Usted fue uno de los impulsores de la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico para favorecer la competencia por precio, pero las prácticas colusivas de los laboratorios neutralizaron esa estrategia. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?

–La colusión de precios empieza a romperse cuando hay seis oferentes de un mismo producto. Por lo tanto, si la oferta es menor y el medicamento es caro lo que debe hacer el Estado es fijar un precio máximo de venta a partir de una comparación con los valores de otros países como hacen Colombia, Brasil y Europa. Por ejemplo, en Brasil sólo autorizan a los laboratorios a vender genéricos si los ofrecen a un 35 por ciento menos que el laboratorio que tiene la patente, mientras que en Argentina algunos genéricos cuestan más caros que el original.

–¿El Estado tiene capacidad para llevar adelante esa regulación?

–Cualquier estudiante de Economía lo podría hacer. No estoy planteando hacer un análisis de la estructura de costos sino comparar los precios de venta al público en distintos países. Lo que hace falta es voluntad política.

–El acceso a los vademécum de obras sociales y prepagas también opera como un freno a la competencia porque si el medicamento no está en esos listados no alcanza con vender más barato.

–En el país hay un Programa Médico Obligatorio que dice que los prestadores tienen que cubrir el formulario terapéutico nacional, que son más de 500 medicamentos, pero resulta que eligen las marcas. Ese tipo de prácticas se tienen que desterrar. Lo que pasa es que es un mecanismo muy corrupto que mueve millones de dólares y sólo se puede enfrentar con decisión política.

–¿El Estado no puede producir medicamentos para fijar un precio testigo?

–Es una alternativa muy idealista. Yo tuve que enfrentar esos planteos cuando estuve al frente del Programa Remediar porque Ginés González García no quiso incentivar la producción pública. Cuando asumió Graciela Ocaña armó un programa de producción pública de medicamentos y la orden fue que Remediar comprara esos productos. Empezaron comprando un solo producto y luego pasaron a comprar tres porque los laboratorios públicos registrados ante la Anmat eran muy pocos. Además, eran medicamentos de bajísima complejidad como aspirinas. En teoría es correcto hacerlo y de hecho en Brasil funciona, pero aquí los laboratorios públicos terminan produciendo muy pocos medicamentos de baja complejidad y algunos de calidad dudosa. Para revertir eso se requiere una inversión fuerte que no sé si el Estado está en condiciones de afrontar y que seguro no va a tener repercusión inmediata