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Alejandro Vanoli, a pocos días de asumir la presidencia del Banco Central, declaró que Argentina había padecido, en 2014, una “tormenta perfecta”. Se refería a la combinación del aval de la Corte Suprema de Estados Unidos al fallo del juez Thomas Griesa, a la brusca baja del precio de la soja –llegó a perder cerca del 40 por ciento en el año– y al freno de la economía brasileña. Esos acontecimientos agravaban el panorama local de escasez de dólares y, en consecuencia, generaban mayor tensión en el mercado cambiario y en los precios.

Esa coyuntura era mucho más difícil que, por ejemplo, la de fines de 2011, cuando se había intensificado la crisis en la Unión Europea. En ese momento, el precio de la soja, variable sensible de la balanza comercial, seguía siendo muy elevado. Si bien en diciembre de 2011 había caído a 420 dólares por tonelada, rápidamente se había recuperado. En abril de 2012 ya cotizaba por encima de los 500 dólares y en agosto de ese año tocaba su máximo, superando los 620 dólares. En tanto, en el resto de Sudamérica también finalizaba la etapa de acelerado crecimiento –desde tasas promedio en torno del 5 por ciento, se cayó a niveles inferiores al 3 por ciento a partir de 2012–.

Volviendo al panorama reciente, había más factores para preocuparse, además de los señalados por Vanoli. El resto de los precios de los recursos naturales también caía con fuerza. El hierro, principal producto de exportación de Brasil, desde su pico de 177 dólares por tonelada de agosto de 2011, se hundió hasta los 80 dólares. El precio del cobre, recurso central de las exportaciones de Chile y Perú, bajó un 32 por ciento desde principios de 2011. Y el precio del petróleo, fuente predominante del ingreso de capitales comerciales en Venezuela, Colombia y de Ecuador, perdió más de la mitad de su valor respecto de los registros del primer semestre de 2011 y llegó a los 55 dólares por barril.

Con un ingreso de divisas reducido por la vía comercial en América del Sur, las monedas de nuestros socios regionales se depreciaron significativamente, lo cual agravó los problemas de competitividad local y la restricción externa. La tendencia ya había cambiado a mediados de 2011 cuando los países de la región, después de haber tenido un acentuado proceso de apreciación cambiaria durante el lustro anterior –sólo interrumpido por la crisis internacional de 2008/2009–, habían iniciado un período de depreciación. El caso más resonante fue el del real brasileño, que acumuló una depreciación del 42 por ciento desde julio de 2011. El resto de las economías sudamericanas siguieron la misma tendencia, aunque no tan marcada. Las monedas de Colombia y Chile, por ejemplo, se depreciaron 25 y 26 por ciento, respectivamente, también desde julio de 2011. Todo ello vinculado al fortalecimiento del dólar en el plano internacional, a pesar de que Estados Unidos alcanzará un modesto crecimiento en 2014 (en torno del 2 por ciento).

En ese escenario, la Cepal, en su “Estudio económico de América latina y el Caribe” de 2014, proyectó un crecimiento de sólo el 2,2 por ciento para este año en Sudamérica, con exportaciones que bajarían 3 por ciento. El menor ritmo de expansión obligó a la región a achicar bruscamente sus importaciones. Mientras que en 2011 habían llegado a crecer al 30 por ciento, en los siguientes años (2012 y 2013) subieron 5 por ciento anual y, en 2014, crecerían apenas 1 por ciento.

Para América latina y el Caribe, la Cepal detalló que “durante los primeros meses (de 2014) se ha observado un bajo dinamismo a causa de un estancamiento de la formación bruta de capital fijo y de una desaceleración del crecimiento del consumo privado”. El organismo de las Naciones Unidas agregó que “en contrapartida se ha acelerado el consumo del gobierno”. Evidentemente, la acción contracíclica del mayor gasto público para evitar una crisis no es sólo una política local, frente a un contexto global que viene siendo cada vez menos favorable.

Otro factor negativo de la coyuntura actual es que China bajó otro escalón en su ritmo de crecimiento y cerraría 2014 con una tasa del 7,3 por ciento. Por su parte, la Unión Europea, con políticas fiscales de austeridad, prolonga su letargo.

En este marco, las versiones sobre la suba de tasas de interés han implicado un factor de riesgo adicional. Sin embargo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de la Unión Europea ratificaron, en reiteradas ocasiones, el mantenimiento de bajas tasas.

Además del complejo panorama externo y del fallo de Griesa, a nivel local, el último trimestre de 2014 se presentaba sombrío por más motivos aún. El talón de Aquiles de la economía (la escasez de dólares) también estaba afectado porque en los últimos meses del año suele registrarse el menor nivel de liquidaciones de exportaciones. A su vez, surgían rumores y operaciones mediáticas que vaticinaban que la cotización del dólar contado con liqui sería la utilizada, de forma generalizada, para pagar las importaciones. Y, a principios de octubre pasado, se sumaba también la renuncia del presidente del Banco Central, Juan Fábrega. Por último, por si todo lo anterior no fuera suficiente, se agregaba el hecho de que, a fin de año, hay más demanda de dólares por turismo.

Así, las cotizaciones paralelas del dólar habían trepado descontroladamente hasta principios de octubre y los operadores mediáticos podían ejercer su oficio de proclamar cataclismos con mucha más liviandad. El arco político opositor descontaba un escenario de crisis de fin de año y diversos economistas pronosticaban una brusca devaluación y un ajuste inminente. Todos esos factores habían impulsado la cotización del “dólar blue” a casi 16 pesos, la brecha cambiaria –superaba el 85 por ciento– y las reservas del Banco Central llegaron a un mínimo de 27.282 millones de dólares.

