La guerra del gas comenzó antes de lo previsto. Se pronosticaba escasez de suministro para el invierno, pero el aumento de la demanda generada por la reactivación, la falta de inversiones para afrontarla y las especulaciones surgidas a partir del descongelamiento tarifario aceleraron los tiempos provocando cortes en el servicio. La disputa involucra a actores con intereses diversos entre los que se destacan petroleras, transportistas, distribuidoras, centrales térmicas, grandes industrias, pymes, empresarios de GNC, usuarios residenciales, comercios, la provincia de Neuquén e incluso Chile, principal receptor de las exportaciones gasíferas argentinas. El gobierno de Kirchner introdujo a mediados de febrero algunas modificaciones regulatorias para “reordenar el mercado”, pero la puja distributiva continúa ya que resultará imposible satisfacer a todos. A continuación Cash detalla los cinco principales riesgos que encierra la guerra del gas.

1 Surgimiento de maniobras especulativas. El consumo de gas natural se caracteriza por una elevada variación estacional debido a la utilización de calefacción hogareña en el invierno. La demanda promedio en 2003 fue de 80 millones de metros cúbicos por día, 30 demandó la industria, 23 las usinas de generación eléctrica, 7 el GNC y 20 millones los hogares. En invierno el consumo residencial alcanzó picos de más de 70 millones de metros cúbicos diarios. Por lo tanto, el consumo total llegó a 130 millones de metros cúbicos, superando la capacidad de transporte de los gasoductos estimada en 105 millones de metros cúbicos. Durante esos días se le restringió el consumo a los sectores que pueden utilizar un combustible alternativo y que firmaron contratos “interrumpible” por menos dinero, quedando expuestos a cortes estacionales. En este grupo entran las centrales térmicas y algunas industrias.
La demanda de gas viene creciendo a un 10 por ciento anual aproximadamente. Por lo tanto, este año se espera que los cortes durante el invierno puedan alcanzar incluso a algunas industrias que firmaron contratos “firmes” para tener mayor seguridad en el abastecimiento de gas. Lo llamativo es que los cortes a los “interrumpibles” comenzaron en verano cuando la capacidad de transporte y distribución está asegurada. Si se observa la evolución de los despachos de gas natural disponible en la página web del ente regulador puede verse que los actuales son inferiores al promedio del último semestre de 2003. Fuentes del sector aseguraron a Cash que la falta de gas que padecen algunas industrias por estos días responde a maniobras especulativas de los productores. El decreto 181/2004 sentó las bases para que los medianos y grandes usuarios que le compran gas a las distribuidoras a 40 centavos de dólar el millón de BTU estén obligadas a firmar sus próximos contratos directamente con los productores a un precio desregulado que por estos días está cercano a 1,20 dólar por millón de BTU. El pasaje de una ventanilla a otra será gradual, pero si falta el gas el proceso de renegociación de contratos se acelera en beneficio de las petroleras. Fuentes industriales confirmaron esta situación al señalar que “cuando se acepta pagar 1,20 dólar por millón de BTU el gas aparece”.

2 Subas en los precios de bienes industriales. La decisión gubernamental de sacar a las industrias del circuito de precios regulados para que negocien nuevos contratos a nivel mayorista con el oligopolio petrolero, perjudica fundamentalmente a las pymes porque la mayoría de las grandes industrias han venido firmando contratos a precio dólar para asegurarse la provisión de gas. El decreto 181 establece implícitamente un ajuste de la demanda por precio porque las pymes que no puedan pagar 1,20 dólar por millón de BTU deberán restringir sus consumos o utilizar otros combustibles como el gasoil o fuel-oil, los cuales aumentaron más de 100 por ciento desde la devaluación. El ministro de Planificación Federal,Julio De Vido, dejó clara la postura del Gobierno al señalar la semana pasada que “quien exporta en dólares no puede pagar 40 centavos de dólar por millón de BTU”. El riesgo es que las empresas comiencen a trasladar al precio final de sus productos el incremento en sus costos, situación que sin dudas impactará en el poder adquisitivo de la población a través del aumento de la canasta familiar.

