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Por Natalia Aruguete

Mientras una misión conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional visita el país para asistir en el proceso de renegociación con las privatizadas, el Gobierno fue acumulando documentación sobre el caso de Aguas Argentinas. Recibió información del Poder Legislativo, la Defensoría del Pueblo de la Nación, Asociaciones de Usuarios, el ente regulador del servicio de aguas y cloacas, Etoss, y también de la empresa.
Esos trabajos técnicos van desde un análisis crítico sobre el desempeño económico y financiero de Aguas Argentinas hasta el pedido de revocación de la concesión, pasando por los reclamos de la compañía, entre ellos un aumento de tarifas del 15 por ciento. La Comisión Renegociadora de los contratos entregó la fase final del informe en el que evalúa que Aguas no ha cumplido con los requerimientos hechos por el Estado para acceder a un aumento tarifario. Un documento que fue respondido días atrás por la empresa en un extenso y duro informe al que Cash tuvo acceso.
El diputado Mario Cafiero elaboró un escrito en el que cuestiona aspectos relacionados con la estrategia de Aguas Argentinas para recuperar la inversión, el endeudamiento “en exceso” contraído para financiar las obras de expansión comprometidas en los contratos y las operaciones de la firma con sus propietarios y sus empresas relacionadas. Y concluye que estos mecanismos se tradujeron en elusiones impositivas por parte de la firma. En el mismo sentido, la Comisión Renegociadora afirmó en la fase II de su informe que estas medidas significaron un “efecto palanca positivo sobre la rentabilidad” de la empresa, en la medida en que basó su política de financiamiento “en capitales de terceros a costos menores a la rentabilidad del capital invertido”.
Para cumplir con los compromisos en materia de inversiones -flexibilizados en las sucesivas renegociaciones– la concesionaria, controlada por el grupo franco-belga Suez, “habría necesitado endeudarse por sólo 464 millones de dólares para realizar las mismas inversiones y tener el mismo desempeño”, aclara el texto de Cafiero. Y agrega que no obstante, la firma recurrió a préstamos que alcanzaron los 669 millones de dólares, con la consecuente distribución de dividendos por 109 millones y una reducción considerable de la base imponible del Impuesto a las Ganancias, cercana a los 70 millones entre 1993 y 2001.
Aguas Argentinas explica que los dividendos pagados a los accionistas “representan una rentabilidad que, en el período 1996-2001, varía entre el 5 y 6 por ciento sobre el patrimonio neto”. Hasta fines de la década pasada la empresa registró una tasa de rentabilidad del 24 por ciento, nivel que supera largamente la media del sector, ubicada entre el 7 y el 10 por ciento. Aguas considera que esa cifra es “perfectamente normal para una empresa que no es dueña de los activos” (ver aparte).
El endeudamiento externo ha sido uno de los principales recursos utilizados por Aguas Argentina para expandir el servicio, lo que derivó en un “apalancamiento” positivo para la empresa y un riesgo financiero traducido en la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, se explica en el informe de la comisión. Si las inversiones se hubieran “financiado con capital propio, la rentabilidad hubiera sido inferior, acercándose a la media sectorial, y la exposición financiera actual sería prácticamente nula”.
La ecuación económico-financiera de Aguas no es el único aspecto que está bajo la lupa. Sus incumplimientos en materia de inversiones es cuestionada por diversas asociaciones de consumidores y por el Defensor del Pueblo Eduardo Mondino, quien advirtió que “no se pueden discutir incrementos tarifarios antes de que el Estado defina seriamente si la empresa está en condiciones de continuar prestando el servicio”. En un informe de 80 páginas que analiza el desempeño de la prestación del servicio de agua potable y cloacas, Mondino explicó que un aumento tendría “un impacto negativo y regresivo en la distribución de los ingresos”. Yrecordó que existe “incumplimiento en un 50 por ciento en la ejecución de las inversiones y el plan de saneamiento”.
Más que un aumento tarifario, los consumidores están discutiendo la continuidad misma de la concesión. La Asociación de Usuarios y Consumidores explica en un informe dirigido al Etoss, entidad encargada de coordinar el proceso de documento en consulta, que “los incumplimientos reseñados se encuadran entre las causales rescisorias por culpa del Concesionario indicadas en el N 14.3 del Contrato de Concesión”.
Por su parte, el Etoss ha detectado y comunicado a la Dirección del Consorcio negligencias tales como la falta de presión del agua, insuficiencias en el análisis para el agua de red en materia de fenoles, cianuros y detergentes, no cumplimiento del contenido mínimo de nitrato y del límite de demanda de cloro y existencia de concentración de arsénico y nitratos superiores a los permitidos y el ascenso de napas freáticas que inunda y afecta a miles de inmuebles.
La transparencia en el manejo de los fondos es otro aspecto vulnerable de la compañía, por lo que el Estado instó a la conformación de un fondo fiduciario tendiente a transparentar la ejecución de las obras a través de licitaciones públicas y a asegurar que las mismas se concreten. En su respuesta a la comisión, Aguas declaró que “cumplió con la ejecución de las obras asignadas al fondo de Fideicomiso durante el año 2001 presentando los certificados técnicos y contables requeridos, consecuentemente el Etoss autorizó la utilización de esos fondos”. Sin embargo, en el Expediente de la renegociación N 13864/02 como en la fase II del informe de la comisión se afirma que la empresa “no ha constituido el fondo del Fideicomiso que debía concretarse antes del 15/3/2001”.
Más allá de las argumentaciones de la empresa sobre las pérdidas que le haya ocasionado la salida de la convertibilidad, el escrito oficial concluye que no sólo no se ha iniciado ninguna obra de expansión comprometida para el 2002 sino que “existe incumplimiento en la ejecución de inversiones de Expansión y en el Plan de Saneamiento Integral a fin del 2001”, cuando el 1 a 1 todavía estaba vigente.