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Domingo, 2 de marzo de 2014

PROGRESAR Y LAS JUVENTUDES

Justicia distributiva

La creación del Progresar está en línea con la política de ampliar derechos de la seguridad social. Integra un nuevo paradigma a favor de la infancia, adolescencia y juventud.

 Por Roxana Mazzola *

El anuncio de creación del Progresar expresa una decisión del Gobierno de continuar priorizando a las nuevas generaciones, que no sólo son las más perjudicadas por la desigualdad y el derrotero cultural que han traído consigo viejos paradigmas de inicios del siglo XX, de los ’70 y los ’90, sino que éstas son las que van a llevar adelante y sostener una agenda más distributiva hoy y en el futuro.

Este programa apunta a los jóvenes de entre 18 y 24 años, que no estudian, no tienen trabajo, o bien su salario no alcanza el mínimo vital y móvil. Son 600 pesos mensuales y la contraprestación será estudiar o realizar una formación laboral. Así se va ampliando la seguridad social, garantizando su acceso en especial en la infancia y juventud. La Asignación Universal por Hijo (AUH) desde 2009 fue ampliando su cobertura, como por ejemplo a las embarazadas, a más niños, a más sectores de la población, superando inequidades. Ahora con Progresar se extienden los beneficios a la juventud hasta los 24 años.

Estas medidas se articulan con un conjunto de otras acciones, demostrando así que integran un nuevo paradigma a favor de la infancia, adolescencia y juventud. Desde las que refieren a la ampliación del derecho a la seguridad social desde una perspectiva más inclusiva, hasta otras como el Plan Nacer-Sumar garantizando cobertura de salud, el Conectar Igualdad facilitando el acceso a nuevas tecnologías, el voto a los 16, el reestablecimiento de las paritarias, la nueva normativa a favor de la erradicación del trabajo infantil, la creación de universidades públicas en el conurbano, la ley nacional de financiamiento educativo, la ley de salud sexual y reproductiva y la ley nacional de protección integral de los derechos del niño, niñas y adolescentes, entre otras.

El aporte económico de la medida, financiada mediante el Tesoro nacional, constituye un incentivo que contribuirá a que un joven pueda comprar apuntes y materiales necesarios o trasladarse a la escuela o centro de formación o a la universidad (que por cierto están más cercanas gracias a la política de creación de universidades promovida por el Estado nacional), incidiendo en su conjunto en las economías locales con los más de 10 mil millones de pesos que se invertirán para alcanzar a 1,5 millón de jóvenes. Sobre todo lo destacable es que Progresar reconoce, el esfuerzo al estudio que miles de jóvenes realizan y los alienta a invertir su tiempo en ello. Valga la pena remarcar que independientemente de la incertidumbre que reviste la inserción en el mercado laboral o la necesidad de repensar el sistema educativo, estudiar es un movilizador de sueños y perspectivas.

Una medida de este tipo también implica múltiples desafíos. Hay un rol indelegable de todos y no sólo del Estado en contribuir a la implementación exitosa de la política. Desarrollar políticas a favor de los jóvenes y, más específicamente, abordar la problemática de los “ni ni” demanda intervenciones complejas y heterogéneas. Son múltiples las variables que están en juego. Por ello se habla de “juventudes” más que de la “juventud”, para destacar la multiplicidad de situaciones presentes. Si bien en su mayoría enfrentan desafíos vinculados con el tránsito a la vida adulta, como por ejemplo el proceso de finalizar los estudios básicos o estudiar en el terciario o en una universidad, insertarse en el mercado de trabajo, lograr mudarse a una vivienda alquilada o propia, hay situaciones muy dispares. Progresar incide sobre dos de estas cuestiones que son el estudio y la salud. Tomando el caso de la educación, allí hay jóvenes que estudian actualmente en diversos ámbitos (secundario, universidad, centro de formación), otros que quieren hacerlo pero no pueden, otros para quienes ni siquiera ha sido una opción a considerar, otras que estudian y son jefas de hogar.

En todo ese heterogéneo contexto se inserta la medida. Requerirá de un fuerte trabajo local desde las organizaciones barriales, parroquias, municipios, para que todos los jóvenes destinatarios del Progresar accedan, inicien, continúen y finalicen sus estudios.

El sistema elegido a través de la Anses y mediante una transferencia es simple en operatoria, lo cual resulta sumamente adecuado para dar masividad. También es muy positiva la consideración de guarderías, que tanto se requieren, pero para llegar a todos se requerirá un compromiso y acompañamiento de todos.

Aquí también debe notarse que algunos criterios de selectividad de la medida quizá puedan perfeccionarse a futuro. Por ejemplo, la consideración del ingreso de los padres del joven para obtener el beneficio. Se señala que los ingresos de los padres no pueden superar el salario mínimo vital y móvil, actualmente de 3600 pesos mensuales (se suman ambos), y se considera el ingreso de los dos por más que estén separados o divorciados. Este punto quizá deba flexibilizarse, dado que no todos los chicos de entre 18 a 24 años viven con los padres o si lo hacen a veces es con presupuestos separados. También muchos jóvenes aún cursan en el secundario, expresión de la sobreedad, repitencia y abandono. Igualmente éstos son aspectos perfectibles y no deja ser sumamente positivo que sean considerados aquellos padres que perciben la AUH o Asignación por Embarazo puedan, a su vez, percibir este beneficio por estudiar. Como señalé en mi libro Nuevo paradigma. La AUH en la Argentina, es un aspecto clave garantizarles esta oportunidad, dado que gran parte de los padres no ha finalizado los estudios básicos, en especial las mujeres. A fines de 2008 el 55,3 por ciento de los jefes/as de hogar con niños/as hasta 17 años en el total de aglomerados urbanos tenía bajo nivel educativo, es decir, no había finalizado el secundario, y esto ascendía al 82,8 por ciento en el 1er. quintil de ingresos, mientras para el 5to. quintil se reducía al 19,5 por ciento.

Otro desafío central son las redefiniciones que la medida implicará en los programas nacionales y subnacionales dirigidos al mismo sector poblacional ante las incompatibilidades en percepción de ingresos. Las incompatibilidades establecidas importan, por un lado, para una mejor asignación de la inversión, evitando duplicidades y garantizando que se llegue a todos con un piso de ingreso y, por otro, posibilita que las provincias tengan mayor aire fiscal para mejorar, por ejemplo, la calidad de la salud y educación tan necesaria o profundizar el trabajo en la prevención de las adicciones o fortalecer el trabajo de orientadores que acompañen los procesos de formación e inserción laboral de los jóvenes o los espacios de escucha, encuentro, participación y creación colectiva de los propios jóvenes.

Al mismo tiempo Progresar generará una mayor demanda sobre los sistemas de salud y educación, destacando la importancia de la articulación federal. Desde los municipios además hay un lugar vital a desempeñar vinculado con potenciar la articulación con empresas para promover la inclusión laboral de los jóvenes.

Más allá de estos desafíos, es indudable que el anuncio reconfirma un camino seguido, que entiende que hay un rol central del Estado en ampliar derechos, sostener la transformación social y mejorar la justicia distributiva

* Directora ejecutiva del Cedep. Lic. Ciencia Política UBA y Magister en Administración y Políticas Públicas Universidad de San Andrés/ [email protected]

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“Hay un rol central del Estado en ampliar derechos, sostener la transformación social y mejorar la justicia distributiva.”
 
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