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Domingo, 22 de febrero de 2004

DESECONOMíAS

Viva la muerte

 Por Julio Nudler

Santiago Dexeus, director de la cátedra de Investigación en Obstetricia y Ginecología en el Institut Universitari Dexeus, abordaba recientemente lo que se conoce como antiaging, unas técnicas para retrasar el envejecimiento. No descartando que mediante terapias genéticas se logre alargar la vida humana de unos 80 a unos 120 años, considera que la sociedad no está preparada para ello. La población mundial de más de 60 años era el 6,6 por ciento del total en 2000 y saltará a 14 por ciento en 2050, lo que obligará a redistribuir los recursos sanitarios, restando fondos dedicados a otros grupos de edad y otras patologías. Cuanto más longevidad se consiga, peor para la sociedad, y especialmente para la macroeconomía, que incluye la hacienda pública.
Es curioso, pero algo que parece apetecible desde el punto de vista del individuo, como prolongar la vida y posponer la muerte, puede ser valorado como una contrariedad por los economistas. ¿Qué pasaría con los sistemas previsionales? Si la gente siguiese retirándose a los 60 ó 65 años, pero viviese hasta los 120, las cuentas de la seguridad social colapsarían. Si para evitarlo se subiese la edad jubilatoria hasta los 80, 90 ó 100 años, el mercado de trabajo liberaría menos empleos para los jóvenes y los problemas ocupaciones se multiplicarían.
Lo que a los secretarios de Hacienda más les conviene es que los jubilados gocen de una sobrevida breve. Que mueran prontamente después de dejar de trabajar. Por eso tiene su macabra lógica que el PAMI o las obras sociales y las prepagas presten una atención deficiente, demoren estudios y terapias o se nieguen a solventar las técnicas de diagnóstico más avanzadas y los medicamentos más novedosos.
Este no es el único caso en que hacer mal las cosas es más negocio que hacerlas bien. Ocurre algo similar con muchas obras públicas (más pronto se rompan, antes habrá una nueva licitación), con los electrodomésticos o las concesiones del estacionamiento en la vía pública, donde al adjudicatario le conviene estimular las infracciones.

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