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Viernes, 25 de abril de 2008

TELEVISION › LA LEY DEL INTERPRETE RECONOCE LOS DERECHOS DE LOS ACTORES

Una ley que esperó 73 años

Fue reglamentada por la Presidenta: a partir de ahora, la Sociedad Argentina de Gestión de los Actores e Intérpretes se encargará de recaudar y repartir el dinero por repeticiones de programas y películas en TV, hoteles y transportes.

 Por Emanuel Respighi

Cristina Kirchner recibió a un grupo de actores luego de la reglamentación de la ley.

Tras más de 73 años de demora, finalmente los actores y bailarines argentinos lograron que la tan ansiada Ley del Intérprete sea reglamentada en su totalidad por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con esta normativa, que fue publicada el miércoles en el Boletín Oficial, los actores y bailarines pasarán a percibir de aquí en más un pago por la emisión y repetición de cada programa o película en la que hayan participado, ya sea por medio de la TV abierta, TV por cable, TV satelital, en empresas de transporte aéreo y terrestre y en hoteles. La reglamentación del artículo 56 de la Ley 11.723 de propiedad intelectual termina por reconocer los derechos de imagen de los actores, que hasta el momento no percibían pago alguno de parte de productores y/o programadores por la repetición de programas o películas en los que trabajaron, pese a que las empresas que los contrataban sí recibían dinero por la reposición de las obras en cualesquiera de las bocas de comunicación pública enumeradas.

Tal como se había comprometido el gobierno de Néstor Kirchner en noviembre de 2006, finalmente el demorado capítulo referente a los derechos de los actores e intérpretes de la Ley 11.723 fue implementado, luego de que la Sociedad Argentina de Gestión de los Actores e Intérpretes (Sagai) fuera reconocida por la Inspección General de Justicia como sociedad civil. La conformación legal de la Sagai era un requisito necesario para otorgarle plena vigencia a la Ley Noble –conocida de esa forma por haber sido el diputado Roberto Noble quien la impulsó, hace más de siete décadas–, debido a que la incipiente sociedad será la encargada de recaudar el dinero obtenido por los derechos intelectuales de actores e intérpretes. Ahora, las repeticiones de programas o películas dejarán de tener esa figura para pasar a ostentar la de “difusión”.

A tono con las normativas existentes en Estados Unidos, España, Brasil, México, Francia, Italia y Gran Bretaña, entre otros países, la flamante reglamentación establece que los canales de TV abierta pagarán el dos por ciento de los ingresos de explotación que mensualmente obtengan. La ley entiende por ingresos de explotación “la totalidad de lo obtenido por el operador de televisión, incluidos los procedentes por publicidad en todas sus formas, tales como la PNT, canje, patrocinio y sponsorización”. Vale aclarar que dentro de la ley implementada se excluye el dinero que los emisores reciban por derechos financieros o venta de los productos a otros países, ya que allí tienen jurisdicción las leyes locales.

Para el caso de las empresas de TV por cable o satélite, deberán pagar el 2 por ciento mensual de lo obtenido por transmisión o retransmisión de los programas. Los ingresos por explotación comprenden los que las empresas reciben de abonados e ingresos publicitarios. También se establece el pago de un dos por ciento para las salas de exhibición cinematográfica, y otra tarifa para empresas de transporte de pasajeros: las compañías de transporte terrestres, aéreas, ferroviarias y marítimas que emitan una película o programa deberán abonar la cantidad mensual equivalente al 0,10 por ciento del valor de cada pasaje. Por su parte, los hoteles, pensiones, hostales y albergues deberán abonar un importe igual al precio promedio de tres habitaciones mensuales.

La Sagai, la entidad recaudadora del arancel que ahora cobrarán los intérpretes por las repeticiones, se encuentra en estos momentos terminando de confeccionar la manera en que se repartirá el dinero ingresado a la sociedad. Fuentes cercanas a la comisión directiva le señalaron a Página/12 que no será cuestión de porcentajes sino de categorías, que se definirán en breve en función de una ecuación en la que se tomarán en cuenta tres variables: la categoría del actor, el costo del programa o película y el rating o la recaudación en boletería de la obra. Del resultado de ese cruzamiento se fijará el monto correspondiente para cada intérprete.

Tras el encuentro con la Presidenta, del que participaron los actores Pablo Echarri, Jorge Marrale, China Zorrilla, Guillermo Francella, Julieta Díaz, Nancy Dupláa, Norberto Gonzalo, Joaquín Furriel y Juan Leyrado, entre otros, el titular de la Sagai, el reconocido actor Pepe Soriano, no ocultó su alegría. “Después de 73 años de pelear duramente y de que nos hayan dicho no mil veces, lo logramos cuando el ex presidente Néstor Kirchner firmó el decreto y ahora con la Presidenta tenemos la ley concretada”, detalló. Aunque la aprobación del artículo 56 afecta directamente e indirectamente las ganancias de productores, programadores y empresas de transporte, ya que la nueva reglamentación apunta a redistribuir el ingreso a los intérpretes, Soriano aclaró que la ley “no es contra nadie, somos trabajadores y reclamamos nuestros derechos como lo tienen los trabajadores de muchos países como México, Perú, Chile, España”. En la misma línea, Marrale, uno de los actores más involucrados en el reclamo, puntualizó que el logro de los intérpretes no debe ser generar un distanciamiento del gremio con los empresarios. “No venimos a pelear, venimos a consensuar, a intercambiar: desde hace tiempo hablamos con los usuarios de nuestra imagen y sabemos que vamos a llegar a un acuerdo”, explicó. A su vez, el actual protagonista de Vidas robadas, la tira diaria que emite Telefe, anunció que la Sagai va a crear una fundación para dar servicios y prestaciones sociales a los actores, porque por las actuales y endebles condiciones de contratación “a veces estamos arriba, abajo o en el medio, pero también a veces quedamos boyando”.

La discusión por las PNT

El decreto que reglamenta el artículo 56 de la ley detalla que por ingresos de explotación se entiende “la totalidad de lo obtenido por el operador de televisión incluidos los procedentes por publicidad en todas sus formas, tales como la PNT, canje, patrocinio y sponsorización”. De esta manera, por primera vez desde el Estado se reconoce como legal la Publicidad No Tradicional (PNT), que fue una de las trabas que dilataron la resolución del conflicto que el año pasado enfrentó a los actores y los productores televisivos. El status legal de la PNT, entonces, seguramente allanará el camino de discusión que por un año establecieron los productores y los actores de TV para categorizar y tarifar la publicidad que se emite dentro de los programas de ficción.

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