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No debería sorprender que, con sus recetas económicas ortodoxas, el Fondo Monetario juegue en contra de la reactivación. Ocurrió cada vez que los gobiernos siguieron al pie de la letra esas recomendaciones surgidas de pulcros escritorios de oficinas en Washington. No bastaron con las últimas amargas experiencias de José Luis Machinea y de Roque Fernández, quienes siguieron las pautas del FMI y vieron desmoronarse la ilusión de una economía en marcha. Pero a diferencia de sus colegas, la firma en la Carta de Intención no hará que los problemas le exploten en las manos a Roberto Lavagna sino a quien lo suceda como inquilino en el Palacio de Hacienda.
El actual ministro de Economía jugó el partido con el Fondo con un planteo distinto al de sus colegas –primero se negó a entregar un bono compulsivo a los ahorristas acorralados y luego no pagó los vencimientos de deuda hasta que no tuvo la certeza del acuerdo–, pero terminó cometiendo el mismo pecado que sus antecesores: avalar ajustes que, otra vez, perjudicarán a la economía.
El principal pecado consistió en aceptar una política monetaria restrictiva, que daría lugar a una suba de las tasas de interés al menos durante la primera parte del año. Según el compromiso firmado, el Gobierno deberá esterilizar parte de la emisión monetaria ya realizada con Letras del Banco Central (Lebac). El objetivo: impedir un eventual brote inflacionario. La consecuencia de este mecanismo está a la vista: ante la mayor emisión de Lebac, aumentarán las tasas de interés. Y en un escenario de suba en el costo del dinero queda muy poco margen para una recuperación de la economía.
Está previsto que el actual stock de Lebac, de 4200 millones de pesos, se eleve al menos en un 50 por ciento en los próximos cinco meses, alcanzando a 6000 millones. Como es previsible que con la licitación de Letras no alcance para absorber todos los pesos que pidió el Fondo, es probable que el BC también se desprenda de divisas para cumplir.
Por los vencimientos de intereses de la deuda con los organismos y por los cortes de cupón de los préstamos garantizados y de los flamantes Boden, y también por los giros a las provincias, el Tesoro tendrá que pagar 6100 millones de pesos en el primer semestre. De este total, se calcula que el Gobierno dispone de la mitad por el superávit primario. Otros 3085 millones tendrá que esterilizar con Lebac, a los que se suman otros 1000 millones de emisión monetaria que el Fondo reclamó que se quiten del mercado. Un escenario que abrirá las puertas a una suba de las tasas.
No caben dudas de que el Fondo Monetario metió la cola, otra vez.