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Domingo, 19 de febrero de 2012

LA POLITICA SOCIAL, EL FINANCIAMIENTO Y EL PROCESO INSTITUCIONAL

Piso de protección

 Por Fabian Repetto y Gala Diaz Langou *

La Oficina Internacional del Trabajo lideró recientemente la publicación del informe “Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva”. Fue un producto del trabajo dirigido por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuya gestión enfatizó un enfoque progresista de protección social. El informe se publica en un momento propicio para la Argentina, que se encuentra ante una oportunidad histórica para avanzar en la consecución de un efectivo (y alto) piso de protección social.

Ante un escenario donde el 80 por ciento de la población mundial no cuenta hoy con un nivel de prestaciones sociales que le permita disfrutar su derecho a la seguridad social, este informe promueve un piso de protección social que garantice un nivel básico de protección y genere una vida digna para la población. Lo hace a través de una serie de recomendaciones, que sin duda deben adaptarse a realidades nacionales muy heterogéneas. Las recomendaciones pueden clasificarse en tres grupos: las referidas a los contenidos de la política, las vinculadas con su financiamiento, y aquellas acerca del proceso institucional que llevará al logro del piso.

En primer lugar, el informe recomienda que los pisos de protección social combinen elementos de prevención de la pobreza con gestión de riesgos sociales y empoderamiento ciudadano. Para ello, sugiere combinar transferencias de ingreso con otros beneficios ligados con la promoción del desarrollo humano. Las transferencias, como sistema de sustitución del ingreso, deben complementarse con políticas activas de empleo que promuevan una mejor inserción en el mercado laboral. En esta materia, la Argentina cuenta con avances destacados, especialmente con la implementación de la Asignación Universal por Hijo y los éxitos logrados en la reducción del desempleo y el aumento de la cobertura previsional (con el reto aún vigente de la alta informalidad laboral).

En segundo término, el informe recomienda que el piso de protección social se financie con fuentes internas de los países que sean sostenibles y predecibles. Esto debe basarse sobre un esquema que combine fuentes contributivas y no contributivas de financiamiento, siguiendo un principio progresivo. En este esquema, debe mantenerse una coherencia general entre las políticas sociales y de empleo con las políticas macroeconómicas. La Argentina también encuentra aquí un grado de avance relativamente alto, especialmente comparado con otros países en vías de desarrollo.

En tercer lugar, el informe sugiere que el piso de protección social se construya sobre lo existente en cada país, a partir de un proceso gradual y progresivo. Este proceso requiere de una apropiada institucionalidad social. Para ello, se debe contar con un marco jurídico que defina no sólo los derechos y obligaciones, sino también cuestiones como los criterios y condiciones de elegibilidad para acceder a las garantías y prestaciones, el alcance, la cuantía de las prestaciones y los mecanismos de coordinación interinstitucional, por ejemplo. Es en este tercer grupo de recomendaciones donde la Argentina tiene los mayores de-safíos por delante. Para avanzar en la implementación de un piso (alto) de protección social que efectivamente contribuya a una mejor calidad de vida de la población argentina, resulta fundamental fortalecer los esquemas institucionales de la protección social. Un paso central en ese aspecto supone mejorar la coordinación intersectorial de las políticas. Para lograrlo, Cippec propone la conformación de un gabinete nacional de protección social, que debiese complementarse con mesas provinciales de protección social, dado el carácter federal del país.

Sería un gran avance, además, que los consensos acerca de cuál sería el piso en la Argentina se plasmen en una Ley Nacional de Protección Social Integral y Federal que fomente la articulación de políticas, programas y servicios con base en los principios de universalidad, sostenibilidad y transparencia. Al abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, estas medidas pueden contribuir a aumentar la cohesión y la estabilidad social. El actual gobierno tiene una gran oportunidad para hacerlo

* Director y coordinadora del Programa de Protección Social de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

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