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Domingo, 13 de mayo de 2012

FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIóN. RELACIóN NACIóN-PROVINCIA

Política de Estado

 Por Fernando Alvarez *

Uno de los temas de debate se refiere a la disminución de los recursos de coparticipación que reciben los municipios. Son más conocidos por la importancia cuantitativa los reclamos planteados por los intendentes de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el efecto es general para todos los estados locales de 22 provincias, excepto San Juan, por poseer un sistema de reparto discrecional, y la Ciudad Autónoma por la obvia razón de ser una provincia sin territorio y entonces sin municipios.

La explicación de esa situación encuentra su origen en el financiamiento a la educación. Desde 2006 hasta 2010 la ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo fija el objetivo de incrementar progresivamente la inversión en educación, ciencia y tecnología consolidado de Nación y provincias, hasta alcanzar en 2010 un 6 por ciento del PIB, estableciendo asimismo metas educativas de gasto y de financiamiento. Esa participación en el PIB más que se cumplió, al alcanzar el 6,47 por ciento en 2010.

A fin de asegurar el sustentamiento y repartir el esfuerzo, la ley estableció una asignación específica para la financiación de la norma, compuesta por parte de los incrementos anuales de la coparticipación federal respecto a los niveles de 2005 de las provincias y la CABA. El monto de esta asignación correspondía al esfuerzo incremental que haría anualmente cada provincia, las que en su conjunto aportarían el 60 por ciento del aumento, completando el gobierno federal el 40 restante.

Esta modificación de la relación Nación-Provincias alteró la distribución secundaria de recursos entre las mismas, pues para calcular los compromisos de cada una de ellas se utilizan ahora indicadores educativos objetivos: 80 por ciento según la matrícula, 10 según la incidencia relativa de la ruralidad en la matrícula total y 10 según la población no escolarizada de 3 a 17 años, de cada provincia, y no los parámetros discrecionales de la ley N 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, sus modificatorias y complementarias.

En el interior de las provincias la asignación específica implicó una detracción de la masa destinada a la coparticipación municipal. Esto implicó 957 millones de pesos en 2006 y alcanzó 10.605 millones de pesos en 2010, 2,3 y 10,5 por ciento de la masa coparticipable federal de cada uno de esos años.

¿Cuál era la razón de ser de la ley y su mecanismo? Queda claro en la definición política del entonces presidente Néstor Kirchner y convalidada por los gobiernos subnacionales que la prioridad a la educación sería una política de Estado. El método elegido implicó también un hecho no menor: por primera vez en forma significativa, los tres niveles de gobierno –Nación, provincias y municipios– se comprometieron en el financiamiento y en el logro de la meta inédita a alcanzar.

Sin embargo, que la tasa de incremento de la afectación específica destinada al financiamiento educativo crezca exponencialmente en relación a la tasa de variación del total de masa coparticipable generó un reclamo creciente de los niveles locales. La asignación específica cesa a fin de 2010 y no se prorroga en 2011, con lo que se refuerza la masa coparticipable de libre disponibilidad, beneficiando a los municipios, que tuvieron un incremento de fondos del 53 por respecto a 2010. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los 134 municipios recibieron 700 millones de pesos adicionales por la no afectación.

Sin embargo, las metas de financiamiento quedaron con vigencia, pues la Ley Nacional de Educación fue más ambiciosa aún que la de Financiamiento Educativo y estableció un piso del 6 por ciento del PIB para Educación, sin computar las funciones Ciencia y Técnica.

Así, en el Presupuesto 2012 el gobierno nacional y el Congreso retoman el camino y reestablecen la afectación específica, lo que implicará que al menos el 11,5 por ciento de la masa coparticipable federal se destine como transferencia condicionada al financiamiento de la educación, reduciendo por tanto los fondos de coparticipación que terminan en las arcas comunales. En la práctica, si la coparticipación federal crece a fin de año un 25 por ciento, los municipios recibirán menos que esa cifra, aunque claramente más que en 2011

* Integrante del CiepycUNLP. www.ciepyc.unlp.edu.ar

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