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Domingo, 15 de febrero de 2015

ASENTAMIENTOS, REGULACIóN DEL SUELO Y EL ACCESO A LA VIVIENDA

El reto de urbanizar

Las políticas urbanas se han vuelto un tema prioritario en la agenda política internacional y son un reto prioritario de la agenda social y económica del país. Saldar deudas sociales y reconocer el derecho a la ciudad.

 Por Roxana Mazzola y Cecilia Larivera *

Nadie elige motu proprio vivir en asentamientos sino que hay condicionantes que lo convierten en la única opción. Masificar la urbanización de barrios informales, y regular el suelo, la vivienda y la industria de la construcción son algunos de los retos sociales y económicos vigentes.

ONU Hábitat destaca que en las ciudades el crecimiento de la informalidad está asociado al grado de urbanidad y desigualdad. En las ciudades reside la mitad de la humanidad y América latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo, con el 80 por ciento de su población viviendo en ellas. Si bien en la región se ha logrado disminuir la proporción de habitantes que vive en asentamientos, aún 111 millones de personas los habitan (el 24 por ciento de la población urbana), cantidad que supera la de hace veinte años.

En Argentina, el 94 por ciento de la población se localiza en áreas urbanas y según el Censo Nacional entre 2001 y 2010 se pasó de 17,7 a 12,5 por ciento de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es decir, aún comprende a poco más de 1 de cada 10 hogares con carencias en sus condiciones habitacionales, educativas y empleo. Además, 16,9 por ciento no accede al agua potable y 46,9 por ciento aún no cuenta con red de cloacas, con coberturas heterogéneas según la zona del país. Esto implica que si bien se han venido ejecutando políticas sociales inclusivas, aún persiste un porcentaje considerable de población cuyas condiciones de vida no pueden pasar inadvertidas.

Quien vive en barrios informales tiene una vida sacrificada, ya que el agua es provista por mangueritas, cocina a base de leña o con gas de garrafas, falta iluminación en la vía pública y en los pasillos, los tendidos eléctricos son precarios y están saturados, incrementando la situación de riesgo. El costo para los más pobres es mayor en el acceso a los servicios de infraestructura básica, por ejemplo una garrafa de gas cuesta 70 pesos y dura aproximadamente 30 días según uso (a menos que sea beneficiario del Programa Garrafa para Todos, en el que una garrafa de 15 kilos cuesta 25 pesos), mientras en la ciudad se paga bimestralmente 30 pesos por consumo similar (con subsidio). El alquiler de una casilla cuesta lo mismo que un monoambiente en la ciudad. Los colectivos no ingresan o cambian su recorrido frecuentemente por mal estado de las calles e inundaciones ante los temporales cada vez más frecuentes y en caso de ingresar se llenan en horario escolar y si se contrata un transporte privado o eventualmente se toma remís, los costos ascienden. Raramente llegan la ambulancia y el camión recolector de residuos, aumentando así los basurales a cielo abierto que inciden en las condiciones de salubridad. El camión atmosférico para desagotar pozos ciegos cuesta 700 pesos y la descarga debe hacerse cada 45 días cuando las napas están saturadas. De este modo, la inseguridad en múltiples sentidos se hace presente. Esta foto suele ser una constante en las villas y asentamientos del conurbano bonaerense y en otros grandes centros urbanos de nuestro país.

Ahora bien, ¿por qué nace la informalidad en las ciudades?

Muchas veces acceder al suelo y/o la vivienda por mecanismos de autogestión y autoconstrucción es la única alternativa de subsistencia, dado que:

- La gente busca localizarse en las ciudades cerca de los servicios urbanos (agua, cloacas, luz, salud, educación y transporte).

- En términos productivos, la población trabaja en las ciudades ofreciendo bienes y servicios, y busca optimizar costos de transporte en los traslados.

- No es menor que los trabajadores que residen en los asentamientos y efectúan un valioso aporte al PBI invisibilizado por las condiciones de precariedad contractual no acceden a créditos para compra de terrenos y para construcción de sus viviendas por no contar con garantías y emplearse en “changas” discontinuas y raramente “en blanco”.

- Las tierras donde se localizan los barrios generalmente carecen de aptitud comercial (por ser receptoras de agentes contaminantes, por estar localizadas bajo cota de inundación, o haber sido utilizadas como cavas o tosqueras), o bien han sido tomas organizadas de predios privados en estado ocioso que se han visto generalmente beneficiados por las inversiones del Estado.

