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Por Victoria Ginzberg

Comprometido con la defensa de los derechos humanos –es asesor de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires– y a la vez con fama de riguroso y erudito entre sus colegas, el juez Leopoldo Schiffrin se muestra preocupado ante la posibilidad de que se instale la creencia de que es posible lidiar con dificultades complejas y estructurales mediante recetas de corto plazo.
–¿Coincide con el plan de Justicia y Seguridad del Gobierno?
–Es difícil juzgarlos dado la cantidad de anuncios. Son medidas que tienen sentidos muy diversos. Por ejemplo, la unificación de los fueros penales de la Capital Federal tiene muy dudoso beneficio porque justamente son fueros que se caracterizan por la especialización. A mi juicio, reducir a todos los jueces a un común denominador va a dificultar muchísimo las tareas de todo el mundo. Veo difícil que pase por el Congreso, va a traer un enorme debate. No veo que sea una medida útil.
–El Gobierno apunta a licuar el poder de los jueces federales, ya que muchos de ellos han sido cuestionados.
–Pero no se puede alterar toda una estructura que tiene su razón de ser y hasta una razón histórica. Los tribunales ordinarios de la Capital son los antiguos tribunales de la provincia de Buenos Aires que, con la federalización, pasaron a la Nación, pero que se espera que en algún momento vuelvan a la ciudad. Es un retroceso en el traspaso de poder a la Ciudad de Buenos Aires. El fuero penal económico, que es un fuero federal, también está en otra situación. Tiene competencia fuera de la Capital, sobre una cantidad de partidos del conurbano en relación con el contrabando. El juicio por jurados, en cambio, es una gran medida impuesta por la Constitución y no hay más que avalarlo.
–¿Es una medida eficaz?
–Sí, pero de ninguna forma va a influir sobre el índice delictivo: hará que la gente vaya a participar en la actividad judicial. Los jurados cuando ven cómo son las cosas en realidad dejan los prejuicios que imparten los medios. Los jueces tienen una deformación profesional que los lleva a un exceso de rigor. Todo juez tiene un peso de opinión pública sobre sí, pero el jurado es uno de los jueces más independiente que existe. Es una institución con sus más y sus menos, que tiene problemas técnicos largos de explicar, pero es una institución importante que por mandato constitucional debería existir.
–¿Qué opina de la baja en la edad de imputabilidad?
–En general estoy en desacuerdo. El 17 por ciento de la población carcelaria de la provincia tiene entre 18 y 21 años. El 24 por ciento entre 22 y 25 y el 22 entre 26 y 30 años. O sea que una enorme fracción de la población carcelaria es joven y muy joven. La mayor parte de la gente está encerrada por delitos contra la propiedad y la integridad física. Claro que a los menores los vamos a juzgar y la pena se va a cumplir en otro establecimiento. Pero todo lo que sea aumentar la población carcelaria lleva a que ese infierno de increíble hacinamiento, increíble corrupción, de increíble degradación humana se incremente.
–¿Y cuál sería la solución?
–No hay solución en el campo penal. El derecho penal siempre llega tarde y no sirve para dar solución a problemas que son de carácter socio-económico. En la provincia de Buenos Aires la excarcelación se ha hecho cada vez más difícil. En dos años se aumentó en un tercio la población carcelaria, creando condiciones de infierno, generando incluso más tortura, generando corrupción que ha llevado a la intervención del Servicio Penitenciario, pero no mejoró nada la situación de inseguridad que tiene la gente.
–Ahora las excarcelaciones van a ser todavía más difíciles.
–Tendrán que habilitar tanques australianos o crear campos de concentración. Todo esto me parece de una irracionalidad pura que distrae del factor fundamental. Si no se consigue modificar la situación y sacar de la marginalidad a una cantidad considerable de gente, sobre todo de gente joven, vamos a seguir el común incremento de violencia que pone en peligro el sistema democrático. Justamente la clase media, que es un sector que siempre determina los cambios políticos en la Argentina, está en una situación muy compleja y difícil: comercios asaltados, comerciantes muertos, el robo en las casas, las medidas exageradas de precaución que hay que tomar.
–Pero también hay una demanda de soluciones a corto plazo.
