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Dado que el Plan de Saneamiento del Riachuelo-Matanza requiere quince años para su ejecución, ¿cómo puede garantizarse su continuidad a lo largo de los sucesivos, quizá discordantes gobiernos que pueda haber en ese lapso? Dado que el cuidado de la salud de millones de personas, atacada hoy por la contaminación, no puede esperar años, ¿cómo garantizar desde ya su atención, mientras la contaminación que los enferma todavía no ha sido remediada? La calidad de éstas y otras preguntas, formuladas ayer, en la audiencia pública sobre el Riachuelo, por integrantes de la Corte Suprema, hace que, en rigor, sólo puedan ser válidamente respondidas por los hechos que la Autoridad de Cuenca vaya produciendo en la ejecución del plan. Entretanto, el equipo coordinado por Romina Picolotti –secretaria de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca– sostuvo que la continuidad del plan podría sustentarse en tempranos compromisos de ejecución de obras, pero sólo se garantizará mediante “la participación de la sociedad civil”, y “ya hemos introducido la noción de salud ambiental, como nuevo paradigma”. Además, la Corte conminó a la Secretaría de Ambiente a perfeccionar sus sistemas de información a la opinión pública. El tribunal se tomará unas semanas para resolver si aprueba el plan del gobierno, si lo rechaza o si pide nuevas medidas de prueba.

–En una duración prevista de quince años, es clave contar con una estructura institucional que garantice la continuidad del proyecto –observó Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema–: en el nivel de los municipios, ¿qué apunta a garantizar que el plan sea una política de Estado, duradera?

–Hemos firmado convenios con cada municipio –contestó Picolotti–: todos acordaron en crear secretarías o direcciones de medio ambiente; a las que de entrada no cuenten con suficiente presupuesto, se les proveerán los fondos.

–En el nivel nacional, supongamos que, de aquí a cinco o diez años, el Gobierno central tenga ideas diferentes. ¿Cómo garantizar las asignaciones presupuestarias que requiere el Plan? –preguntó Lorenzetti.

–No puede haber un presupuesto a diez años, porque el Presupuesto se presenta al Congreso anualmente –contestó la secretaria de Ambiente–. Sin embargo, las obras de mayor envergadura implican, desde que se efectúa cada licitación, un compromiso del Estado a varios años, que debe figurar en presupuestos sucesivos. De todos modos, para que el plan no dependa de cada funcionario de turno, lo esencial es que sea defendido por la sociedad civil. Estamos haciendo talleres, buscando consenso en el territorio.

–El informe de la UBA señala que, en el plan, se acentúa más el perfil institucional y político, y menos los aspectos técnico-científicos: la Autoridad de Cuenca, ¿efectuó consultas internacionales? –preguntó también Lorenzetti.

–Por algún motivo los expertos de la UBA no llegaron a consultar nuestra documentación respectiva –contestó Picolotti–. Ningún país en desarrollo encaró con éxito un plan de saneamiento en una cuenca con la extensión y el grado de pobreza del Riachuelo-Matanza. Hay experiencias, dificultosas pero válidas, en Brasil y México, y las hemos examinado, especialmente la del río Tieté, en San Pablo. Estamos en contacto permanente con la agencia ambiental de Estados Unidos y con los gobiernos de España y Alemania, que a su vez han empezado a consultarnos a nosotros.

–¿Hay estudios de impacto ambiental de cada una de las empresas con efluentes sobre la Cuenca? –preguntó Lorenzetti.

–Sí, hay 1500 expedientes con intervenciones in situ –respondió Picolotti.

–Pero esa información debería organizarse en un cuadro, de modo que no haga falta consultar todos los expedientes –observó el presidente de la Corte, y requirió que esa presentación informativa esté a disposición del público “en un plazo razonable”.

El juez Juan Carlos Maqueda, por su parte, preguntó: “Según el informe de la UBA, los efluentes cloacales son la principal causa de contaminación de la cuenca. ¿Hay un cronograma para resolver este problema?”. El ingeniero Mario Ferdkin, asesor de la Secretaría de Ambiente, contestó: “Hay un cronograma: corresponde a un sistema de obras concatenadas, que en su mayor parte están a cargo de AYSA y van más allá de la Cuenca. Para la Ciudad de Buenos Aires se hará una planta de tratamiento de efluentes cloacales, que funcionará en Dock Sud, y un emisario con dispersores 7 kilómetros y medio río adentro; además, un colector en la margen izquierda del Riachuelo para interceptar desbordes. El presupuesto para estas obras es de unos 1500 millones de pesos. AYSA tiene casi terminado el proyecto, que se basa en el que Aguas Argentinas no llegó a concretar en 1988, por lo cual están hechos los estudios de impacto ambiental. Todo esto es necesario para aliviar la tercera cloaca máxima, que hoy, atravesando el Riachuelo, lleva efluentes de Capital y norte del conurbano hasta el emisario de Berazategui, que los vuelca en el Río de la Plata.

“Estos efluentes irán, por las cloacas máximas primera y segunda, al emisario porteño –continuó Ferdkin–: así la tercera quedará disponible para el conurbano sur. La planta de tratamiento Sudoeste, que funciona ya en La Matanza, se ampliará para servir a 270 mil habitantes; se mejorará la planta de bombeo de Wilde y, en Berazategui, se construirá la planta depuradora y se hará un nuevo emisario a 7 kilómetros y medio de la costa. Todo esto requerirá otros 1500 millones. Estas obras demandarán cinco o seis años. En realidad, cada una de ellas se puede hacer en tres o cuatro años, pero las obras aguas abajo, como los emisarios, deben hacerse primero, para que las que se hagan aguas arriba tengan dónde desagotar.”

–El cronograma de inversiones en cloacas, ¿depende de la Autoridad de Cuenca o del Ministerio de Planificación, del que depende AYSA? –preguntó Maqueda.

–Del Ministerio de Planificación –reconoció Ferdkin. Picolotti agregó que “ese ministerio está representado en la Autoridad de Cuenca por el secretario de Recursos Hídricos, del que depende AYSA”.