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Domingo, 18 de julio de 2010

Opiniones sobre el proyecto del 82 por ciento móvil

“Sin sustentabilidad”

Eric Calcagno

Senador nacional del FpV

“La Argentina tiene un régimen político presidencialista, pero la oposición intenta un remedo de régimen parlamentario. Pretenden entonces por lo menos impedir las acciones del Gobierno o, mejor aún, provocar una crisis. Este es el trasfondo del pedido del 82 por ciento móvil para los jubilados. Cuando fueron gobierno clavaron las jubilaciones y después las rebajaron en 13 por ciento. Por el contrario, desde 2003 existieron 12 aumentos de jubilaciones, que ahora son automáticos con la ley de movilidad. Los gastos en seguridad social crecieron del 5,6 por ciento del PBI en 2004 al 10,2 por ciento que se proyecta para 2010. Con la moratoria que incluyó 2,4 millones de nuevos beneficios, la tasa de cobertura nacional pasó de 56,9 por ciento en 2003 al 87,8 por ciento en 2010. La oposición propone una suba del haber mínimo previsional al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil que cuesta 22.400 millones de pesos anuales. Se violaría la ley de responsabilidad fiscal: no se prevé la sustentabilidad, no hay cálculo de costo fiscal ni de fuente de financiamiento. Peor aún, al mismo tiempo proponen un festival de desfinanciaciones: coparticipación del impuesto al cheque (-$ 9800 millones), devolución del 15 por ciento cedido por las provincias al Sistema de Seguridad Social (-$ 20.000 millones), movilidad retroactiva 2002-2007 (-$ 10.200 millones), eliminación de retenciones a las exportaciones. En definitiva, lo que busca la oposición es desfinanciar al Gobierno.”


“Los recursos están”

Fernanda Reyes

Diputada de Coalición Cívica

“Es un acto de justicia para los jubilados, ya que actualmente el 80 por ciento se encuentra bajo la línea de pobreza. Esto es tan terrible como el hecho de que el 40 por ciento de los niños está en la misma situación. Es por eso que estamos dando un debate. La Corte de Justicia ya falló al respecto y lo que proponemos, en base a eso, es aumentar la mínima y llevarla al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Esto significa conducir esa jubilación de los actuales 895 pesos a 1230. El segundo punto es la recomposición de los haberes. Según el fallo Sánchez y Badaro, que estaba fuera de la mínima, la intención es establecer que la movilidad esté atada al mejor resultado entre el índice de salarios y el Ripte. Sólo con la mínima no alcanza. En caso contrario, estaríamos llevando a casi todos los jubilados a ese mínimo de jubilación y, en realidad, lo que debe hacerse es recomponer la situación de todos. Para financiar los 30 mil millones de pesos que demandaría este ajuste prevemos utilizar parte del superávit de la Anses, que son 17 mil millones de pesos; las utilidades del Fondo de Garantía, 8000 millones; y parte de un superávit fiscal, que calculamos en 40 mil millones. Los recursos están. El último punto, ya más de largo plazo, es plantear una discusión profunda sobre la situación del sistema jubilatorio estatal. Con un pilar universal financiado por el Tesoro, con impuestos, y otro de sistema de reparto. Así, todo mayor de 60 o 65 años podrá contar con un ingreso universal, que no esté ligado al trabajo.”

“Irresponsabilidad”

Roberto Feletti

Viceministro de Economia

“En la Argentina hay aproximadamente dos jubilados por cada tres trabajadores activos. El sistema se sostiene asistido por los impuestos nacionales que el Gobierno deriva para el pago de las jubilaciones. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández se tomaron dos medidas clave para mejorar y dar sustentabilidad al Sistema Previsional. La primera fue la incorporación de 2,4 millones de personas mayores de 65 años que estaban fuera del sistema jubilatorio, elevando la cobertura de 57 por ciento a más de 90 por ciento y convirtiendo a la Argentina en el país de mejor índice de protección jubilatoria de América latina. Esto explica por qué un gran porcentaje de los actuales beneficiarios cobra la mínima. La segunda medida fue la estatización de las AFJP, convirtiendo a la Anses en la responsable de administrar los fondos previsionales, transformándolos en una potente herramienta para estimular el desarrollo. Su Fondo de Garantía de Sustentabilidad en lugar de invertir en bonos de déficit fiscal como hacían las AFJP, se utiliza para proyectos de infraestructura y producción, favoreciendo la generación de empleo y el nivel de actividad económica y por lo tanto aumentando la masa de dinero que se destina al pago de jubilaciones. Hablar del 82 por ciento móvil sin especificar el origen de los recursos o prometer un porcentaje cuyo cumplimiento dependa de una muy buena recaudación fiscal que puede sufrir oscilaciones en el futuro teniendo en cuenta la profunda crisis mundial, tiene una cuota de irresponsabilidad significativa.”

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