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El menemismo reformuló drásticamente el sistema de seguridad social. Las modificaciones implementadas estuvieron en línea con el paradigma privatista auspiciado por el Banco Mundial. En ese sentido, la irrupción de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fue presentada como la solución para el crónico déficit previsional. Además, el nuevo esquema elevaría la tasa de cobertura e impulsaría el mercado doméstico de capitales. Esas promesas fueron bien recibidas por la sociedad, a pesar de que solamente dos países periféricos (Chile y Perú) contaban con sistemas privados obligatorios de pensión. En otras palabras, esa supuesta panacea no había sido adoptaba por ninguna de las naciones centrales. La consecuencia inmediata del desvío de los aportes previsionales hacia las AFJP fue el desequilibrio de las cuentas públicas. Las Administradoras tampoco resolvieron ninguno de los problemas que supuestamente justificaron su creación.

El porcentaje de cobertura retrocedió del 76,8 por ciento en 1995 al 70,9 por ciento en 2003, su aporte a la revitalización del mercado de capitales doméstico fue nulo y la relación aportantes/población ocupada se redujo del 42,3 por ciento en 1995 al 38,6 por ciento en 2003. A su vez, el coeficiente aportantes/población económicamente activa (PEA) retrocedió del 35,1 al 32,6 por ciento, en el mismo período.

Eso se tradujo en una caída tendencial del número de beneficiarios del sistema de seguridad social. Rafael Rofman, Eduardo Fajnzylber y Germán Herrera en Reformando las reformas provisionales: en la Argentina y en Chile sostienen que los mayores afectados por ese retroceso fueron los sectores más vulnerables. En efecto, la tasa de cobertura del quintil más pobre cayó del 63 por ciento en 1992 al 38 por ciento en 2003. En ese contexto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el retorno a un esquema público de reparto.

La ex presidenta chilena Michelle Bachelet también introdujo algunas reformas en el sistema de pensiones durante su mandato. Esas modificaciones pretendieron resolver las notorias deficiencias de las prestaciones provistas por las administradoras privadas. La revisión del avance privatista en la seguridad social no es una exclusividad latinoamericana. El pasado 4 de septiembre, el gobierno polaco (liberal) anunció la transferencia al Estado de activos manejados por los fondos de pensiones privados. Ante esa decisión gubernamental, los analistas financieros advirtieron que se estaba poniendo en peligro el futuro de miles de millones de dólares de inversiones nacionales y extranjeras. Por su parte, la organización de fondos de pensiones polacas tildó de inconstitucional la decisión gubernamental.

El tenor de esas declaraciones suena coincidente con las emitidas en Argentina en ocasión del anuncio de la estatización de los fondos de las AFJP. Por ejemplo, un columnista de La Nación sentenció que era “difícil encontrar en la historia argentina atropellos más grandes a la seguridad jurídica y la propiedad privada. En la sesión hubo apoyos a la confiscación, que es mucho más grave que el corralito, la devaluación y la pesificación asimétrica”. Las profecías apocalípticas no se cumplieron. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) creció un 197,9 por ciento desde la renacionalización del sistema de jubilaciones. El aumento del FGS fue acompañado por una recomposición en términos reales de las prestaciones previsionales y una sustantiva ampliación del padrón de beneficiarios

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@diegorubinzal