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Desde febrero de 2002, la jueza Ana María Pérez Catón (titular del Juzgado Civil Nº 81 de la Ciudad de Buenos Aires) tiene a su cargo la investigación por la denuncia de abuso sexual agravado de una niña, que una mujer realizó contra el padre de su hija. En estos dos años, la jueza no conoció a la pequeña (que ahora tiene 6 años), tal como impone la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a pesar de haber dictado medidas que la involucran. De hecho, Pérez Catón suspendió la terapia psicológica de la niña por expreso pedido del padre, es decir, del denunciado por abusador. Aun así, el 23 de marzo Pérez Catón citó a la madre de la niña en su despacho y “procuró hacerle suscribir un acta por la cual consentía perder la tenencia de su hija”, declaró Juan Pablo Gallego, el abogado que representa a la madre y es, además, asesor del Comité Argentino de Aplicación y Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. La negativa de la madre a renunciar a la tenencia fue una decisión avalada, también, por la defensora de menores Carolina Paladini, por lo cual la jueza ratificó la medida mediante una nueva resolución e indicó que se ejecutara. Recusada ante la Cámara Civil por Gallego, la jueza admitió haber ordenado la suspensión de la terapia de la niña por pedido de su padre, al tiempo que no negó interés particular en la demanda que debe instruir, un “interés–declaró Gallego– acreditado por su accionar, dirigido a quebrar el vínculo de la niña con su madre, único sostén material y moral, como por haber suspendido cruelmente su terapia psicológica”.