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Domingo, 20 de agosto de 2006

E-CASH DE LECTORES

Alquileres y desalojos

El Gobierno anunció que analizó el freno a la suba de los alquileres con los representantes de propietarios, inquilinos y organizaciones inmobiliarias. Pero la idolatría del mercado profesada por la mayoría de sus interlocutores logró que se resolviera no interferir en la libre oferta y demanda. Entonces quedaron como temas prioritarios del debate el déficit habitacional y una política global en materia de viviendas. Equivalente a postergar el remedio para los daños que causa tanto a propietarios como inquilinos la actual distorsión en las contrataciones. Lo que en el corto plazo se agravará con la libertad del mercado. Y vuelven a priorizarse las referencias de países desarrollados y no nuestros problemas urgentes. Así se habló de que el alquiler mensual es del 7-8 por ciento anual del valor venal del bien. O de la vana quimera de que aquí el 25 por ciento del ingreso mensual medio sirve para el alquiler, cuando para pagar los 500 pesos más expensas e impuestos que se piden en plaza sólo por un monoambiente, aquél no debería ser menor a los 2500 pesos.

Además se deja vigente la ley menemista para el primer mundo de los ’90, que permite al propietario lograr el desalojo preventivo del inquilino demandado por falta de pago y/o vencimiento de contrato con sólo afianzar los eventuales daños si el desahucio fuese improcedente. Lo que es agravar innecesariamente la crisis locativa, menospreciando la problemática de los arrendatarios y generando más enfrentamientos. Creo que el Estado debería seguir debatiendo la problemática locacional y buscar consensuar con tiempo soluciones equitativas y sustentables. Evitando irritaciones como la de dicha norma neoliberal y, como paso previo, invertir el beneficio otorgado por ella, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Siendo el inquilino, demandado por desalojo por las causales referidas, quien pueda parar el lanzamiento preventivo hasta que se dicte sentencia definitiva, afianzando o pagando una liquidación judicialmente aprobada. En 2006 no debe haber más abusos de posición dominante impunes en temas tan ligados a los derechos humanos. Saludo atentamente.

Dardo Marchesini
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