3 Aumento de la tarifa eléctrica. Otro sector que deberá restringir sus consumos de gas son las centrales térmicas (Central Costanera y Central Puerto, por ejemplo). Esto no es una novedad porque todos los años se les corta el suministro cuando se registran picos en el consumo de gas domiciliario. Sin embargo, cuando las usinas utilizaban fuel-oil eran compensadas por el incremento de sus costos a través de un Fondo de Estabilización. Cuando el precio spot (mayorista) que tiene el generador estaba por encima del precio estacional de la energía el fondo pagaba la diferencia y cuando estaba por debajo recibía recursos. El problema es que el fondo les debe a los generadores cerca de 450 millones de pesos y el ministro De Vido ya les anticipó que este año no habrá recursos para compensar el uso de un combustible alternativo más caro. Las generadoras aseguran, entonces, que se verán obligadas a trasladar el incremento de sus costos a la tarifa eléctrica. En ese caso será muy difícil frenar un aumento de la tarifa domiciliaria porque el resto de los eslabones de la cadena eléctrica se van a resistir a absorber el aumento.

4 Escasez de GNC. Los productores de equipos de GNC y las estaciones de servicio distribuidoras también han sido perjudicados con las modificaciones del marco regulatorio introducidas por el decreto 180. Antes el GNC era considerado un servicio “ininterrumpible” junto con los usuarios residenciales y comerciales para impulsar el desarrollo de un combustible más económico y no contaminante. Sin embargo, la nueva normativa los incluyó entre los consumos “interrumpibles” y, por lo tanto, sujetos a cortes del servicio, probabilidad que pueden reducir, pero no eliminar, si negocian contratos “firmes” con las petroleras a un mayor precio. Esta medida, sumada a la declaración del secretario de Energía, Daniel Cameron, quien pronosticó un GNC a 2 pesos el metro cúbico, paralizó una industria que venía desarrollándose a ritmo acelerado, aunque después De Vido haya desmentido a su secretario. Desde la devaluación, la cantidad de vehículos convertidos a GNC pasó de 4000 a 15.000 por mes, con picos de 25.000, llegando a representar un parque de 1,3 millón de vehículos. De Vido aseguró que “las estaciones de GNC tendrán gas en invierno”, pero las medidas que tomó no respaldan sus afirmaciones. Fausto Maranca, presidente de la cámara de equipos de GNC, reconoció a Cash que “este invierno será complejo obtener GNC durante algunos días”. De este modo, se beneficiarán las refinerías Esso y Shell que no producen petróleo y habían visto caer las ventas de nafta común y gasoil luego de la devaluación.

5 Conflicto con Chile. Argentina exporta aproximadamente el 12 por ciento de su producción de gas, siendo Chile el destino del 80 por ciento de los despachos. La compra de gas argentino le permitió al país trasandino gasificar su parque eléctrico para ahorrar costos y reducir la contaminación pese a la fuerte resistencia de sectores militares que no querían ser dependientes de Argentina. Desde entonces se construyeron los gasoductos Atacama, Del Pacífico, Gas Andes y Methanex para garantizar la exportación. La mayoría de los acuerdos firmados son por 20 años, pero el artículo 3 de la ley 24.076 autoriza la exportación en la medida que no se afecte el abastecimiento interno. Es muy difícil que Argentina decida interrumpir esas exportaciones porque pondría en riesgo la integración regional involucrándose en un conflicto de consecuencias imprevisibles. No obstante, en Chile se encuentran preocupados porque los gasoductos Gas Andes y Del Pacífico sustentan el 37 por ciento de la generación eléctricadel Sistema Interconectado Central, que provee luz eléctrica a más del 90 por ciento de la población chilena.

Aunque se decidiera reducir esas exportaciones, esa medida no solucionaría en el corto plazo la puja distributiva entre los distintos actores locales porque no hay capacidad de transporte suficiente orientada al mercado interno. Desde la devaluación no se invirtió un centavo para ampliar la capacidad de las redes y los cuestionamientos por falta de inversiones se extienden al período de la convertibilidad, más allá de las desmentidas del sector transportista que asegura haber cumplido con las exigencias pautadas hasta 2001. Para los próximos meses, al Gobierno sólo le queda la opción de administrar la escasez, mientras analiza alternativas para garantizar inversiones que permitan ubicar al gas en el centro de la estrategia de desarrollo económico.