Entre los conflictos de poder y la confusión mediática, el equipo económico en cabeza de Axel Kicillof y del flamante presidente del BCRA, Vanoli, aplicaron un plan que desactivó la corrida cambiaria.

Frente a la magnitud del problema, el programa económico requirió una serie de medidas de grueso calibre. La acción más esperada fue la activación del acuerdo de intercambio de monedas (swap) con China. Los primeros tres tramos pautados, hasta el momento, incrementaron las reservas en 2314 millones de dólares. La demora que se había producido entre el anuncio y su concreción había dado lugar a que en los espacios de prensa más influyentes circulara la versión de que el de-sacato al fallo de Griesa había trabado la operación.

El plan del Gobierno también contempló un acuerdo con los grandes operadores del complejo agrario exportador para que liquidaran la actual cosecha (4200 millones de dólares) y adelantaran 1500 millones de la próxima. Esa fue la medida de mayor peso en contra de la especulación cambiaria, no sólo por los montos involucrados sino también porque estacionalmente los últimos meses del año no se suelen realizar significativas operaciones de exportación de granos.

Vinculada con el arreglo, se tomó una tercera medida para contener el avance de las cotizaciones paralelas del dólar: las emisiones de bonos que ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial. En un contexto que reunía grandes expectativas de devaluación, un horizonte de mediano plazo con mayor ingreso de capitales y bajo endeudamiento público en dólares, el equipo económico decidió salir a ofrecer en el mercado cada vez más de este tipo de bonos. Entre las diferentes emisiones, una de las primeras fue la que se otorgó a las cerealeras; el título agregaba una tasa de interés anual de 3,65 por ciento.

Esa medida fue básica porque, desde que el mercado cambiario comenzó a regularse intensamente a fines de 2011, los productores agrícolas cuando liquidaban sus exportaciones concurrían a mercados alternativos para hacerse de dólares o títulos en dólares. Su demanda generaba una fuerte presión al alza en las cotizaciones paralelas del dólar.

Otra de las políticas orientadas a frenar la corrida fue la nueva regulación estatal de las carteras de inversión de las compañías de seguros. Esas empresas tuvieron que vender los bonos utilizados en el contado con liqui y, para mantener su cobertura cambiaria, también se les ofreció bonos atados al tipo de cambio.

A su vez, el éxito de la licitación de frecuencias 3G y 4G, que implicó ofertas de inversiones extranjeras directas por 2233 millones de dólares, también contribuyó en la mayor estabilidad.

Las medidas no se acabaron ahí. El BCRA decidió congelar prácticamente la cotización del dólar oficial para aquietar, de ese modo también, las expectativas devaluacionistas y subió la tasa de interés para depósitos a plazo de pequeños y medianos ahorristas. Los plazos fijos a 60 días o más pasaron de 18 o 19 por ciento anual a tener que ser remunerados, como mínimo, al 87 por ciento de lo que el BCRA les paga a los bancos comerciales en su licitación de letras, lo cual implica una tasa actual del 23 al 25 por ciento.

Asimismo, los mayores controles sobre el funcionamiento del sistema financiero para restringir los canales de transmisión entre la franja formal y la ilegal del mercado cambiario fueron efectivos. Las sanciones y suspensiones sobre reconocidos bancos tuvieron un importante impacto real y disuasivo para reducir las operaciones de especulación cambiaria. En el mismo sentido, el ataque a la sobrefacturación de grandes transnacionales, como el caso P&G, fue una señal muy relevante en el mercado para limitar la sobre y subfacturación en operaciones de comercio exterior que terminan reduciendo, de forma fraudulenta, el stock de reservas.

Por último, los operadores en el mercado observaron una moderación del discurso en contra de los fondos buitre, lo cual mejoró su expectativa de que sea menos complicado llegar a un acuerdo, una vez que caiga la cláusula RUFO. En caso de que se resuelva ese conflicto, Argentina podría acceder a un financiamiento mucho más fluido del exterior y también podrían activarse más inversiones extranjeras directas. Esto reduciría más la presión en el mercado cambiario y permitiría liberar en mayor medida la compra de dólares para empresas y particulares.

Nuevamente, los economistas del establishment volvieron a revelar sus intereses en contra del actual proyecto político y económico al omitir las principales causas, derivadas de la gestión pública, que explican la caída de las cotizaciones paralelas del dólar. En su lugar, los pretendidos gurúes esgrimen simples razones como los efectos de los controles y/o de las ventas de dólar ahorro en los mercados ilegales, a pesar de que ambos fenómenos también se producían cuando escalaba el “blue” y que el argumento de los controles, paradójicamente, lo usaban en el sentido opuesto, para justificar la suba.

Si bien el paquete de medidas fue exitoso, las tensiones en el mercado cambiario no se agotarán. En una economía dependiente del ingreso de capitales para ampliar y modernizar su estructura productiva y con pesados vencimientos de deuda para 2015 (alrededor de 13.000 millones de dólares), la restricción externa persistirá y los conflictos distributivos seguirán expresándose en la alta inflación.

Finalmente, lo más importante es que otra vez quedó demostrado uno de los cambios fundamentales de la última década: la recuperación de la autonomía para ejercer políticas públicas. Ellas, aplicadas en favor del interés nacional, son vitales para sortear escenarios difíciles con recursos propios, a pesar de las presiones externas y de los intentos de desestabilización.

* Economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.

@marianokestel