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Las sensaciones transmitidas por el campo parecen no tener punto medio. De la letanía de fines de los ‘90 se pasó, tras la salida de la convertibilidad, a la euforia de las cifras record de producción y exportaciones. Las pocas voces disonantes alertan con sordina sobre los riesgos ecológicos del monocultivo sojero o sobre el imparable proceso de concentración de la producción y de la propiedad de la tierra, fenómenos que entrañan un severo proceso de deterioro social no ajeno al dato de un país donde la mitad de la población es pobre. Las tendencias de largo plazo son reveladoras. Entre 1998 y 2002 desaparecieron del campo argentino 103.000 productores, es decir medianos y pequeños propietarios de tierras que fueron expulsados de los distintos subsistemas regionales. Esta cifra equivale al 25 por ciento del total en apenas quince años. De acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario, en la región pampeana el número de explotaciones cayó el 30,5 por ciento. No resulta extraño, entonces, que el lema del Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra, realizado en Buenos Aires dos meses atrás, haya rezado: “Por una agricultura con agricultores”.
La contracara de estos datos tiene nombre y apellido. El principal terrateniente del país, el italiano Luciano Benetton, posee cerca de un millón de hectáreas. Los cuatro primeros, además de Benetton, Cresud, Bunge & Born, y el grupo Fortabat suman casi 2 millones de hectáreas. En la región pampeana, donde los registros inmobiliarios incluyen a 80.000 propietarios de tierras, los primeros 1250 concentran 9 millones de hectáreas, el 35 por ciento del total.
Puesto que toda crisis devaluatoria conlleva, al menos en un primer momento, la depreciación de los activos internos, muchos campos locales fueron vendidos a precios de ganga en términos del mercado internacional. El valor promedio de la hectárea en el primer semestre de 2002, 2500 dólares, representó un tercio del pagado en Estados Unidos y casi ocho veces menos del costo en Nueva Zelanda. Ante la contundencia de estas cifras, algunos sectores denunciaron el previsible proceso de extranjerización agudizado por la crisis. De hecho, por estos días se debate en el Parlamento una nueva ley destinada a restringir la venta de tierras a extranjeros. Pero con prescindencia del pseudo nacionalismo implícito en estas iniciativas, el problema social del campo argentino está lejos de ser provocado por la nacionalidad de los dueños de la tierra. Quizá otras cifras sinteticen esta idea. Uno de los logros del sindicalismo rural de los últimos años fue presionar para la creación del Renatre, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores finalmente creado en 1999. La contrastación de datos registrales y censales mostró para aquel año que, sobre un total de 1 millón de trabajadores rurales, el 60 por ciento estaba en negro. Antes de la crisis, la informalidad ya alcanzaba el 75 por ciento. Actualmente, en medio de un verdadero boom de riqueza agropecuaria el negreo rural llega al 79 por ciento de 1,3 millón de trabajadores, mientras el salario promedio se encuentra por debajo de los 250 pesos.