- El alquiler y el mercado del suelo están poco desarrollados y reglamentados en términos distributivos. Señala Piketty en su libro El capital en el siglo XXI que hoy se está transitando una economía dominada por el “capitalismo patrimonial”. Esto no es azaroso cuando vemos la valorización selecta del suelo.

El suelo suele ser un capital de acumulación, una inversión segura, con una renta superior si se mide el proceso de producción del mismo, donde el único beneficiario de esa ganancia suele ser el terrateniente. Piketty, en su conferencia de enero último en Argentina, marcaba que la concentración de riqueza crece por la desregulación financiera sumada a las desigualdades en el acceso a información y relaciones sociales inequitativas en función del rendimiento de la inversión. Unos pocos acceden a estas posibilidades y relaciones, y para gran parte no es opción.

Los países han desarrollado diversas respuestas para reducir las profundas deudas sociales, al reconocer el derecho a la ciudad, promover la inclusión y la urbanización de barrios, entendida como su progresiva incorporación al tejido urbano formal.

En Argentina, tomando como base el Programa Favela Barrio de Brasil (luego devenido Morar Carioca), surge el Programa Mejoramiento de Barrios (Promeba) que comprende la extensión de redes de infraestructura básica, ejecución de pavimento y construcción de equipamientos sociocomunitario, y la escrituración de los hogares identificados cuando es factible. El Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos incluyó la construcción de viviendas para reponer hogares irrecuperables. Por otra parte, el Programa Mejor Vivir invierte en el mejoramiento de núcleos húmedos (baño y cocina) para viviendas recuperables.

Muchos de estos programas han sido positivos pero también deben ser revisados y ajustados constantemente. Entre los retos futuros se destacan:

1. Masificar: ampliar el alcance de las políticas de urbanización de barrios dado que su alcance es insuficiente frente a las dimensiones del escenario actual.

2. Regular: si hablamos de masificar no puede pasar inadvertida la jugada de ajedrez que implicará. Hay un grave problema de especulación sobre el suelo, la vivienda y la industria de la construcción. No existe mecanismo de regulación a la valorización de éstos como mercancía. El valor por metro cuadrado puede diferir barrio a barrio, sin mayores condicionantes. En ese sentido, diseñar instrumentos que definan los parámetros de valor y entidades que actúen como entes reguladores son imprescindibles.

3. Pymes y trabajo: para contrarrestar la concentración económica y especulación expresas, por ejemplo en el incremento desmedido del precio de los materiales de construcción, una política masiva de urbanización de asentamientos debiera fortalecer la producción de insumos y ejecución de obras por parte de pymes o empresas estatales que incluyan a los trabajadores de los barrios. De este modo, hay un triple impacto, de distribución de poder, de generación de empleo, y de apropiación comunitaria de quienes habitan los asentamientos, ecuación clave para su sostenibilidad.

4. Crédito popular: se debe avanzar en líneas crediticias para puesta en valor, ampliación y rehabilitación de viviendas abandonadas y edificios obsoletos. La construcción de viviendas nuevas no es la única alternativa para cubrir la demanda.

5. Servicios públicos: la incorporación de áreas segregadas debe atenderse con medidas específicas para el acceso a servicios básicos, movilidad y espacios públicos de calidad.

6. Planificación y repensar indicadores: es fundamental promover la agenda de la planificación local y regional diseñando instrumentos que encaucen la gestión urbana y territorial. Además acompañando esto deberían pensarse indicadores que vayan más allá del NBI y cubran también situaciones de riesgo ambiental para así definir y anticipar situaciones críticas.

Actualmente las políticas urbanas se han vuelto un tema prioritario en la agenda política internacional y es un reto prioritario de la agenda social y económica del país. La vivienda no es sólo un techo para abrigarse, también es un lugar para vivir y reunir a la familia, un espacio donde proyectar sueños. Para muchos, es el patrimonio más importante en términos monetarios y, principalmente, afectivo. La mayor inversión de una vida y, muchas veces es el lugar donde se generan los recursos que sustentan el hogar. La vivienda es, además, la unidad básica que por agregación conforma el barrio, la ciudad. Una parcela es la unidad de medida mínima pero de aspiración máxima por cada ciudadano de nuestro país y una condición básica para acceder a la justicia distributiva.

* Especialistas en Política Social y en Desarrollo Urbano y Territorial, Cedep.

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