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En diferentes ciudades y pueblos de México se están desarrollando actividades en defensa del maíz nativo y de las técnicas tradicionales de cultivo, como parte de un movimiento de resistencia contra la aprobación del cultivo comercial del maíz transgénico, el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas y el avasallamiento de la soberanía alimentaria.

Mesoamérica es la cuna del maíz, que fue obtenido en todas sus variedades como resultado de un largo proceso de domesticación practicado ininterrumpidamente desde hace 8000 años mediante las prácticas agrícolas de 330 generaciones de agricultores de los pueblos originarios de la región. El maíz es el tercero entre los 4 más importantes cereales que sostienen la alimentación de la humanidad y en Mesoamérica ha sido y aún es la base de la alimentación de la población y raíz de una cultura que lo tiene como principal sustento y centro de su identidad. Diversos estudios genéticos poblacionales, biogeográficos y arqueológicos muestran el valor estratégico del territorio mesoamericano como fuente de variabilidad de este cultivo, ya que allí aún están presentes las variedades silvestres de Teocintle –ancestro del maíz– y más de 60 variedades actuales de maíz que fueron largamente domesticadas para adaptarlas a diferentes climas, suelos y requerimientos de las tradiciones culturales, que incluyen comidas regionales, fiestas y ceremonias.

Como el maíz es una planta de fertilización abierta, el cultivo de maíces transgénicos en su centro de origen involucraría inevitablemente la contaminación genética de las variedades locales, ocasionando un daño irreversible que puede conducir a la destrucción de variedades que son resultado de miles de años de mejoramiento. Y estos daños ya no constituyen una especulación en torno de un riesgo potencial, sino que actualmente ya pueden apreciarse en milpas –cultivos de maíz nativo– que han sido intencionalmente contaminadas con maíces transgénicos, en las que los campesinos han detectado una buena proporción de plantas con serias malformaciones, por ejemplo, la inhibición del desarrollo de la mazorca. Estudios de biología molecular iniciados por el trabajo pionero de Ignacio Chapela en 2001 y más recientemente por el estudio realizado por Elena Alvarez Buylla, han revelado reiteradamente que en todo México existe contaminación genética de los maíces criollos con variedades transgénicas. Esta contaminación producida por prácticas ilegales es aún acotada y, sin duda, el daño sería infinitamente más grave si se aprobara legalmente el cultivo comercial de maíz transgénico.

En la voz de los campesinos, ésta es una forma de “guerra biológica” llevada a cabo en México por las grandes corporaciones semilleras como Monsanto, con la complicidad de funcionarios y organismos públicos. Juntamente con el problema de la contaminación genética aparece el despojo de los territorios de las comunidades indígenas que cultivan las variedades locales con la intención de liberar territorios agrícolas comunitarios y reemplazarlos por cultivos industriales de maíz transgénico, con la consecuente pérdida de diversidad y avasallamiento de los derechos de los colectivos humanos. El peligro no sólo está latente en el cultivo de maíz transgénico, sino también en la introducción del cultivo extensivo de soja transgénica. En Yucatán, por ejemplo, ya se explotan 14.000 ha con este cultivo y se ha aprobado la siembra de 260.000 ha, situación que atenta igualmente contra la soberanía alimentaria y la preservación de la agrobiodiversidad.

En virtud de estas amenazas, las comunidades indígenas y campesinas, junto con organizaciones ambientalistas como Grain, la Red Nacional en Defensa del Maíz y el grupo ETC, entre otros, juntamente con científicos muy reputados que conforman la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), están resistiendo desde hace tiempo para rechazar de plano la introducción de maíz transgénico en México. Estas organizaciones y numerosos movimientos sociales han realizado una serie de audiencias en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organismo internacional no gubernamental de gran prestigio, continuador del Tribunal Russell, cuyo objetivo es hacer visible las violaciones masivas a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional, continental o internacional. Estas audiencias asumen un marco general de análisis de la problemática que comprende tres ejes: “Devastación ambiental, soberanía alimentaria y represión contra los movimientos sociales”. Cada uno de estos tres ejes ha dado lugar a una audiencia y, a su vez, cada una de ellas se sustenta en varias preaudiencias que se han realizado previamente en diversas ciudades de México. Todas estas instancias se basan en la presentación de casos, que son expuestos por las comunidades locales agredidas, perjudicadas, despojadas y en peligro de ser exterminadas, que se están defendiendo con estrategias de resistencia para preservar la producción de alimentos conforme a sus saberes y tradiciones. Durante el desarrollo de las preaudiencias y audiencias los casos son expuestos ante tribunales internacionales compuestos por juristas, ambientalistas, científicos, representantes de comunidades originarias, dirigentes campesinos e intelectuales reconocidos por su contribución y compromiso con las resistencias de los pueblos frente a este modelo económico mercantil, devastador e inhumano. En general, las audiencias duran varios días, donde los casos expuestos son considerados y articulados en sus aspectos comunes por el jurado, que finalmente se expide, emitiendo un dictamen. Estos dictámenes son documentos muy ricos, que integran muchas miradas y permiten apreciar y dimensionar la complejidad e importancia de estos temas.

