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Domingo, 29 de mayo de 2016

ESCENARIO › EDUCACIóN SUPERIOR

Futuro incierto

 Por Diego Rubinzal

La educación pública es reivindicada, como herramienta igualadora, por todo el arco político. Sin embargo las políticas públicas no siempre están alineadas con ese discurso. No fue el caso del kirchnerismo. El proyecto político-económico iniciado en 2003 apostó fuerte, con mayores o menores aciertos, a la educación pública. Por ejemplo, la presidencia de Néstor Kirchner se inauguró con la resolución del complejo conflicto docente entrerriano.

La gestión presidencial no fue un mero gesto simbólico sino que estuvo acompañando por un conjunto de medidas implementadas en los siguientes años: asignación presupuestaria mayor al 6 por ciento del PIB, Programa Conectar Igualdad, repatriación de científicos, recomposición del salario real docente, construcción de más de 1800 escuelas, creación de nueve universidades, Plan Fines, Programa Nacional de Becas del Bicentenario, sanción de la Ley de Educación Superior consagratoria de la gratuidad de las carreras de grado.

En el ámbito universitario, la matricula creció de 1,4 millones de estudiantes en 2001 a 1,9 millones en 2014. El aumento fue aún más significativo en cantidad de egresados: de 65.000 graduados en 2001 a 126.000 en 2014. Por otro lado, las nuevas universidades del conurbano bonaerense posibilitaron el acceso a la educación superior de una primera generación de hijos de trabajadores.

El director del Instituto de la Cooperación (Idelcoop), Pablo Imen, sostiene en Derecho a la Universidad que “esta política pública fue parte de un tiempo de avances regionales en materia de ampliación de derechos”. Es tan así que en la Conferencia Regional de Educación Superior de América latina y el Caribe, realizada en Cartagena de Indias en 2008, el documento final establece que “la educación es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”. Este pronunciamiento marca un clima de época contrastante con los principios privatizadores, elitistas y tecnocráticos que el neoliberalismo-conservadurismo ha defendido para su modelo universitario”.

El escenario está sufriendo modificaciones con el gobierno de Mauricio Macri. La conflictiva paritaria con los docentes universitarios es un llamado de atención. La primera oferta realizada por el Ministerio Educación, de 25 por ciento de aumento para todo el año, fue rechazada por todos los gremios del sector. Las contrapropuestas oficiales tampoco convencieron a los sindicatos docentes. La última oferta implica una recomposición del 21,5 por ciento para el 2016, sumando distintos conceptos, y un 10 por ciento adicional a partir de diciembre (a cobrar en enero 2017). Finalmente, Conadu Histórica suscribió el acuerdo.

De todos modos, la inquietud de la comunidad académica no se limita a la cuestión salarial. Los docentes universitarios también están denunciando recortes presupuestarios, atrasos en la remisión de fondos para gastos de funcionamiento y falta de envío de otras partidas (adicionales para maestrías y doctorados con destino al sostenimiento de garantía salarial, fortalecimiento de posgrados, voluntariado, programa de movilidad para docentes y estudiantes). Por su parte, el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, advirtió que “el problema son los pibes que están dejando de cursar por el tema del aumento del boleto y el tema de las becas”.

El impacto presupuestario de los aumentos de las tarifas de servicios públicos, y del alquiler de las sedes edilicias, fue la gota que rebalsó el vaso. Ese delicado panorama motivó una reunión entre Macri y un grupo de rectores. El resultado del encuentro fue el anuncio presidencial de una partida de “más de 500 millones de pesos para acompañar el costo del funcionamiento” de las casas de estudios. La medida disminuye un poco el ahogo económico pero resulta insuficiente porque apenas representa el uno por ciento del presupuesto anual universitario.

En ese contexto, vale mencionar el voto negativo de los diputados del PRO a la gratuidad del grado universitario sancionada en 2003. Las dificultades actuales resignifican esa votación y generan interrogantes acerca del futuro inmediato de la educación superior.

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@diegorubinzal

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