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Domingo, 1 de junio de 2014

COBERTURA SOCIAL Y LA INTERVENCION DEL ESTADO

El reparto de la riqueza

La distribución de la renta resultante de la acción del mercado difiere de la socialmente deseable. En la Argentina, la desigualdad es una problemática central, pese a ser el país que mayor mejora registra en la última década.

 Por Roxana Mazzola *

Los alcances de la intervención del Estado son tema de debate y presencia cotidiana. La distribución de la renta resultante de la acción del mercado difiere de la socialmente deseable y éste claramente no la promoverá. Propiciar la equitativa distribución del ingreso es un rol esencial del Estado.

En la Argentina, la desigualdad es una problemática central, pese a ser el país que mayor mejora registra en la última década. Al año 2013, sólo el 5 por ciento del ingreso se concentra en el 20 por ciento más pobre de la población (primer quintil de ingresos), mientras el 46,5 por ciento se concentra en el 20 por ciento más rico (quinto quintil). Estos niveles eran desproporcionalmente más preocupantes en 2003, cuando dicha apropiación del ingreso era del 2,6 por ciento por parte de los más pobres (primer quintil) y del 57 por ciento por parte de los más ricos (quinto quintil). La brecha de ingresos, que representa cuántas veces es más alto el ingreso per cápita de los más ricos (décimo decil) en relación con los más pobres (primer decil), se redujo en más de un 50 por ciento entre 2003 y 2013 pasando de 46,8 a 17,6 veces para el cuarto trimestre de dichos años.

La disputa distributiva que se ha desplegado refleja que un 10 por ciento de los ingresos totales del país dejó de ser percibido por los sectores más ricos y se redistribuyó entre los que menos tienen. No ha sido la clase media a la que se la expropió de dicha renta, sino que ésta también ha sido beneficiada. Los más afectados parecen haber sido los más ricos entre los ricos, dado que el 10 por ciento más rico (décimo decil) se apropiaba del 39,3 por ciento de la riqueza en 2003, y su participación pasó al 29,8 por ciento en 2013, es decir, ese 10 por ciento que se redistribuyó proviene del decil más rico.

Modificar la injusticia distributiva no es un proceso sencillo, ni puede ser realizado por el esfuerzo individual. Sólo con la igualdad de oportunidades no basta, sino que es central el desarrollo de políticas de redistribución. La desigualdad tiene su origen en el pasado colonial, las dictaduras y es expresión de un capitalismo excluyente. Es consecuencia de la dinámica que asume el proceso de acumulación, la distribución desigual del patrimonio, del poder político y social que permiten el acceso a fuentes ocupacionales y de ingreso, así como de información y conocimiento diferenciales. Si bien no es fácil modificarla, es desde la política que puede ser transformada incidiendo en la orientación del proceso económico con políticas públicas.

El contexto actual es diferente del de 2003 y más conflictivo al introducirse en arenas más distributivas. Partiendo del papel vital del Estado en el reparto de la riqueza, pueden tenerse “horizontes” de lo justo bien diferenciales y también valerse de diversos instrumentos o medios para alcanzarlos.

Protección social

La función distributiva del Estado no se agota en la provisión de servicios sociales. Se trata de construir mayores márgenes de igualdad social como creciente expansión de la ciudadanía. Un piso mínimo de protección universal es sólo un comienzo. La política social debe ser vista como sistema redistribuidor de ingresos. Forman parte de ella la política fiscal mediante la cual se financia de un modo progresivo la oferta de servicios sociales. También la política de empleo e ingresos y los beneficios ocupacionales (vacaciones, asignaciones familiares) a partir de considerar que el acceso a un empleo productivo y un salario justo tienen un fuerte impacto sobre la distribución funcional del ingreso. Y lo que tradicionalmente se conoce como la administración de los sectores sociales: la política educativa, de salud, de vivienda. A las que debería agregarse otra dimensión vital para la (re) distribución del poder que se refiere a las instancias de representación, organización y participación de todos los sectores de la sociedad.

Por muchos años se trató de imponer que la política social en Argentina se limitara sólo a la lucha contra la pobreza, en los márgenes. Cuando hoy se presenta una fuerte disputa sobre diversos procesos de desarrollo. Es “procesos” en vez de “modelos” para destacar el carácter dinámico y de “blanco móvil” que implican. Lo que toma lugar son “ideas de justicia” distintas, es decir, de lo considerado justo o correcto con respecto a la asignación de bienes en la sociedad.