–El Gobierno, o los políticos en general, tienen muy poco poder porque el Estado es un ente bastante endeble, es un Estado que se quedó sin propiedades y sin burocracia adecuada. Tiene un poder muy escaso frente a las corporaciones económicas que resisten todo cambio socio-económico serio y para las que es muy fácil poner en movimiento una maquinaria propagandística fundada en una realidad, que es que la clase media sufre las consecuencias de esa situación. Por más que la cabeza del Estado goce de la mejor imagen y uno esté convencido de que tiene las mejores intenciones, es la cabeza de un Estado muy débil. La solución tiene que venir de la sociedad, de las organizaciones intermedias. Hay que tener en cuenta que éstos siguen siendo los restos del Estado argentino. Y los legisladores por años han estado legislando en una situación de inflación penal, ya no se pueden comprar códigos penales, más conviene comprar un abono a una página de Internet donde van saliendo las novedades legislativas. Poner más policía en la calle, aparte de ser bastante utópico, puede ser hasta peligroso, por la cuestión del gatillo fácil.
–¿A qué atribuye el fenómeno que generó Juan Carlos Blumberg?
–Al fenómeno de que la clase media argentina está muy afectada por la violencia y, como no ve ninguna solución, no tiene conocimientos y la mayoría de los medios no se los dan, ni la atención pública se dirige a la problemática más real, entonces fácilmente se embarca en querer un milagro. Pero lamentablemente en este campo no hay milagros, por más que se tomen medidas para poblar las cárceles. Porque las medidas ya se cumplen y se van poblando cada vez más las cárceles. Pero las cárceles revientan. Hay que poner más dinero para solucionar problemas de marginación. Todo conspira aquí para que mediante la acentuación de las penas, que son altísimas entre nosotros, se pueda llegar a mitigar sensiblemente la problemática. Esa solución no existe en ningún país del mundo. En el campo de secuestros extorsivos es distinto, porque ahí una fuerza pequeña y eficaz de carácter de detectives bien dirigidos podría, como son delitos en realidad escasos frente a la masa de otros delitos, obtener una mejora. Lo que hace falta es crear la policía judicial. Y tiene que haber una policía que investigue a la policía, con pocos cuadros bien formados. Eso ya está creado por ley tanto en la Nación como en la provincia y nunca se las quiere poner en pie porque implica en serio el recorte de facultades de la policía y porque el Poder Ejecutivo tendría menos influencia.
–¿Al centrarse en las críticas a la policía se pasa por alto la connivencia que tiene con sectores del poder político, como algunos intendentes?
–Cuando Marcelo Saín denunció eso tuvo que irse por un mensaje que llegó de altas esferas.
–¿Considera positiva la designación de León Arslanian como ministro de Seguridad de la provincia?
–Lo veo como positivo. Es un hombre que viene con experiencia, con equipo y que puede contener a la policía de la provincia. Mi insistencia está en el tema de la policía judicial. En una reunión que hizo la Comisión Provincial por la Memoria con distintos organismos, con jueces de la Suprema Corte de la provincia, establecimos un sistema para controlar los casos de tortura. Hay tal cantidad de denuncias sobre torturas que la Comisión creó un pequeño comité para ese tema y les giró una planilla a todos los jueces o fiscales de la provincia para que le anotaran los datos. De ahí salieron cerca de mil casos. Y eso que respondió sólo un 15 por ciento.
–¿Mil casos en cuánto tiempo?
–Desde el año 2000 o 2001. Es terrible, imagínese si contestan todos. Me decían que prácticamente cada caso de policía investigado origina a su vez una causa por apremios ilegales. Al mismo tiempo faltan estudios serios. Si uno quiere ver por qué están detenidos los casi 30 mil detenidos que hay en la provincia, va a encontrar que figuran “delitos contra la propiedad” pero eso puede ser el robo de una manzana o haber desvalijado una casa. Faltan los elementos fundamentales de estudio que permitan una legislación adecuada. Se legisla absolutamente en el aire. Yo tengo una estadística del año 2002 de un Tribunal, sólo de un Tribunal Oral de Lomas de Zamora y resulta que el 62 por ciento de los que fueron juzgados en ese año salió en libertad cuando fue condenado.
–Porque permanecen mucho tiempo presos sin condena.
–Efectivamente. Les pregunté si no tenían posibilidad de celebrar más audiencias y decían que no hay defensores suficientes. Somos argentinos, estamos acostumbrados a actuar ligeramente, sin estudios serios, sin método, sin organización.
–En la última marcha de Blumberg hubo fuertes críticas al Poder Judicial. ¿Son justificadas?
–Yo he criticado a los jueces, a mi propia corporación, pero más bien por exceso de severidad, por insuficiente apoyo a las garantías en el campo penal. Pero hay un juicio como si todos los jueces penales fueran corruptos. Habrá alguno que otro, pero generalmente no es así. Absolutamente. Distinto es el hecho de que los jueces, generalmente, como todo el sistema policial represivo, se dirigen a los pobres y no a los poderosos.