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Domingo, 6 de marzo de 2016

OPINION › A 40 AñOS DEL GOLPE

Financistas de la dictadura

La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) fue un factor clave del golpe de Estado de 1976.

 Por Julián Blejmar

Cuarenta veranos atrás, los grandes grupos económicos dieron el tiro de gracia a la convulsionada democracia. Organizados desde meses antes en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), buscaban reeditar la asociación que habían efectuado la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Cámara Argentina de Comercio, y la Bolsa de Comercio en 1958 bajo el paraguas de Aciel (Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres). Este foro había sido en los hechos la representación institucional de lo que Guillermo O’Donnell definió como la “alianza liberal” entre la gran burguesía agraria e industrial, que confrontaba con los pequeños y medianos empresarios nacionales aglutinados en la Confederación General Económica (CGE) en alianza con los trabajadores sindicalizados en la Confederación General del Trabajo (CGT), es decir la “alianza populista”.

El tiempo de poner en escena sus ideas llegó tras la muerte de Juan Perón en 1974, cuando el gobierno de su sucesora, Isabel Perón, se hundía en medio de un clima de violencia e inestabilidad económica y social. Diversas cámaras de la desintegrada UIA, la SRA, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Comercial Argentina, la Federación Económica de Buenos Aires y otras entidades volvieron a organizarse en septiembre de 1975, señalando que constituían Apege como “la agrupación de fuerzas contrarias a la hegemonía que, en cuanto a representatividad, se le asignó a la CGE”, y exhibiendo su posicionamiento político al manifestar que objetaban “seriamente, por ejemplo, el mecanismo de concertación puesto en práctica por el Gobierno a partir de mayo de 1973, a través del denominado Pacto Social, suscripto por autoridades gubernamentales, de la CGT y la CGE”. En su lugar, señalaban como sus “coincidencias básicas” la “estabilidad monetaria, el restablecimiento de la ‘jerarquía y de la moral’, la puesta en práctica de un sistema económico ‘lógico’ y el retorno al orden y la seguridad internos”.

El 28 de enero manifestaron sin tapujos su actitud golpista. En un encuentro con 700 empresarios celebrado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que fue cubierto en primera plana por el diario La Nación bajo el título “Enérgico reclamo del empresariado”, desde Apege dieron incluso tiempos para que el gobierno constitucional se subordinara a sus reclamos. Manifestaron que “si en un plazo que podría ubicarse entre una semana y un mes, el gobierno no satisface los reclamos empresarios modificando sustancialmente la actual política económica, se dispondrá un paro general patronal, la suspensión de pagos de impuestos y de la retención de cargas fiscales, aportes sindicales y otros gravamenes”. Las crónicas de la época señalan que durante el mitin, el designado secretario general de Apege y dirigente de la Cámara de la Construcción Roberto Meoli afirmó que “este nucleamiento ha venido a llenar un prolongado vacío en la expresión empresaria global existente hasta su aparición, tras un largo y penoso período en que la única voz que se escuchaba es la que está comprometida con el esquema colectivista, estatizante y demagógico que padecemos”. Por su parte, Osvaldo Cornide, en aquel momento representante de la Unión Comercial Argentina (UCA) y actual titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), afirmó que “el auténtico empresariado nacional” no había sido parte de las deliberaciones con el Gobierno y la CGT, ya que “estuvo presente en su lugar una camarilla de delincuentes, muchos de los cuales ocupan cargos oficiales”, en directa alusión a los dirigentes de la CGE.

El documento suscrito llevaba como puntos centrales aquellos que se aplicarían al poco tiempo, luego de producido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: una devaluación para reducir los salarios reales, la supresión de las regulaciones a la comercialización, la liberalización de las importaciones, y la disminución del déficit fiscal. Solicitaban “suprimir todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad, y dificultan la comercialización, entre otros las leyes de contrato de trabajo, abastecimiento, control del precios, y horarios de comercio”; “facilitar y simplificar las exportaciones de todos los productos a través de cambios realistas”; y “detener el proceso inflacionario y asegurar la preservación del salario real de los trabajadores a través de una actitud seria y responsable del gobierno en la administración del gasto público”.

Además de reclamar “asegurar concreta y efectivamente el orden y la seguridad tanto para las personas como para los bienes” autorizaban al secretariado directivo para que “sino percibe la atención a los reclamos mínimos efectuados disponga la ejecución en tiempo y forma de un plan de acción”, el cual consistiría en “no seguir actuando como agente de retención de cargas impositivas, aportes sindicales y otros, suspender el pago de impuestos y declarar un paro general empresario”.

El plazo pareció resultarles excesivo, pues solo una semana más tarde potenciaron su ofensiva al anunciar un lock out para el 16 de febrero. Los llamados al golpe fueron aquí más abiertos. La CGE y la CGT denunciaron al paro como una acción golpista, pero en medio del caos social, no tuvieron capacidad de respuesta para organizar a sus bases y contrarrestarlo. El lock out fue el punto cúlmine de las acciones de Apege, pues si bien el 9 de marzo de 1976 amenazaron con llamar a un nuevo paro, la historia ya estaba escrita. Una historia que los tendría como protagonistas en el nuevo diseño de la política económica.

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Imagen: Archivo Página/12
 
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