Una de las preaudiencias se desarrolló en Maní, un pequeño pueblo de Yucatán, en el ámbito de una escuela de agroecología emplazada en la selva, cuyo propósito es recuperar, fortalecer y multiplicar los conocimientos agrícolas, alimentarios, arquitectónicos del pueblo maya que habita la región y constituye buena parte de la población (alrededor de un 40 por ciento de los 3 millones de habitantes de Yucatán habla la lengua maya). Los temas de esta preaudiencia, organizada localmente por la agrupación indígena TAAN U XU’ULSAJ K-KUXTAL (“Están acabando con nuestra vida”), fueron las políticas de despojo y exterminio del pueblo maya. Durante su desarrollo se expusieron diez casos ocurridos en comunidades, todos muy significativos, algunos muy penosos, otros fuertemente esperanzadores. Varios expositores presentaron sus casos en su lengua y sus testimonios fueron traducidos por compañeros bilingües. La diversidad de problemáticas presentadas abarca desde el arrebatamiento del territorio hasta la contaminación de las mieles con polen de soja transgénica y todas ellas reflejan el dolor de las comunidades indígenas por la presión y la violencia que ejercen las corporaciones y las políticas públicas para imponer la privatización y el despojo del territorio, arrasando con los modos de producción tradicionales. Alvaro Mena, representante del pueblo maya, denunció que este modelo económico, promovido por el gobierno y las grandes empresas semilleras conduce a un genocidio en Yucatán, ya que “acabar con el maíz es acabar con el pueblo maya”. Fue un rasgo muy significativo la calidez y fraternidad de la convivencia durante el encuentro, el intercambio fuera de sesiones, la constante presencia de la dimensión afectiva y espiritual además de la claridad política que atraviesan y motorizan esta causa.

Otra de las preaudiencias, que se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se centró en los aspectos científicos involucrados en este tema. Se presentaron varios casos por parte de investigadores críticos que desarrollaron estudios sobre la contaminación del maíz nativo –entre ellos el propio Ignacio Chapela– y diversas investigaciones orientadas al mejoramiento de las técnicas tradicionales y a la creación de opciones agroecológicas que se articulen con ellas, con el objetivo de conservar la diversidad local de maíz y garantizar el autoabastecimiento (actualmente México debe importar 1/3 de las 33 toneladas de maíz que consume como alimento). En varias exposiciones, particularmente en la del suscripto, Andrés Carrasco, además del tema específico se enfatizó la problemática de la mercantilización y la corrupción de la tecnociencia y su papel como promotora y legitimadora de paquetes tecnológicos. Además se señaló la falacia epistémica existente en la supuesta rigurosidad científica de la tecnología transgénica. Varias de las investigaciones presentadas fueron ilustrativas de la existencia de modos alternativos de hacer ciencia, en estrecha vinculación con las necesidades de las comunidades. Quedó claro que debido a las múltiples dimensiones involucradas en este problema, la contribución que puede hacer una ciencia crítica en diálogo con otros saberes es sólo una de las miradas que deben tenerse en cuenta. En relación con ello, uno de los miembros del jurado, Luis Macas, representante de la comunidad quechua de Ecuador junto con Andrés Carrasco que presentó el caso de efectos de los agrotóxicos y riesgos e incertidumbres de la tecnología transgénica, enfatizaron la necesidad de “no dejarle la última palabra a la ciencia”.

Estas dos preaudiencias, juntamente con las realizadas en otras regiones de México, confluyeron en la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía”, que se desarrolló en el local del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (Stuman) entre el 19 y el 21 de noviembre. En ella participaron unas 300 personas que son miembros de comunidades originarias, ONG y organizaciones sociales y un tribunal formado por 8 miembros de Francia, México, Ecuador, Argentina, Chile y Canadá.

Como una peste, como una maldición, apenados campesinos y campesinas indígenas, en ocasiones quebrados por la emoción y por la rabia, relataron cómo sus milpas, que consideran la herencia sagrada de sus abuelos que ellos deben custodiar, han sido contaminadas con maíces transgénicos por prácticas ilícitas de las que son responsables el gobierno y las empresas. Claudio Ramírez Pascual, campesino zapoteco de Oaxaca, expone en un pausado, solemne y dificultoso español que no es su lengua materna:

“Me siento triste por ver mi maíz contaminado al igual que el de los compañeros de mi comunidad. El maíz es nuestra vida, nuestra sangre. Por el maíz vivimos y es la base principal de nuestro hogar. Además de comerlo se lo damos de comer a nuestros animalitos, con los que también nos alimentamos. Por eso vengo a pedirle al gobierno que no permita la siembra de maíz transgénico, porque es nuestra muerte como hombres y mujeres del maíz. Lo exijo esto porque quiero que mis hijos y nietos y las demás generaciones tengan vida y salud”.

El escenario perfila el avance de una política devastadora que podría no tener retorno, pero también expresa la profundidad y la potencialidad de los movimientos comunitarios que comprenden muy bien lo que se está jugando y están firmes en la defensa de su sustento y su identidad. Los diversos testimonios de las comunidades, las evidencias científicas y la experiencia acumulada hasta el presente confirman que, sin duda alguna, la preservación del tesoro que representa el reservorio genético, el patrimonio cultural y el territorio de los pueblos indígenas de Mesoamérica es un desafío para toda la humanidad.

* Investigadores del Conicet.