En Argentina hay diversas visiones de lo “justo” conviviendo, con una preeminencia mayor de unas sobre otras. Las intervenciones estatales se pueden limitar a que cada cual reciba según lo que produce en el mercado de trabajo. Este es el criterio de justicia utilitarista. Son ejemplos al respecto los paradigmas de la política social “asistencial y control” de inicios del siglo XX y de la dictadura 1976, así como el de la “protección restringida” del neoliberalismo en los noventa. Bajo ellos se forjó un patrón distributivo de fuerte concentración de la riqueza. Otras alternativas son el criterio igualitarista de justicia distributiva, el cual mejora el bienestar de los más pobres o iguala el bienestar, y el criterio de justicia distributiva del enfoque de derechos, basado en el enfoque de los funcionamientos y capacidades de Amartya Sen. Este último busca apuntalar las capacidades, es decir, lo que las personas pueden ser o hacer a partir de la provisión de bienes y servicios, no centrándose sólo en sus posesiones materiales, ingresos o utilidades sino destacando la apropiación. Ejemplos al respecto son la política social “más distributiva y de ascenso social” centrada en el trabajador obrero y de carácter más corporativa que tuvo lugar en marco del peronismo de mediados del siglo XX y el paradigma de la “protección ampliada” que comienza a configurarse desde el año 2003 en el país. Bajo estos procesos, la pauta seguida es de redistribución de la riqueza.

Las repercusiones de esto son muy concretas en la vida cotidiana de millones de personas del país y, como se destacó, todas estas múltiples concepciones de lo “justo” han estado presentes en nuestra historia y conviven hoy.

Instrumentos políticos

Diversas modalidades de intervención, de instrumentos y/o medios se desarrollan para concretar la visión de lo “justo” que predomine. Son estos medios los que históricamente han generado un gran debate, pasando a constituirse –en especial cuando priman concepciones de justicia distributiva utilitaristas– los “medios” en los “fines” de la política social.

Estos pueden ser redistributivos, de distribución primaria o secundaria, como por ejemplo, las transferencias a instituciones estatales y/o privadas para suministrar bienes y/o servicios a las familias y personas, o transferencias directas a éstas, como así también los impuestos y deducciones fiscales. La Asignación Universal por Hijos, el Progresar, la moratoria jubilatoria son ejemplos al respecto. También pueden desarrollarse a través de instrumentos regulatorios como las políticas de salario mínimo o de control de precios para bienes y servicios básicos. Otras vías son el programa Precios Cuidados, las paritarias, el establecimiento periódico del Salario Mínimo Vital y Móvil y políticas orientadas a reducir la informalidad laboral. Existen vinculaciones entre todos los instrumentos, a la vez que todos ellos inciden, con diversos alcances, en la dinámica del mercado. Importa destacar su carácter sistémico, dado que ninguno es suficiente por sí mismo y uno puede complementar y/o anular al otro.

En la Argentina, el llamado “relato” se vale y ha valido de estos diversos instrumentos o “medios” para ir configurando un nuevo estado de lo “justo” conforme con el “fin” de ampliación de derechos de todos los ciudadanos, de modo diferencial a lo que sucedió en los noventa.

Acciones y propuestas

Ahora bien, los alcances o estados de lo “justo” están abiertos a las posibilidades y disputas distributivas de cada país, resaltando la importancia del carácter político, económico y también cultural, del proceso.

¿Cuáles son los techos y cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son los horizontes de justicia distributiva de un proyecto político, sea el kirchnerista o el de la oposición? ¿Qué medidas concretas se realizan a favor de ello o integran esa agenda? En momentos donde los debates de propuestas alternativas al gobierno están bastantes vacíos de contenidos conviene preguntar por ello. No se escucha decir qué medidas tomarían para mejorar la inequitativa distribución de la riqueza. El eje se “focaliza” en otros temas y no más allá de la inflación y la inseguridad. Ello no tiene nada de inocuo, sino por el contrario expresa medios/instrumentos que se ponen en marcha para hacer perder de vista lo medular: forjar la justicia social y distributiva de la Argentina.

* Directora ejecutiva del Cedep. Licenciada en Ciencias Políticas de la UBA y magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.

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Imagen: Pablo Piovano
 
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