una venganza o una interna policial. Luego, recurrió a una increíble testigo de identidad reservada –la novia de un policía– para reforzar la imputación contra las tres personas que hoy siguen detenidas, un comerciante de 60 años sin ningún tipo de antecedentes y dos humildes vendedores de escobas que tenían un antecedente de robo.
La Cámara reaccionó ayer ante la irregularidad evidente de una pesquisa, que ya fue denunciada por el diputado Francisco “Barba” Gutiérrez, y que convalidó los siguientes elementos:
- Se consideró partícipe del secuestro a Obdulio Sartirana, de 60 años, porque salió con su Trafic detrás del comisario Piazza del supermercado Auchán de Quilmes, el último lugar por el que pasó antes de ser secuestrado. Sartirana dice que efectivamente estuvo en el supermercado comprando carne para un asado, aportó como prueba el ticket y las cámaras lo muestran entrando y saliendo del Auchán. Todos los criminalistas consultados por este diario consideraron descabellado que alguien cometa un secuestro de esa envergadura con una camioneta propia, que está a su nombre, y más todavía si se toma en cuenta que el secuestrado era policía y que después le pegaron un tiro en la nuca. Por otra parte, hasta el menos preparado de los delincuentes, sabiendo lo que ocurrió después con el comisario, hubiera quemado el vehículo, ya que supuestamente sería una prueba decisiva para una condena de prisión perpetua. Sartirana, en cambio, siguió trabajando con su Trafic.
- En la causa judicial fue introducida una testigo de identidad reservada que, según le revelaron a este diario en la propia fiscalía que investigó el caso, era la novia de un policía. Esa testigo es asombrosa: cuenta que la llevaron a ver el secuestro y después aporta datos sobre el momento del fusilamiento. Como es obvio, eso no puede ser casualidad: o era parte de la banda que mató a Piazza o era una testigo armada para mentir y desviar la investigación.
- El comisario Ravenna –que hoy ocupa casi la más delicada de las funciones de la Bonaerense, la investigación de secuestros– intentó instalar inicialmente la idea de que todo ocurrió porque a Piazza le quisieron robar el auto, un Gol del año ‘93, valuado en los desarmaderos en unos 800 pesos. Según la investigación oficial, en la operación del secuestro participaron un Ford Escort, un Fiat Uno y una Trafic, o sea tres vehículos, con varios hombres, para robar un auto de 800 pesos. Los criminalistas coinciden: un secuestro, en la tarde de un viernes, con semejante movida, se parece mucho más a una operación policial que a un robo.
- Una vecina del predio de la Bonaerense –un depósito de autos chocados y robados– donde apareció muerto Piazza declaró en la causa que tarde en la noche de aquel viernes escuchó a dos jóvenes bajar a una persona de una Trafic. Supuestamente mencionó a un tal Chirola, un vendedor de escobas, del barrio. Sin embargo, ante las cámaras del programa Punto.doc negó que haya dado esa versión y sostuvo que el apodo de Chirola lo introdujo un policía en su declaración. Además, en la propia fiscalía le reconocieron a este diario que Piazza no fue ingresado al depósito de autos por el lado que contó la mujer sino por otro lugar, cercano a las oficinas policiales del predio. Lo concreto es que sobre la base de ese testimonio fueron detenidos Gustavo Ortiz y Sebastián Vera Chávez, a quienes se acusó del asesinato, sin que se aportara dato alguno de por qué ellos serían los que perpetraron el crimen. Es más, otros dos testigos sospechosos –un vendedor de choripanes y un joven convenientemente detenido en relación con el desarmado de un auto robado– dijeron que vieron a los vendedores de escobas en el secuestro. Después, cuando se hizo el reconocimiento judicial, ninguno de los dos testigos pudo reconocer a Ortiz y Vera Chávez.
El fiscal general Marcelo Draghi ya había señalado las incoherencias de la resolución de la famosa y cuestionada jueza Adriana Mitzkin y la Cámara incluso confirmó las prisiones preventivas. Pero ayer los camaristas señalaron que la nota de Página/12, ahora incorporada al expediente, “enumera una serie de circunstancias extraprocesales que, por ser ajenas al expediente, no pudieron ser ponderadas por esta Cámara en ocasión de resolver las prisiones preventivas”. Por ello radicó la denuncia para que se investigara una investigación más que sospechosa y orientada a alejar el crimen de la pista policial.